Sin duda, la Reforma Judicial que el gobernador Miguel Barbosa presentó ante el Congreso del Estado será uno de sus legados legislativos. Con su iniciativa de nueve cambios a la Constitución poblana está haciendo del Poder Judicial de Puebla un cuerpo eminentemente colegiado y equilibrado, con cuatro presidencias distintas, en cada uno de los órganos en que se dividirá: judicatura, Tribunal Constitucional Tribunal Superior y Tribunal Administrativo; y no será ya un ente de una sola autoridad principal. Esto y los controles contra la corrupción son los elementos más innovadores de su propuesta.
El gobernador plantea un nuevo esquema que privilegia la justicia como un bien supremo. Dejará de ser una mercancía. Además, es una aportación jurídica muy relevante. Su esencia aborda la concepción esencial del Estado.
También la división de poderes y la concepción, en este caso, del Judicial, desde su raíz. Con este modelo, la deliberación y el debate jurídicos serán intensísimos.
Algo que no se daba en un cuerpo que, por su esencia misma, debiera tener como fundamento el intercambio y la confrontación de principios y tesis jurídicas.
Como el eje fundamental de la iniciativa, una vez que la avale el Congreso, se terminará el control unipersonal en el Poder Judicial.
Para el caso de Puebla, se convertirán en un órgano efectivamente colegiado. Como lo es, guardando sus distancias y diferencias, el Poder Legislativo.
Muy probablemente, sin mayores sobresaltos, en el Congreso del estado, el gobernador Miguel Barbosa va a encontrar los votos suficientes para la mayoría calificada que se requiere.
De hecho, puede ya darse por descontada, con el apoyo del Grupo Legislativo del PRI, que coordina Jorge Estefan Chidiac.
Los siete votos de los priístas, sumados a los legisladores considerados barbosistas de Morena y sus aliados, garantizan las dos terceras partes de los 41 integrantes de la LXI Legislatura.
Los priístas tuvieron una reunión con el gobernador y sellaron ahí su respaldo. Es muy probable, incluso, que hasta la bancada de Acción Nacional apoye la iniciativa de Casa Aguayo.
Luego de su aprobación por dos terceras partes en el Legislativo, la propuesta irá a los cabildos y obtendrá la mayoría simple, la mitad más uno (109), de los 217 municipios.
Requisitos indispensables para el aval a reformas constitucionales.
Mucho antes de la presentación de esta iniciativa, el gobernador tuvo mucho cuidado de construir una relación de respeto, colaboración y solidez con el Congreso local.
Sin que se percibiera del todo, Barbosa comenzó a cabildear esta y otras iniciativas, que seguramente presentará, con tejido fino y paciencia.
Pero no son los únicos cambios que se vienen, también ha tenido cuidado en su relación con el Poder Judicial.
Su reforma también implica la creación de nuevos institutos e instituciones.
Eso requerirá mayor presupuesto. Se aplicará.
El Consejo de la Judicatura, que tendrá independencia, tendrá un papel preponderante en la aplicación de la reforma.
El hoy consejero jurídico del gobierno del estado, Carlos Palafox Galeana, se perfila para ser el presidente de la Judicatura y aterrizar la reforma.
El perfil de jurista es el adecuado para el control, vigilancia y equilibrios al interior de Poder Judicial.
El gobernador cuenta también con el apoyo de la mayoría de los magistrados en ejercicio.
Con todos tiene una excelente relación.
Con él, muchos coinciden en la firme convicción de limpiar el Tribunal Superior de Justicia del Estado.
No se trata de una iniciativa que, como en el pasado, se haya mandado desde el Ejecutivo y que se pretenda, como en los tiempos del Gran Legislador, que se apruebe en automático, sin reflexión.
La construcción ha sido paciente.
Eficiente.
En las próximas semanas, llegará el turno de los diputados.