Por Fabián Jiménez N.
La transición del derecho electoral al ámbito penal no suele ser un camino libre de sobresaltos, pero en Puebla la Fiscal General del Estado, Idamis Pastor Betancourt, defiende su gestión de dos años sobre el argumento de la descentralización y el contacto directo con la población, en entrevista exclusiva para El Independiente TV, que realizó Armando Hernández el pasado 25 de octubre.
Con un mandato total fijado en siete años, la funcionaria busca revertir una inercia institucional donde las carpetas de investigación acumulaban rezagos desde 2013 y las agencias municipales permanecían cerradas o inactivas.
El primer ajuste operativo contra la inercia burocrática consistió en prohibir que los Ministerios Públicos rechacen a los denunciantes por un criterio de adscripción, obligando a recibir cualquier delito en las unidades administrativas, con excepción de secuestro, extorsión y violencia de género por requerir protocolos especializados.
La escala de trabajo resulta exigente: la institución recibe diariamente entre 250 y 300 nuevas carpetas de investigación, en una entidad compuesta por 217 municipios donde diversas comunidades distan hasta cinco horas de la capital y dependen de unidades móviles ante la ausencia de agencias físicas.
En el frente de atención a las mujeres, la estrategia central se articuló mediante las Casas Carmen Serdán, atendidas por personal femenino para evitar la revictimización y provistas de refugio por hasta seis meses.
Los registros oficiales señalan 46,140 mujeres atendidas, 10,528 carpetas de investigación iniciadas y 10,166 medidas de protección otorgadas, además de esquemas de empoderamiento coordinados con el DIF, el Poder Judicial y Coparmex. Sin embargo, la intervención enfrenta la resistencia cultural en zonas donde la violencia familiar permanece normalizada bajo la etiqueta de usos y costumbres.
Paralelamente, la agenda de búsqueda e identificación humana —materia en la cual la fiscal cuenta con estudios de posdoctorado— dio paso a un modelo desarrollado con tecnología interna y sin requerir presupuesto extraordinario. Mediante un convenio con UMPRA de Naciones Unidas para escáneres necrodactilares y el cruce de información con el INE, junto a un micrositio público de señas particulares, se reporta la restitución de casi 200 personas fallecidas a sus familias (108 de origen poblano).
Este esfuerzo se complementa con un incremento del 232% en cursos de formación profesional entre 2024 y 2025, así como operativos coordinados con el gobierno federal, la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina.
Finalmente, la reestructuración de un aparato de procuración de justicia no se agota en la apertura de ventanillas ni en la presentación de protocolos innovadores ante la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. Con cinco años restantes en su periodo constitucional, el legado de la primera mujer al frente de la Fiscalía de Puebla se definirá en su capacidad para transformar las métricas de atención en una reducción sostenida de la impunidad y en una confianza ciudadana verificable en los hechos.