
Victor de Regil
Cada cierto tiempo, el debate público en Puebla vuelve a girar en torno a una misma moneda en el aire: el aumento a la tarifa del transporte público. Hoy, hacia el cierre de 2026 y con la mira puesta en 2027, la discusión ha regresado con fuerza desde las oficinas de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) y los gremios de concesionarios. El argumento sobre la mesa parece, en el papel, irrebatible: siete años con una tarifa congelada en ocho pesos con cincuenta centavos mientras el diésel acumula un encarecimiento cercano al treinta por ciento y la inflación general ronda el cuarenta por ciento. Bajo esa lógica estrictamente contable, cualquier negocio estaría al borde de la asfixia. Sin embargo, el transporte público no es una mercancía cualquiera, sino un derecho habilitador para millones de ciudadanos, y ahí es donde las cuentas de los transportistas chocan frontalmente con la realidad cotidiana de los poblanos.
El verdadero problema de la propuesta actual —que busca llevar el pasaje a un rango de entre doce y quince pesos— no radica únicamente en el golpe directo al bolsillo de las familias trabajadoras, sino en la amnesia institucional que la acompaña. En octubre de 2019, cuando se autorizó el último incremento de dos pesos con cincuenta centavos, el discurso oficial y empresarial fue exactamente el mismo que escuchamos hoy. Se prometió entonces una transformación profunda del servicio, la instalación generalizada de cámaras de videovigilancia conectadas a los centros de mando, botones de pánico funcionales, capacitación continua para los operadores y la renovación de un parque vehicular envejecido. Siete años después, basta con abordar cualquier ruta tradicional en la zona metropolitana para comprobar que aquellas promesas quedaron, en su inmensa mayoría, en letra muerta.
La exigencia de los concesionarios parte de una premisa invertida: piden cobrar primero como si ofrecieran un servicio de primer mundo para, quizá después, intentar mejorar las condiciones de traslado. Para el usuario de a pie, pagar quince pesos por viajar de pie en unidades con asientos rotos, suspensiones vencidas, conductores que compiten por el pasaje poniendo en riesgo la integridad de todos y un entorno constante de inseguridad resulta, cuando menos, un agravio. El ciudadano no percibe un servicio digno; percibe una trampa cotidiana en la que está obligado a subir porque no tiene otra alternativa para llegar a su trabajo o escuela.
Por supuesto, sería irresponsable negar que los costos operativos han subido y que mantener un sistema de movilidad eficiente requiere viabilidad financiera. Nadie puede operar indefinidamente a pérdida sin sacrificar el mantenimiento preventivo o la calidad de las unidades. No obstante, el modelo actual de hombre-camión y concesiones fragmentadas en Puebla ha demostrado su agotamiento estructural. Mientras la rentabilidad del transporte dependa exclusivamente de cuántos pasajeros logra subir un chofer por vuelta, ningún aumento tarifario resolverá el fondo del problema. El dinero extra simplemente se diluirá en un sistema opaco, sin controles financieros claros, donde los concesionarios rara vez transparentan sus ingresos reales ni acreditan reinversiones verificables.
Desde la autoridad estatal se insiste en que esta vez el ajuste estará estrictamente condicionado a la regularización, la renovación de flota y el reordenamiento de rutas. Es una intención que suena bien en las declaraciones a la prensa, pero que carece de credibilidad si no viene acompañada de mecanismos implacables de fiscalización y retiro de concesiones a quienes incumplan. Condicionar un aumento a promesas futuras ya fracasó en el pasado; la única condición aceptable para la ciudadanía sería ver primero las mejoras tangibles en las calles antes de tocar un solo centavo de la tarifa.
Asimismo, resulta urgente ampliar la mirada más allá de la simple subida de precios. Las grandes urbes que han logrado dignificar su movilidad no lo han hecho cargando el cien por ciento del costo operativo sobre las espaldas del usuario más vulnerable. Se requiere discutir seriamente esquemas de subsidio focalizado, fondos de chatarrización auditables, integración tarifaria real con sistemas como RUTA y una transición hacia modelos empresariales que eliminen la competencia ruinosa en las avenidas.
Puebla se encuentra nuevamente frente a una encrucijada conocida. El gobierno estatal tiene la responsabilidad de decidir si cede ante la presión gremial y avala un incremento que, sin garantías previas, funcionará como un subsidio ciudadano a la ineficiencia histórica del sector, o si por fin ejerce su rectoría para exigir resultados antes de pasar la factura. Porque en las calles de Puebla la conclusión de los usuarios ya está escrita: el pasaje lleva años siendo demasiado caro para la calidad del servicio que se recibe.
