Victor de Regil
El caso de Rafael “N”, el llamado “francotirador de la Vía Atlixcáyotl” donde su captura, ocurrida apenas el pasado 14 de julio tras un violento enfrentamiento con la Fiscalía en el fraccionamiento Santa Fe, cerró un capítulo de terror que mantuvo en vilo a Puebla durante la primera mitad de este 2026.
Sin embargo, el debate de fondo apenas comienza. No hablábamos aquí de la delincuencia organizada convencional que disputa plazas, sino de un empresario farmacéutico de origen español que, presuntamente por mero impulso, decidió convertir una de las avenidas más transitadas y exclusivas de la capital poblana en su polígono de tiro personal. Disparar contra automovilistas y motociclistas al azar, transitando de los balines a las balas de calibre 9 milímetros, no era un negocio: era la manifestación más pura de un desprecio absoluto por la vida ajena.
Este caso desnudó por completo la fragilidad de nuestra seguridad cotidiana. Durante meses, circular por la zona de Angelópolis se convirtió en una ruleta rusa. El saldo oficial de más de una decena de carpetas de investigación es solo la punta del iceberg de un pánico colectivo que modificó rutas y hábitos de miles de ciudadanos.
La impunidad con la que operaba este sujeto, escudado en el anonimato de la velocidad y la altura, sembró una paranoia que la autoridad tardó demasiado en sofocar. La vinculación a proceso dictada este 20 de julio por homicidio calificado en grado de tentativa y su reclusión en el penal de San Miguel traen un respiro necesario, pero abren interrogantes incómodas sobre el control de armas en los sectores de alto poder adquisitivo.
Se sabe que el imputado contaba con permisos legales para varias de sus armas; un recordatorio de que la legalidad institucionalizada a veces financia la locura privada. El proceso legal que inicia no solo debe garantizar justicia para las víctimas directas, sino también restaurar la resquebrajada confianza de una ciudadanía que descubrió, de la peor manera, que el peligro en Puebla no solo acecha en los callejones, sino también desde las ventanas del privilegio.
El verdadero desafío que deja este episodio no se agota con el cierre de la celda de Rafael “N” en el penal de San Miguel. La verdadera crisis radica en la rapidez con la que la sociedad poblana comenzó a digerir y normalizar el horror.
Pasamos de la indignación en redes sociales a la resignación de modificar nuestras rutas cotidianas, a subir los cristales blindados de la indiferencia y a asumir que el simple acto de conducir al trabajo implicaba el riesgo de recibir un impacto de bala.
La respuesta de las autoridades, aunque finalmente efectiva en el operativo de captura, llegó arrastrando los pies de una burocracia que reaccionó al escándalo mediático y no a la prevención temprana. Este retraso sistemático envía un mensaje peligroso: la justicia en nuestro estado es reactiva, no preventiva.
Finalmente, el caso del francotirador pone bajo la lupa la burbuja de impunidad psicológica en la que habitan ciertos sectores sociodemográficos de Angelópolis. El perfil del agresor nos confronta con una realidad incómoda: el dinero y el estatus social suelen generar una peligrosa desconexión con la realidad y la legalidad. La creencia de que el poder económico exime de las consecuencias de los actos es una patología social tan destructiva como cualquier adicción