*El círculo de Ecatepec bajo la lupa de las auditorías y la desconfianza ciudadana.
Por Fabián Jiménez N.
¿De verdad creen que con apenas un 3% van a impresionar a alguien? El Partido del Trabajo parece empeñado en convertirse en el basurero político de Morena: el lugar donde terminan ambiciones, intereses y prácticas que, al menos en el discurso, dicen combatir.
En el Estado de México, la operación política que se atribuye a Reginaldo Sandoval Flores y a su círculo cercano vuelve a poner bajo la lupa a figuras como Ernesto Santillán Ramírez, Yareli Anaí Esparza Acevedo, Isaac Josué Hernández Méndez y Fernando Vilchis Contreras, expresidente municipal de Ecatepec y uno de los políticos más cuestionados del municipio.
La política no se mide por el ruido de una fotografía, por las lealtades personales ni por las escenificaciones de poder. Se mide por los resultados, la congruencia y la confianza ciudadana.
Un 3% no es una demostración de fuerza; es una cifra que obliga a preguntar de dónde viene el respaldo y qué representa realmente.
Morena no necesita satélites que presuman músculo sin demostrarlo en las urnas. La ciudadanía merece algo más que acuerdos de cúpula, protagonismos y disputas por el control político.
Porque una cosa es hacer política y otra muy distinta es vivir de ella.
Cuando la austeridad se queda en el discurso
Las auditorías y denuncias relacionadas con la administración de Ecatepec entre 2022 y 2024 plantean una pregunta incómoda para quienes se presentan como defensores de la transformación: ¿qué tan profundo llega el combate a la corrupción cuando las cuentas públicas siguen generando observaciones?
De acuerdo con el dictamen de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre la Cuenta Pública 2024, se detectó un probable daño de aproximadamente 231.4 millones de pesos a la Hacienda Pública Federal en recursos ejercidos por Ecatepec durante la gestión de Fernando Vilchis Contreras, quien fue presidente municipal del municipio y hoy es diputado federal del Partido del Trabajo.
El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) también ha formulado observaciones sobre el manejo de recursos municipales.
Entre los señalamientos difundidos se encuentran posibles deficiencias en la comprobación de obras, adquisiciones y documentación contractual.
En el DIF municipal, entonces dirigido por Esmeralda Vallejo Martínez —esposa de Fernando Vilchis Contreras—, el OSFEM observó un incremento de aproximadamente 31.3 millones de pesos en el rubro de servicios personales por encima de lo programado, además de plazas adicionales y desequilibrios presupuestarios.
La administración municipal actual también ha denunciado presuntas irregularidades en compras del DIF, entre ellas productos cuyos precios considera excesivos.
Asimismo, ha reportado más de 547 millones de pesos en anomalías y 137 denuncias.
Cuando se agregan señalamientos sobre posibles vínculos con grupos delictivos locales, el panorama se vuelve todavía más delicado y exige investigaciones serias por parte de las autoridades competentes.
Tampoco ayuda que figuras cercanas a ese círculo político, como el diputado local Ernesto Santillán Ramírez, salgan a matizar o defender la gestión de Fernando Vilchis Contreras. La defensa política es legítima, pero no sustituye las respuestas que la ciudadanía merece sobre el manejo del dinero público.
Por su parte, el diputado local Isaac Josué Hernández Méndez enfrenta acusaciones públicas de presunto incumplimiento de obligaciones alimentarias, violencia vicaria y supuesto uso de influencias en juzgados familiares de Ecatepec. El legislador ha rechazado categóricamente los señalamientos y afirma contar con comprobantes de pago.
En el caso de Reginaldo Sandoval Flores, coordinador del PT en la Cámara de Diputados, los cuestionamientos públicos se han concentrado, entre otros temas, en las tensiones políticas con Morena y las disputas por alianzas y espacios de poder.
Respecto a la diputada local Yareli Anaí Esparza Acevedo, sus decisiones y alianzas políticas también están sujetas al escrutinio ciudadano. Los cuestionamientos sobre presuntos favores políticos deben sustentarse en hechos concretos.
El PT, a través de voces como la de Reginaldo Sandoval Flores, ha sostenido que no solapa la corrupción y que cualquier persona señalada debe enfrentar las investigaciones correspondientes.
Esa postura es correcta en el discurso. El problema aparece cuando los cuestionamientos alcanzan a administraciones y figuras vinculadas con sus propias estructuras políticas, como Fernando Vilchis Contreras, Esmeralda Vallejo Martínez, Ernesto Santillán Ramírez e Isaac Josué Hernández Méndez.
La distancia entre lo que se proclama y lo que se demuestra termina erosionando la credibilidad de cualquier proyecto político.
La ciudadanía no exige pureza absoluta. Exige coherencia.
Mientras las auditorías sigan generando observaciones sobre documentación, adquisiciones y presupuestos en organismos públicos como el DIF de Ecatepec, los llamados a la austeridad y la honestidad tendrán que acompañarse de respuestas claras.
La transformación no se mide solamente por los discursos en tribuna, las fotografías o las alianzas electorales. Se mide también por la transparencia y la claridad de las cuentas públicas.
Y, por ahora, en Ecatepec siguen existiendo preguntas que merecen respuestas claras.
Porque al final, más allá de porcentajes, partidos y lealtades personales, la pregunta es sencilla y contundente: ¿quién responde por el dinero público y quién está realmente dispuesto a rendir cuentas?