¿Habrá aumento en el transporte público?
Victor de Regil
Cada cierto tiempo, el debate público en Puebla vuelve a girar en torno a una misma moneda en el aire: el aumento a la tarifa del transporte público. Hoy, hacia el cierre de 2026 y con la mira puesta en 2027, la discusión ha regresado con fuerza desde las oficinas de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) y los gremios de concesionarios. El argumento sobre la mesa parece, en el papel, irrebatible: siete años con una tarifa congelada en ocho pesos con cincuenta centavos mientras el diésel acumula un encarecimiento cercano al treinta por ciento y la inflación general ronda el cuarenta por ciento. Bajo esa lógica estrictamente contable, cualquier negocio estaría al borde de la asfixia. Sin embargo, el transporte público no es una mercancía cualquiera, sino un derecho habilitador para millones de ciudadanos, y ahí es donde las cuentas de los transportistas chocan frontalmente con la realidad cotidiana de los poblanos.
El verdadero problema de la propuesta actual —que busca llevar el pasaje a un rango de entre doce y quince pesos— no radica únicamente en el golpe directo al bolsillo de las familias trabajadoras, sino en la amnesia institucional que la acompaña. En octubre de 2019, cuando se autorizó el último incremento de dos pesos con cincuenta centavos, el discurso oficial y empresarial fue exactamente el mismo que escuchamos hoy. Se prometió entonces una transformación profunda del servicio, la instalación generalizada de cámaras de videovigilancia conectadas a los centros de mando, botones de pánico funcionales, capacitación continua para los operadores y la renovación de un parque vehicular envejecido. Siete años después, basta con abordar cualquier ruta tradicional en la zona metropolitana para comprobar que aquellas promesas quedaron, en su inmensa mayoría, en letra muerta.
La exigencia de los concesionarios parte de una premisa invertida: piden cobrar primero como si ofrecieran un servicio de primer mundo para, quizá después, intentar mejorar las condiciones de traslado. Para el usuario de a pie, pagar quince pesos por viajar de pie en unidades con asientos rotos, suspensiones vencidas, conductores que compiten por el pasaje poniendo en riesgo la integridad de todos y un entorno constante de inseguridad resulta, cuando menos, un agravio. El ciudadano no percibe un servicio digno; percibe una trampa cotidiana en la que está obligado a subir porque no tiene otra alternativa para llegar a su trabajo o escuela.
Por supuesto, sería irresponsable negar que los costos operativos han subido y que mantener un sistema de movilidad eficiente requiere viabilidad financiera. Nadie puede operar indefinidamente a pérdida sin sacrificar el mantenimiento preventivo o la calidad de las unidades. No obstante, el modelo actual de hombre-camión y concesiones fragmentadas en Puebla ha demostrado su agotamiento estructural. Mientras la rentabilidad del transporte dependa exclusivamente de cuántos pasajeros logra subir un chofer por vuelta, ningún aumento tarifario resolverá el fondo del problema. El dinero extra simplemente se diluirá en un sistema opaco, sin controles financieros claros, donde los concesionarios rara vez transparentan sus ingresos reales ni acreditan reinversiones verificables.
Desde la autoridad estatal se insiste en que esta vez el ajuste estará estrictamente condicionado a la regularización, la renovación de flota y el reordenamiento de rutas. Es una intención que suena bien en las declaraciones a la prensa, pero que carece de credibilidad si no viene acompañada de mecanismos implacables de fiscalización y retiro de concesiones a quienes incumplan. Condicionar un aumento a promesas futuras ya fracasó en el pasado; la única condición aceptable para la ciudadanía sería ver primero las mejoras tangibles en las calles antes de tocar un solo centavo de la tarifa.
Asimismo, resulta urgente ampliar la mirada más allá de la simple subida de precios. Las grandes urbes que han logrado dignificar su movilidad no lo han hecho cargando el cien por ciento del costo operativo sobre las espaldas del usuario más vulnerable. Se requiere discutir seriamente esquemas de subsidio focalizado, fondos de chatarrización auditables, integración tarifaria real con sistemas como RUTA y una transición hacia modelos empresariales que eliminen la competencia ruinosa en las avenidas.
Puebla se encuentra nuevamente frente a una encrucijada conocida. El gobierno estatal tiene la responsabilidad de decidir si cede ante la presión gremial y avala un incremento que, sin garantías previas, funcionará como un subsidio ciudadano a la ineficiencia histórica del sector, o si por fin ejerce su rectoría para exigir resultados antes de pasar la factura. Porque en las calles de Puebla la conclusión de los usuarios ya está escrita: el pasaje lleva años siendo demasiado caro para la calidad del servicio que se recibe.
