Me parece que en el mundo hay dos o tres países que han puesto en práctica o mantienen algún método de nombrar a los jueces por la vía electoral. Confieso que no tengo la certeza de este procedimiento y si su resultado es una mejor impartición de justicia.

Lo que tengo muy claro es que la justicia en México está muy lejos de serlo. Esto es algo en lo que una enorme mayoría de los mexicanos está de acuerdo.

La justicia en nuestro país en términos generales, responde a los intereses del dinero o del poderoso.

Esto no es descubrir el hilo negro, es una obviedad del tamaño del mundo.

No se requiere una encuesta para llegar a esta conclusión. La evidencia la tiene la gente. Prácticamente a cualquier persona a la que usted le pregunte la responderá esto. Por una razón, o por muuuchas razones: todo mundo tiene, ha sufrido o conoce, un caso o testimonio cercano de que esto es así.

Aborde el tema con cualquiera y brotará un anecdotario inmenso propio para llenar más tomos que la Enciclopedia Británica.

Trátese de los casos más comunes y domésticos o de los asuntos de elevada importancia. Todos tenemos referencias de raterillos que han cometido decenas de robos a las tiendas Oxxo -por citar un ejemplo cotidiano- y que al poco tiempo están en la calle y siguen con su delincuencial vida.

Todos sabemos que pararse en una agencia del Ministerio Público, en un Juzgado o una delegación de Tránsito, y casi para cualquier trámite, el camino subterráneo es el dinero. Sin ese combustible, las cosas no funcionan ni se mueven. Y en ese proceso, lo sabemos también, hay dos protagonistas con igual responsabilidad: el que tiene poder y pide, o el que solicita y ofrece.

Como dijera Sor Juana: “el que peca por la paga o el que paga por pecar…”

La corrupción por hacer que la justicia funcione, o se aplace, o se congele según sea el caso, es un lubricante que circula con fluidez en todos los engranes donde un funcionario tiene el poder discrecional de la justicia.

La práctica extendida y común de estas formas de proceder ha hecho que la justicia sea patrimonio de una cadena muy poderosa de funcionarios. Desde la cúspide de la Suprema Corte hasta el sitio más modesto de impartición de justicia, hay diques donde todo se detiene.

Todo se administra con el poder del dinero. Para hacer justicia o para detenerla, para frenarla o torcerla al gusto del que paga.

Fruto de este sistema patrimonialista de ejercer la justicia, no hay jueces pobres.

No se exagera al decir que esto es así, es decir, no se miente. Sencillamente se describe una realidad. Una realidad que descansa, se sostiene y se defiende, por una red sumamente poderosa, intocable al paso de los años, y terriblemente reacia a que esto cambie.

Más que un sistema, es un modo de vida de miles o de millones de personas en el país.

En medio de todo esto se encuentra la idea presidencial de elegir a los integrantes del Poder Judicial.

El caldo de cultivo, la realidad que todo mundo conoce es que la justicia en México está por los suelos. Esto le da sentido y lógica a que un universo así cambie, se reforme.

Los poderosos intereses que sostienen esa férrea telaraña de corrupción que se mantiene incólume al paso de los años, de los sexenios, reaccionan negativamente.

Mueven a los medios rabiosamente. Pero chocan con una realidad que está ahí, enfrente, objetiva y tangible. Sólo que buena parte de la sociedad mexicana ve y acepta esto como algo inamovible. Casi normal.

Este es el escenario en que aparece una novedosa idea de reforma, radical y profunda.

¿Cómo se llevaría a cabo? Esa es una pregunta que requiere una explicación con muchas respuestas.

Este escenario que se expone hace lógico un propósito de cambio, de reforma.

Si un nuevo gobierno ha resuelto tocar intereses, reformar y transformar los poderes ejecutivo y legislativo, ¿por qué no el judicial?

¿Está designado para ser eterno? ¿Es la perfección y por tanto tiene un manto divino que lo hace intocable? ¿Es un modelo ejemplar con ribetes celestiales?

Todos sabemos que la respuesta es negativa. Es obra humana y por tanto imperfecta y perfectible.

Es uno de los pendientes más oscuros, absurdos y negativos de la vida del país.

Es un cáncer que irradia ríos de daños, corrupción y frenos para una sociedad sana y una nación en desarrollo.

El gobierno requerirá una intensa, inteligente y profunda tarea de sensibilización, explicación y convencimiento respecto del alcance de sus intenciones.

La forma y el fondo de una reforma de tal envergadura, requerirá de una fundamentación profunda, clara, llana y convincente para que la gente la entienda.

Lanzar la iniciativa sin el ropaje comunicacional respectivo no conducirá a buen puerto.

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