¡Ex presidentes deben ser juzgados! ¡Todos son culpables!

¡Sangre, dolor y miseria nos dieron los gobiernos del PRI y del PAN!

 

            AÚN A SABIENDAS DE QUE UNA ENORME MARAÑA DE INTERESES LOS PROTEGE, DE QUE UNA FEROZ JAURÍA DE JUECES VENDIDOS, INCRUSTADOS EN LA TREMENDA CORTE y hasta el Instituto Nacional Electoral, los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quezada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, todos ellos, del PRI o del PAN, temen que este próximo primero de agosto, en un evento verdaderamente histórico, de ejercicio de la democracia participativa, que por tanto tiempo nos había sido negada, el pueblo en masa acuda a las urnas para depositar su voto en favor de que se les juzgue y castigue por todos los crímenes e infamias cometidas a los largo de treinta largos años, cinco lentos y tormentosos sexenios de políticas económicas neoliberales, corrupción, ignominia, latrocinios, represión, asesinatos y desapariciones.

A pesar de todo, la Consulta Popular para el enjuiciamiento a los expresidentes sigue avanzando, aún sin publicidad, aún sin la promoción que ya debería estar haciendo el INE de los traicioneros y corruptos Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, principales interesados en que no haya Consulta Popular, en que no haya democracia, en que el INE siga sirviendo a intereses empresariales y a los partidos de la derecha.

Y TIENEN MIEDO LOS EXPRESIDENTES, PRECISAMENTE PORQUE SE SABEN PLENA Y VERGONZOSAMENTE CULPABLES DE TANTAS ATROCIDADES QUE SON PÚBLICAS, PERO TAMBIÉN de muchas otras que solamente ellos y sus cómplices saben, pero que tarde o temprano saldrán a la luz pública, porque no existe el crimen perfecto, porque aun involuntariamente, han dejado huellas que el nuevo gobierno encuentra día con día y que han servido para exponer a la luz pública todos sus atracos al erario, todas las trapacerías cometidas al amparo de una encomienda que no cumplieron cuando falsariamente juraron “cumplir y hacer cumplir” la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanan.

Todo lo contrario, pisotearon nuestra Carta Magna y violaron todas las leyes, traicionando a la patria sin rubor alguno, con la mezquindad avariciosa del que, habiendo vendido los intereses de la nación a las empresas extranjeras, se retacó los bolsillos del dinero sucio que le regalaron sus cómplices de ultramar.

CARLOS SALINAS DE GORTARI INAUGURÓ EN MÉXICO LA ETAPA DE LOS GOBIERNOS NEOLIBERALES, CON UNA IDEA FIJA DE DESMANTELAR AL ESTADO Y ENTREGAR NUESTRAS riquezas a los empresarios privados, abriendo todas esas “oportunidades” a los capitalistas norteamericanos o europeos, desde luego que nada haría gratis y tampoco por el bien de la patria o el beneficio del pueblo, como era su compromiso y además su obligación.

Si bien su antecesor, Miguel de la Madrid Hurtado había puesto las bases económicas y administrativas para que arribaran a nuestro país, de la mano de la pandilla de Carlos Salinas, las tesis del economista Milton Friedman, firme impulsor de la corriente de los “Chicago Boys”, grupo de economistas formados en la Universidad de Chicago durante la década de los setentas, el siglo pasado.

El general chileno Augusto Pinochet, militar que llegó al poder luego de un sangriento golpe de Estado, que derrocó al presidente demócrata Salvador Allende, en septiembre de 1974, hizo suyas todas las medidas sugeridas por los neoliberales, beneficiando a la burguesía chilena que se enriqueció brutalmente a costa de la miseria popular.

            EN MÉXICO, UNA PRIMERA MEDIDA DE CARLOS SALINAS, FUE LA REFORMA AL ARTÍCULO 27 CONSTITUCIONAL, PASO IMPORTANTE PARA LA PRIVATIZACIÓN DEL territorio nacional, el desmantelamiento del Ejido y la propiedad comunal, para propiciar los nuevos latifundios.

También importaba hacerlo porque ese artículo reservaba al dominio de la nación las aguas someras y profundas (donde se encuentran el petróleo y el gas), el subsuelo (donde se encuentran los metales preciosos que extraen las compañías mineras norteamericanas y canadienses), el espacio aéreo (donde circulan las ondas del espectro radioeléctrico que usufructúan las empresas de telefonía, televisoras y radiofónicas, pero que también es vital para la defensa aérea de nuestro territorio).

Sobre esa base, Salinas preparó el desmantelamiento del Estado, para iniciar una era de privatizaciones (como fue el caso de Teléfonos de México y los bancos), que continuaron los demás gobiernos que lo sucedieron, abriendo la economía al libre mercado y orientándola a un brutal control de los salarios y la contención social mediante la represión a las organizaciones obreras, campesinas, populares y estudiantiles.

