Victor de Regil
Puebla registró una disminución del 21.1% en el número de homicidios dolosos durante el primer semestre de 2026 en comparación con el mismo periodo del año anterior, según los datos más recientes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Entre el 1 de enero y el 24 de julio de este año, la entidad acumuló un total de 370 víctimas por este delito de alto impacto.
Los reportes oficiales revelan un cambio significativo en la tendencia de la violencia letal en el estado. El promedio diario de asesinatos se redujo prácticamente a la mitad, pasando de 3.97 casos al día en 2025 a 1.98 casos diarios en los primeros seis meses de 2026. Junio se consolidó como el mes con menor incidencia delictiva en este rubro de los últimos 11 años, al contabilizar únicamente 47 víctimas, lo que representó una caída del 37.3% respecto al mismo mes del año pasado.
A pesar de la tendencia general a la baja, la distribución geográfica de los casos muestra que la violencia se mantiene focalizada en regiones específicas de la entidad. Las carpetas de investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) detallan el mapa de la incidencia:
La Mixteca Poblana, se posiciona como la zona más vulnerable, concentrando 54 homicidios (17.6% del total regional); Sierra Norte (Huauchinango y Xicotepec): Suma un acumulado de 35 casos confirmados y la región de Tehuacán: Registra 34 víctimas en lo que va del año.
El Gobierno de Puebla atribuyó estos resultados operativos a la implementación de estrategias coordinadas con las fuerzas de seguridad federales, enfocadas en el despliegue de inteligencia y el reforzamiento de cuadrantes carreteros y municipios colindantes con otros estados.
Sin embargo, detrás del optimismo numérico que presume la administración estatal, existen eventos violentos de alto impacto que contradicen el discurso de pacificación. Un ejemplo crítico ocurrió el pasado 17 de mayo en el municipio de Tehuitzingo, ubicado en la Mixteca, donde un comando armado acribilló a diez personas en las primeras horas del día. Este ataque múltiple evidenció la presencia y libre operación de grupos delictivos ligados al crimen organizado que disputan el control territorial en los límites con el estado de Guerrero, provocando incluso el desplazamiento forzado de familias en el interior del estado.
Asimismo, la entidad ha vuelto a colocarse bajo el escrutinio nacional e internacional debido al recrudecimiento de la violencia contra el gremio periodístico. El pasado 16 de julio de 2026, el comunicador Josué Martínez Contreras, director del portal Noticias San Martín Texmelucan, fue asesinado a tiros por motociclistas frente a su hijo de 13 años. El homicidio de Martínez, que representó el sexto caso de un periodista asesinado en el país en lo que va del año, obligó a la FGE a una pronta intervención que derivó en la detención del presidente auxiliar de San Lucas Atoyatenco, Javier Montalvo Juárez, como presunto participante en el crimen. Pese al arresto, organismos internacionales como el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) han exigido una revisión profunda de los mecanismos de protección estatal.
A la par de la violencia letal, la delincuencia común sigue lacerando la cotidianidad de las zonas urbanas. De acuerdo con el corte del SESNSP a finales de julio, Puebla sumó un acumulado de 41 mil 61 delitos del fuero común durante el primer semestre. El principal dolor de cabeza para la zona metropolitana se concentra en el robo al transporte público. Cifras de la Fiscalía revelan que tan solo en la capital poblana se denuncian más de cuatro asaltos diarios a pasajeros, posicionando al municipio en el primer lugar nacional en este rubro de incidencia. Esto ha provocado que fuerzas políticas de oposición exijan formalmente la remoción de los mandos policiacos municipales ante la falta de resultados tangibles en las calles.
Este panorama ha generado un serio quiebre en la percepción ciudadana. La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana emitida por el INEGI reveló que, durante junio de 2026, el 81.3% de la población de Puebla capital manifestó sentirse insegura. El dato sitúa a la Angelópolis en el octavo puesto de las ciudades con mayor percepción de vulnerabilidad en todo el país, muy por encima de la media nacional del 59.8%. Los asaltos violentos, el abandono de cuerpos humanos embolsados en la periferia de la ciudad y las constantes balaceras eclipsan por completo los balances de las «mañaneras» gubernamentales.
La reducción matemática de los homicidios en Puebla durante 2026 es, sin duda, un indicador positivo para las políticas de seguridad pública y un respiro en las métricas oficiales. Sin embargo, el desafío de la violencia no se agota en el conteo de carpetas de investigación. La persistencia de crímenes de alto impacto en zonas clave como la Mixteca o el norte del estado demuestra que las estructuras delictivas locales mantienen capacidad de operación, lo que perpetúa una brecha profunda entre el optimismo de los datos gubernamentales y la percepción de vulnerabilidad que vive el ciudadano en las calles. La verdadera pacificación del estado dependerá de transformar esta baja estadística en una tranquilidad real, sostenible y perceptible para la comunidad.