Gabriel Sánchez Andraca
Ni va a desaparecer el INE, ni el gobierno va a calificar las elecciones, ni se van a dejar de expedir las credenciales para votar, como han venido afirmando los opositores a la cuarta transformación que organizaron la manifestación del pasado 6 de febrero.
Lo que sí va a pasar, es que con las reformas propuestas por el Presidente López Obrador, en su proyecto aprobado por el Congreso, es que los funcionarios que integrarán el Instituto Nacional Electoral, serán electos por el pueblo y no por los partidos; ganarán bien, pero no exageradamente bien y se reducirá el presupuesto del organismo electoral, que ahora consume 25 mil millones de pesos del erario anualmente, haya o no haya elecciones.
Por poner un ejemplo, acudieron a votar en las elecciones del 2018, más de 30 millones que lo hicieron por Morena, los partidos PRI, PAN y PRD, ni en sus mejores épocas tuvieron una votación similar. Suponiendo que en esa ocasión hayan obtenido los tres en conjunto diez millones de votos, es decir, que la votación general haya sido de más de 40 millones de votos y el presupuesto del organismo que organiza las elecciones, hubiera decidido combatir la pobreza repartiendo los 25 millones entre los 40 millones de votantes o más, a cada uno le tocaría una cantidad millonaria, que les permitiría codearse con los consejeros y funcionarios del INE, es decir, sería un importante paso para acabar con la desigualdad que ha caracterizado no solo a México, sino a todos los países latinoamericanos desde que fuimos colonias de España.
Durante mucho tiempo las elecciones las manejaba el gobierno a través de la Secretaría de Gobernación y siempre ganaba el PRI que llegó a tener en su poder a todos los estados de la república, a todos los ayuntamientos del país y aun a las juntas auxiliares.
Cuando Salinas de Gortari, el presidente que implantó el neoliberalismo en México, abdicando, secretamente, de la política social de la Revolución Mexicana, hizo un convenio con los Estados Unidos para firmar el Tratado de Libre Comercio, el de ser una república a imagen y semejanza de la Unión Americana, con dos partidos que se alternaran en el poder, como allá lo hacen el Republicano y el Demócrata. Aquí sería el PRI y el PAN y entonces ambos partidos organizarían las elecciones para repartirse el pastel.
COMO LA IZQUIERDA DOMINABA LOS CENTROS de educación superior en México, le dieron entrada con la condición de que sería una fuerza política bien controlada, algo que no sucedió, pues los izquierdistas estaban mejor capacitados políticamente que los priistas y los panistas y se les salieron de control.
Así las cosas, la izquierda fue creciendo y se les salió de control y llegó al poder.
A los gobiernos surgidos del PRI y del PAN, les quedó como último recurso el Instituto Nacional Electoral, INE, para dar un golpe de estado civil. Los golpes de estado militares, como antes, ya no se estilaban y hasta pudo disolverse el Estado Mayor Presidencial, que era el órgano encargado de defender al Presidente en caso de una rebelión militar, pues era un agrupamiento de 20 mil soldados de élite, con una capacidad de fuego superior a la del Ejército Nacional y con entrenamiento especial para actuar rápidamente en caso necesario.
La modernidad exigía otros sistemas y para eso se creó el INE. Un selecto grupo de especialistas escogidos por las cúpulas gubernamental y partidistas, para defender a los políticos encumbrados y a los partidos, con un elevadísimo presupuesto que manejarían libremente basándose en que eran un organismo autónomo, es decir, no tenían que darle cuentas a nadie, ni de sus actos, ni de sus gastos.
ESO FUE LO QUE OCASIONO LA GUERRA ENTRE el gobierno federal y el organismo electoral que todavía se está debatiendo.
Así como el Estado Mayor Presidencial puso fin a los cuartelazos, así también los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, pueden poner fin a las prebendas y abusos de poder de las autoridades federales y dar un paso más, para la democratización verdadera de este país.