Victor de Regil
El sistema de transporte público en la zona metropolitana de Puebla ha tocado fondo en este 2026. Entre un drástico colapso operativo provocado por el retiro masivo de unidades chatarra, el preocupante repunte de asaltos violentos a mano armada y la oposición social frente al megaproyecto del Cablebús, los poblanos enfrentan una de las peores crisis de movilidad urbana en la historia reciente de la entidad.
La crisis se agudizó tras el endurecimiento de los operativos de la Revista Vehicular reactivados por la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT). Al no otorgarse más prórrogas, miles de concesionarios se vieron imposibilitados para circular debido a las pésimas condiciones físico-mecánicas de sus vehículos. Más de 3,100 concesiones entraron en estatus de suspensión o irregularidad, dejando un vacío gigantesco en el servicio diario.
Recorridos clave para la conectividad de la periferia con los centros de estudio y trabajo han dejado de operar o lo hacen a cuentagotas, obligando a los usuarios a esperar hasta 45 minutos bajo el sol o la lluvia. Esta escasez extrema provocó sobrecupo extremo, pues las pocas unidades en circulación viajan con pasajeros colgados de las puertas, violando las normas más básicas de seguridad vial.
Ante la desesperación, la ciudadanía ha recurrido masivamente a los llamados «taxis pirata» y vehículos particulares sin permiso que, aunque cobran tarifas elevadas y no ofrecen seguro de viajero, se convirtieron en un «mal necesario» para no perder el empleo.
Para mitigar este desabasto, el gobierno de Alejandro Armenta ha tenido que implementar rutas temporales de emergencia operadas por empresas como ADO y Estrella Roja en corredores como la 16 de Septiembre y la Recta a Cholula, mientras la SMT evalúa la redistribución y licitación de nuevas concesiones para resarcir el déficit.
De igual forma, la falta de parque vehicular no ha corregido las viciosas conductas de los choferes tradicionales que aún operan. En avenidas del Centro Histórico y vías rápidas de la capital, los operadores continúan protagonizando peligrosas «carreritas» para disputarse el pasaje restante, lo que mantiene en alerta roja las estadísticas de atropellamientos y siniestros viales de la ciudad.
A la par de la violencia vial, la delincuencia organizada y común ha tomado por asalto las rutas urbanas. Según datos oficiales del primer semestre, las denuncias por robo a transporte colectivo con y sin violencia han registrado incrementos preocupantes, promediando hasta cinco atracos diarios en los periodos de mayor afluencia. Las rutas 3, 50 y la 68 naranja se consolidan como los focos rojos más peligrosos de la zona norte de la capital.
Frente a este colapso terrestre, la gran apuesta del gobierno poblano es la construcción de una red de transporte aéreo tipo Cablebús, adjudicada al consorcio internacional Doppelmayr. El proyecto busca movilizar a miles de usuarios mediante líneas de teleférico urbano. Sin embargo, la obra ha desatado un conflicto social y legal en los últimos meses. Un frente cívico compuesto por más de 14 colectivos ambientalistas y comités vecinales mantiene bloqueos y movilizaciones constantes bajo la consigna de detener lo que consideran un «ecocidio urbano». Las principales críticas apuntan a la falta de transparencia, pues vecinos acusan opacidad en la entrega de los manifiestos de impacto ambiental y denuncian la tala injustificada de árboles en las pocas áreas verdes de la ciudad.
Algunos urbanistas sostienen que las góndolas elevadas tienen una capacidad de pasajeros muy inferior a la demanda masiva de las colonias populares. Argumentan que el proyecto servirá más como una atracción turística que como una solución real al desastre de movilidad terrestre.
La propia presidenta del país, Claudia Sheinbaum, ha exhortado a entablar un diálogo abierto con los ciudadanos para no desestimar sus demandas frente a una crisis de movilidad que ya desbordó la paciencia de la población.