Victor de Regil
Desde el año 2014, cuando el servicio de agua potable en la capital de Puebla y su zona conurbada se privatizó, durante el sexenio del panista Rafael Moreno Valle (2011-2017), hay un creciente malestar por las deficiencias y abusos de la empresa Concesiones Integrales, encargada del suministro.
El malestar, en estos 10 años, no ha sido solo de los consumidores domésticos, sino también de la industria restaurantera, hotelera, hospitalaria, universitaria y, en pocas palabras, de toda la actividad económica de Puebla por el pésimo servicio, las altas tarifas y la escasez de agua en amplias regiones de Puebla.
Y es que, de acuerdo con una investigación del Instituto de Ciencias de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), dicha compañía cobró a los usuarios más de 308 millones de pesos por distribuir el líquido; no obstante, sus clientes debieron erogar 374 millones de pesos para pagar pipas que llevaran agua a sus casas y negocios.
Como sabemos, actualmente, Concesiones Integrales cobra una cuota mensual fija por toma de uso doméstico, según la zona donde se ubique, que varía de 151.87 a mil 368.62 pesos. También aplica una tarifa fija por uso comercial, que va de 150.94 a 3 mil 487 pesos. De usar medidor, el cobro es de 4.57 pesos por cada 15 metros cúbicos consumidos.
Se tiene ya registrado que los poblanos gastan 12 veces más en pipas y agua embotellada que lo que pagan en tarifas a Concesiones Integrales, lo que refleja deficiencias en el servicio que la firma ofrece.
Y es que los más de 500 mil usuarios de agua potable en la ciudad de Puebla y la región metropolitana al año suelen destinar una cantidad cercana a los 3 mil 697.63 millones de pesos a comprar agua embotellada y en pipas, además de tener que pagar 308.27 millones de pesos a Concesiones Integrales.
Recordemos que, la Colectiva por el Bienestar Social encabezó una demanda contra la concesionaria, que desde 2014 cobra por saneamiento de aguas residuales, a pesar de que sus plantas tratadoras están prácticamente paralizadas, lo que ha incrementado la contaminación en ríos. Por eso la agrupación exige que se devuelva el dinero a los usuarios y se revierta la privatización del servicio.
La organización argumenta que Concesiones Integrales no ha hecho las inversiones anuales en infraestructura hidráulica, a lo cual se comprometió, y unas 265 mil personas se quedan sin servicio en la capital poblana cada año.
Se ha intentado en muchas ocasiones y en varios momentos pero se sabe que es casi imposible desprivatizar el servicio, porque implicaría el pago de una penalización cercana a los 3 mil millones de pesos. Sin embargo, no se ha comprobado que esa sanción esté en el contrato que se firmó desde un inicio.
En su momento, el ex gobernador morenista Luis Miguel Barbosa tampoco logró reveritr la privatización y durante su gestión el Congreso local aprobó una ley que permitió cortar el servicio de agua por adeudos.
Francisco Castillo, ex director del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla, aseguró que la deuda histórica de ese organismo y de Concesiones Integrales asciende a más de 5 mil millones de pesos. Advirtió que la situación financiera de la empresa es insostenible, que podría irse de Puebla –previa indemnización– y los ciudadanos pagarán el quebranto.
En el actual proceso electoral que se vive en Puebla por la gubernatura, distintos actores políticos han hecho propuestas para resolver el tema del agua y su servicio, aunque ninguna de ellas se ha manifestado en revertir la privatización, pues se sabe de los altos costos que esto implicaría para las arcas públicas.
Los excesos de Agua de Puebla
Victor de Regil
Desde el año 2014, cuando el servicio de agua potable en la capital de Puebla y su zona conurbada se privatizó, durante el sexenio del panista Rafael Moreno Valle (2011-2017), hay un creciente malestar por las deficiencias y abusos de la empresa Concesiones Integrales, encargada del suministro.
El malestar, en estos 10 años, no ha sido solo de los consumidores domésticos, sino también de la industria restaurantera, hotelera, hospitalaria, universitaria y, en pocas palabras, de toda la actividad económica de Puebla por el pésimo servicio, las altas tarifas y la escasez de agua en amplias regiones de Puebla.
Y es que, de acuerdo con una investigación del Instituto de Ciencias de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), dicha compañía cobró a los usuarios más de 308 millones de pesos por distribuir el líquido; no obstante, sus clientes debieron erogar 374 millones de pesos para pagar pipas que llevaran agua a sus casas y negocios.
Como sabemos, actualmente, Concesiones Integrales cobra una cuota mensual fija por toma de uso doméstico, según la zona donde se ubique, que varía de 151.87 a mil 368.62 pesos. También aplica una tarifa fija por uso comercial, que va de 150.94 a 3 mil 487 pesos. De usar medidor, el cobro es de 4.57 pesos por cada 15 metros cúbicos consumidos.
Se tiene ya registrado que los poblanos gastan 12 veces más en pipas y agua embotellada que lo que pagan en tarifas a Concesiones Integrales, lo que refleja deficiencias en el servicio que la firma ofrece.
Y es que los más de 500 mil usuarios de agua potable en la ciudad de Puebla y la región metropolitana al año suelen destinar una cantidad cercana a los 3 mil 697.63 millones de pesos a comprar agua embotellada y en pipas, además de tener que pagar 308.27 millones de pesos a Concesiones Integrales.
Recordemos que, la Colectiva por el Bienestar Social encabezó una demanda contra la concesionaria, que desde 2014 cobra por saneamiento de aguas residuales, a pesar de que sus plantas tratadoras están prácticamente paralizadas, lo que ha incrementado la contaminación en ríos. Por eso la agrupación exige que se devuelva el dinero a los usuarios y se revierta la privatización del servicio.
La organización argumenta que Concesiones Integrales no ha hecho las inversiones anuales en infraestructura hidráulica, a lo cual se comprometió, y unas 265 mil personas se quedan sin servicio en la capital poblana cada año.
Se ha intentado en muchas ocasiones y en varios momentos pero se sabe que es casi imposible desprivatizar el servicio, porque implicaría el pago de una penalización cercana a los 3 mil millones de pesos. Sin embargo, no se ha comprobado que esa sanción esté en el contrato que se firmó desde un inicio.
En su momento, el ex gobernador morenista Luis Miguel Barbosa tampoco logró reveritr la privatización y durante su gestión el Congreso local aprobó una ley que permitió cortar el servicio de agua por adeudos.
Francisco Castillo, ex director del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla, aseguró que la deuda histórica de ese organismo y de Concesiones Integrales asciende a más de 5 mil millones de pesos. Advirtió que la situación financiera de la empresa es insostenible, que podría irse de Puebla –previa indemnización– y los ciudadanos pagarán el quebranto.
En el actual proceso electoral que se vive en Puebla por la gubernatura, distintos actores políticos han hecho propuestas para resolver el tema del agua y su servicio, aunque ninguna de ellas se ha manifestado en revertir la privatización, pues se sabe de los altos costos que esto implicaría para las arcas públicas.