
Víctor de Regil
Las cifras oficiales suelen tener una cualidad hipnótica. Cuando el discurso público se llena de millones de personas que abandonan una categoría estadística, la tentación de celebrar un triunfo histórico es casi irresistible. Según las estimaciones del Banco Mundial retomadas por el gobierno federal, para el cierre de 2026 un total de 17.3 millones de mexicanos habrán dejado atrás la pobreza por ingresos respecto a 2018. En el papel, el porcentaje de población en esa condición pasaría de 35.3 % a 20 %. El dato es contundente y, para la narrativa oficialista, representa la validación definitiva de su modelo económico. Sin embargo, mirar la realidad social de México únicamente a través de la línea del ingreso es como medir la salud de un paciente solo con el termómetro, ignorando el resto de sus signos vitales.
Nadie puede regatear el efecto inmediato que han tenido dos políticas centrales de los últimos ocho años: la recuperación sostenida del salario mínimo y la expansión masiva de los programas sociales mediante transferencias directas. Para millones de hogares, contar con mayor liquidez mensual ha significado la diferencia entre el apremio diario y un margen mínimo de respiro. Desde una perspectiva estrictamente monetaria, más dinero en el bolsillo empuja a las familias por encima del umbral que define quién es pobre y quién no. El problema surge cuando se confunde ese alivio financiero con una transformación estructural de las condiciones de vida.
La primera grieta en este optimismo estadístico aparece al distinguir entre pobreza por ingresos y pobreza multidimensional. En México, la medición integral exige evaluar no solo cuánto gana una persona, sino si tiene acceso efectivo a derechos básicos como salud, educación, seguridad social, vivienda digna y alimentación. Es precisamente en el terreno de los bienes públicos donde el relato del éxito empieza a hacer agua. Mientras las transferencias monetarias crecen, millones de mexicanos enfrentan un sistema de salud pública fragmentado, con desabasto recurrente de medicamentos y tiempos de espera que obligan a las familias más vulnerables a gastar de su propio bolsillo en consultorios privados o farmacias. De poco sirve cruzar la línea de bienestar económico si una enfermedad grave o una emergencia médica basta para devolver al hogar al punto de partida.
El segundo punto ciego es la calidad del empleo que sostiene esta mejora. Una parte mayoritaria de la fuerza laboral en el país sigue operando en la informalidad, sin contratos estables, sin ahorro para el retiro y sin protección ante crisis económicas o accidentes. Cuando los ingresos dependen en gran medida de un mercado laboral precario y de apoyos gubernamentales financiados con recursos públicos cada vez más presionados, la salida de la pobreza se vuelve reversible. No estamos frente a una clase media consolidada con movilidad social ascendente, sino frente a una franja de población que flota apenas unos pesos por encima del umbral oficial, vulnerable a cualquier repunte inflacionario o desaceleración económica.
A esto se suma el debate sobre la sostenibilidad fiscal y la productividad. Redistribuir recursos es una función legítima y necesaria del Estado, pero la historia económica demuestra que las transferencias no sustituyen al crecimiento sostenido ni a la inversión en infraestructura, educación de calidad e innovación. Sin un aumento real en la productividad del país, el margen financiero para sostener y ampliar el gasto social se estrecha año con año. Apostar todo al consumo impulsado por decretos salariales y subsidios directos, sin resolver los cuellos de botella en energía, seguridad y estado de derecho, limita el techo del desarrollo nacional.
Por supuesto, los defensores del modelo actual argumentan con razón que durante décadas el crecimiento económico por sí solo no permeó hacia abajo y que atender primero a los sectores más rezagados era una deuda histórica impostergable. Esa crítica al pasado tiene sustento, pero no exime al presente de rendir cuentas sobre la profundidad y permanencia de sus resultados. Celebrar que millones de personas cruzan una línea estadística mientras persisten el rezago educativo, la inseguridad patrimonial y la precariedad sanitaria es quedarse a mitad del camino.
