Jorge Marcelino Alejo
Pudiéramos alegrarnos de que por fin las autoridades de la Comisión Federal de Competencia Económica –Cofece-, aplicaron una sanción a cinco farmacéuticas por incurrir en prácticas monopólicas, donde sobresale restringir abasto de medicinas; fijar, manipular e incrementar el precios de las mismas.
Pero no hay contento, porque según la misma Cofece, las investigaciones realizadas confirmaron que las farmacéuticas cayeron en dichas irregularidades desde el año 2008; incluso en el 2012 varios organismos insistieron en investigarlas y sancionarlas. Fue hasta 2016 cuando la misma Cofece abrió el expediente. Y hasta ahora en 2021 se concretó la sanción por 903.4 millones de pesos.
El monto tampoco es motivo de regodeo, porque aun cuando sea el máximo contemplado por la ley, simplemente la autoridades lo justifican porque estima el daño económico causado a las familias por al menos 2 mil 359 millones de pesos.
Lo que resulta inexplicable, es que tuvieron que pasar más de dos sexenios para que prosperara una demanda de investigación, y por ende, se ejerciera acción que pretende corregir irregularidades de esas firmas farmacéuticas. Ellas seguramente impugnarán y pagarán la multa, y seguirán vigentes en el mercado para continuar trabajando sin contratiempos.
Sin embargo, es de lamentarse –aquí lo hemos señalado infinidad de veces- que la pesada tortuga burocrática se mueva tan despacio, y tarde años en atender situaciones como ésta, en que un segmento de empresas farmacéuticas han estado causando daño económico a las familias.
Y que conste, muchas familias fueron sangradas en su economía al tener que pagar altos precios que fueron producto del manipuleo. Pero tal vez muchas nunca pudieron comprar los medicamentos que requerían y sufrieron las consecuencias de ello.
Con todo ello la sola sanción a las cinco farmacéuticas no basta para corregir la práctica arbitraria en el abasto y comercialización de las medicinas, porque en lo sucesivo las necesidades de la población son apremiantes con una pandemia encima, y con un pronóstico a largo plazo de la misma.
Queda la duda pues, de si los medicamentos que se requieran se comercializarán a precios manipulados, o la sanción de la Cofece contempla corregirlos tras el daño económico causado a las familias.
M E M O R A N D U M
DESABASTO
Resulta baladí que la Confederación de Trabajadores Mexicanos –CTM- le pida a empresarios que den facilidades a obreros sin descuentos salariales, para que se les aplique la vacuna anti Covid19.
Claro que los patrones están conscientes de ello, por favor.
Lo que es más congruente con lo que debe ser la demanda cetemista, es que exija al Gobierno Federal que agilice la compra de medicinas destinadas a trabajadores, dado el desabasto que prevalece en las unidades de medicina familiar.
Sin embargo, al que lleva la voz cantante René Sánchez Pérez Consejero de la Federación de Trabajadores de Puebla –FTP-CTM- ante el Consejo Consultivo del Instituto Mexicano del Seguro Social, se le olvida que la protección sindical al trabajador no es tratarlo como obrero indefenso, al que le deben dar permiso de irse a vacunar sin que les descuenten salario.
Sánchez Pérez se está tardando, porque junto con los dirigentes cetemistas ya debían haber propuesto la nueva relación laboral con la empresa, enmarcada con prestaciones sociales acordes a las circunstancias económicas y sociales que exige el Siglo XXI. Ahí se exige una dinámica distribución de jornadas de trabajo, mejores condiciones laborales especialmente en el diario ambiente en las fuentes de empleo, y por supuesto, mejores salarios.