Después de la marcha del pasado 8 de marzo y la cada vez más intensa y argumentada exigencia de que se avale en Puebla la despenalización del aborto, ninguna de las fuerzas políticas representada en la LXI Legislatura del Congreso del Estado tiene forma de eludir el tema y tendrán que afrontarlo. Pero, además, ya ni siquiera hay lugar para las descalificaciones y los pretextos, porque existe en la materia una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que tiene ya 14 años desde su primera referencia, y que ha venido reiterando el Máximo Tribunal del país.
Esto significa que dentro de los dimes y diretes entre legisladores y legisladoras del Congreso Local, de distintos partidos, sobre el tema, en realidad es solamente paja, pues esto ya se tiene que realizar.
Sería mejor que guarden sus posiciones, si la tienen, para el debate en el pleno, cuando se presente a votación la iniciativa que decidan avalar en comisiones.
Para entender lo que ocurre con el aborto, hay que recordar que la SCJN ya ha resuelto en varias ocasiones que es inconstitucional considerar la interrupción del embarazo, hasta las 12 semanas de gestación, un acto punible.
Pero esto viene desde el año 2008, luego de que, un año antes, se despenalizó el aborto en la Ciudad de México.
En Puebla se “analiza” desde el sexenio de Mario Marín Torres. Por supuesto, quien fuera llamado “góber precioso” nunca iba a consentir que, con todos los problemas del caso Lydia Cacho y otros, su Congreso se subiera a este asunto.
En 2008, al resolver las acciones de inconstitucionalidad 146/2007 y 147/2007, la Corte declaró válida la despenalizar del aborto, hasta la semana 12 de gestación, en el entonces Distrito Federal.
Así, el Pleno de ministros y ministras validó la norma emitida por la Asamblea Legislativa, hoy Congreso local de la capital del país.
Después, han venido otras reiteraciones sobre el tema del Máximo Tribunal. Las más importantes, en 2018, 2019 y 2021, directas y colaterales.
En el primero de esos años, la Suprema Corte amparó a una menor y a sus padres en contra de la negativa de las autoridades de una institución pública de salud de Morelos de interrumpir el embarazo derivado de una violación sexual.
También en 2018, en la Revisión de Amparo 1170/2017, resolvió “que las instituciones de salud deben contar con políticas de salubridad para atender, sin dilación alguna, casos urgentes de interrupción legal del embarazo, en caso de violación”.
En 2019, la Corte concedió amparo a una mujer, a quien por “razones médicas”, se le había negado el aborto en la Ciudad de México.
Luego el 7 de septiembre del año pasado, la misma SCJN dio una definición por demás contundente, esto por si hiciera todavía falta, al declarar inconstitucional la criminalización total del aborto.
Por unanimidad de diez votos, entonces, se pronunció también, por primera vez, “a favor de garantizar el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir, sin enfrentar consecuencias penales”.
Los partidos están en un falso debate. Que si el PAN irá en contra, porque está en sus estatutos y declaración de principios rechazar la interrupción del embarazo. Que si Morena ya se tardó y el PT le está ganando con una posición de avanzada. Que si el PRI ya se dividió y cada día que no llega al pleno del Congreso local la votación es un tiempo perdido.