SALINAS LLEGA A LA PRESIDENCIA, MEDIANTE LA COMISIÓN DEL AMPLIAMENTE DOCUMENTADO FRAUDE ELECTORAL DE 1988, EN EL QUE ROBÓ EL TRIUNFO AL FRENTE Democrático Nacional, que postuló a Cuauhtémoc Cárdenas. Solamente la complicidad de los panistas permitió que Carlos Salinas pudiera gobernar sin mayores problemas, pisoteando la voluntad popular.

Pero, aun así, Salinas tuvo que utilizar la represión en contra de los trabajadores y organizaciones populares e incluso el crimen, como fue el caso de Luis Donaldo Colosio, candidato del PRI que fue asesinado en Lomas Taurinas, de Tijuana, el 23 de marzo de 1994 durante la campaña electoral, lo que permitió que fuera nombrado sucesor Ernesto Zedillo.

Su hermano Raúl Salinas sería arrestado y procesado en 1995 por el asesinato de su excuñado José Francisco Ruiz Massieu, entre otros delitos. Los indígenas chiapanecos, organizados en el Ejército Zapatista para la Liberación Nacional se levantaron en armas el primero de enero de 1994, en protesta por la firma del primer Tratado de Libre Comercio para América del Norte, que llevó a una vida de miseria a miles de familias campesinas.

ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEÓN LLEGÓ EN MEDIO DEL ESCÁNDALO POR EL ASESINATO DE COLOSIO Y SU GOBIERNO CARGÓ CON UNA CRISIS ECONÓMICA QUE hundió en la pobreza a millones de mexicanos. En 1990 fue creado el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), con el que Zedillo nos impuso en 1995 a los mexicanos, el pago de más de medio billón de pesos que los banqueros adeudaban a los cuentahabientes.

Así convirtió las deudas privadas de los banqueros, en deuda pública que debemos pagar todos los mexicanos, nuestros hijos y hasta nuestros nietos.

En 2019, la deuda se había duplicado a más de un billón de pesos. Al mes pasado, junio de 2021, la deuda, incrementada por los intereses, suma ya 4 billones y medio. Además, Zedillo fue responsable de la Matanza de Acteal, donde 45 indígenas tzotziles chiapanecos, fueron asesinados por un grupo de paramilitares mientras rezaban en la iglesia de su comunidad en el municipio de chenalhó.

Entre los muertos había 16 niños, 20 mujeres, siete de ellas embarazadas y 9 hombres adultos. El finado obispo emérito de Chiapas, don Raúl Vera, hombre respetable, decente, comprometido con el pueblo, señaló al ejército mexicano de haber armado a los paramilitares y de no haber actuado para impedir la masacre.

EN LA MATANZA DE “EL CHARCO”, COMETIDA POR EL EJÉRCITO MEXICANO LA MADRUGADA DEL 7 DE JUNIO DE 1998, FUERON EJECUTADOS EXTRAJUDICIALMENTE once jóvenes de la comunidad guerrerense de El Charco, municipio de Ayutla de Los Libres, a los que el gobierno del priista Ángel Eladio Aguirre Rivero, señaló como “guerrilleros”.

No hubo ninguna investigación y el crimen ha quedado en la más completa impunidad. El ejército estaba involucrado en una guerra contra el pueblo y el responsable era el presidente de la República.

El 10 de junio (fecha emblemática por la represión cometida en contra de los estudiantes el Jueves de Corpus de 1971, en la Ciudad de México), pero en este caso de 1998, más de mil soldados y policías atacaron también de madrugada a tres comunidades indígenas del municipio de El Bosque, del estado de Chiapas, asesinando a ocho campesinos pobres cuyas casas fueron saqueadas e incendiadas.

Hubo decenas de detenidos, provocando la huida de muchas familias que tuvieron que escapar internándose en el monte. El operativo fue ordenado para “restaurar el Estado de Derecho”.

ESTÁ PENDIENTE DE RESOLVER UNA QUEJA INTERPUESTA CONTRA ZEDILLO POR UN GRUPO DE MEXICANOS ANTE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS Humanos (CIDH), donde se le acusa de genocidio.

Pero también pesa sobre su conciencia el artero crimen de 17 campesinos en el Vado de Aguas Blancas, a manos de la policía estatal el 28 de junio de 1995, en el sufrido estado de Guerrero.

Los campesinos eran miembros de la Organización Campesina de la Sierra del Sur y se dirigían a una asamblea. También del grupo de los “Chicago Boys”, Ernesto Zedillo, continuó con la política neoliberal salinista de las privatizaciones y el desmantelamiento de las empresas propiedad de la nación y puso en manos de empresas privadas extranjeras toda la red de ferrocarriles que comunicaba al país de sur a norte, construida en gran parte durante el gobierno de Porfirio Díaz y que había sido nacionalizada durante el mandato del general Lázaro Cárdenas.

A la fecha y sin sonrojo alguno, con absoluta desvergüenza, trabaja como consejero de la corporación ferroviaria que fue beneficiada por él mismo, la Unión Pacific, además de otras empresas como Procter & Gamble, Alcoa y el español Grupo Prisa.

Son muchos los agravios cometidos. Por eso es necesario llevarlo, junto con Salinas de Gortari, ante la justicia, tan solo por traición a la patria, pero también por genocidio. En el próximo programa hablaremos de los panistas.