Víctor de Regil
Parece una película sacada de un libro de ficción donde encontramos de todo. Mentiras y delitos, enormes, escondidos debajo de la alfombra de la impunidad terminaron por revivir y alcanzar, 10 años después, al otrora hombre más poderoso de Puebla: Mario Marín. Pero no solo fue el, también un personaje cercano a Mario Marín Torres, su amigo, compadre y funcionario multiusos, Valentín Jorge Meneses Rojas.
A éste último, se le acusa por evasión de presos y, consecuentes delitos contra la procuración y administración de justicia y en otros ramos del poder público, El Vale duerme en el Cereso de San Miguel.
Él, que fue prácticamente todo. Fue vocero, director del DIF, presidente del PRI, secretario de Comunicaciones, secretario de Gobernación y terminó como notario público número 28 de Puebla capital.
Ante esto, la pregunta es obligada: ¿Hubo pacto de impunidad entre Rafael Moreno Valle y Mario Marín? La respuesta de nuevo se antoja contundente.
A pesar de tener todo listo para su captura y su proceso, la entonces Procuraduría General de Justicia (PGJ), en ese 2013 a cargo de Víctor Carrancá Bourget, no hizo nada. No movió luego ni un dedo. A Valentín no se le tocó ni con la foja de una averiguación previa.
Hoy, hace 10 años, cuando terminaba aquel marinista sexenio de ignominia, Meneses presuntamente liberó ilegalmente a un secuestrador, un violador y un homicida.
En el contexto de la narrativa de la entonces PGJ, habrían estado involucrados más funcionarios y un pago millonario por esas tres preliberaciones. De los cómplices, se sabe que es cuestión de horas o días para que caigan. ¿El dinero? El dinero siempre se esfuma.
Por cierto, Valentín es hoy todavía notario público titular y la versión de la vox populi es que pagó un millón de dólares por esa concesión fedataria.
Aquella que compró también al final del sexenio de su compadre, quien hoy está preso en Cancún por alcance tardío, pero seguro, de la justicia en el caso Lydia Cacho.
El error de Meneses fue que firmó la autorización para tres muy sospechosas preliberaciones. Tres reos que cometieron delitos graves, y que por lo tanto no alcanzaban el beneficio de tratamiento preliberacional, dejaron el Centro de Readaptación Social (Cereso), el mismo en donde hoy pasa las noches Valentín Jorge N.
José Faustino Pérez Rojas, quien estaba sentenciado a 19 años de prisión por violación equiparada.
El 22 de diciembre de 2010 le concedieron este beneficio y, al otro día, el 23 de diciembre de 2010, ya estaba en la calle, a pesar de que le faltaban tres años, seis meses y dos días, para pagar su condena.
Desiderio Jiménez Viveros, con sentencia de 22 años de prisión por secuestro. Le concedió la preliberación el 14 de enero de 2011 y salió el 27 de enero de 2011, apenas cinco días antes del inicio del gobierno morenovallista. Cuando dejó su celda, le faltaban por compurgar nueve años, 11 meses y nueve días.
Y José Luis Pérez Calderón, sentenciado a 14 años y 4 meses de prisión, por homicidio calificado. Le concedió el 5 de enero de 2011 el beneficio de libertad preparatoria y salió de prisión el 6 de enero de 2011. Dejó sin cumplir siete años, seis meses y nueve días.
¿A cambio de qué ese tan anticipado e irregular beneficio a estos tres reos? La respuesta puede ser muy obvia.
A 10 años de la comisión de esos presuntos delitos, el largo brazo de la ley alcanzó al notario que buscaba una diputación plurinominal e incluso había levantado la mano por la alcaldía con el PRI.
Valentín Jorge N. “presuntamente cometió actos de corrupción cuando fungía como secretario de Gobernación”, dice la información oficial de la ahora Fiscalía General del Estado (FGE).