Victor de Regil
La estabilidad económica de las micro y pequeñas empresas en el estado de Puebla enfrenta una de sus peores crisis en los últimos años. Durante el primer trimestre de 2026, la entidad registró el cierre definitivo de 6,276 establecimientos comerciales y de servicios. Esta cifra representa un alarmante incremento del 51.6% en comparación con el mismo periodo del año anterior, encendiendo las alertas entre los sectores patronales y las dependencias de economía loca.
De acuerdo con los datos oficiales más recientes de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), presentados por el Inegi, la pérdida de unidades económicas ha golpeado de manera directa al autoempleo y al comercio minorista, los cuales fungen como el principal motor de ingresos para miles de familias poblanas.
El reporte estadístico detalla que las condiciones del mercado actual y la asfixia financiera fueron los detonantes para que los comerciantes decidieran bajar sus cortinas de manera permanente. El factor principal fue la excesiva competencia combinada con bajas ventas, una fórmula que llevó a la quiebra a 2,326 establecimientos.
Asimismo, la baja rentabilidad obligó a otros 2,128 negocios a liquidar sus operaciones al registrar ingresos muy por debajo de los costos mínimos de mantenimiento. A este escenario se suma el fenómeno de la gentrificación comercial y el incremento desmedido en los arrendamientos. En corredores comerciales clave del municipio de Puebla y el Centro Histórico, los alquileres mensuales de los locales alcanzan montos de entre 20,000 y 30,000 pesos, una cifra que se volvió completamente impagable ante la desaceleración del consumo local.
La Canirac delegación Puebla reportó que, tan solo en este arranque de año, al menos 60 restaurantes y unidades de preparación de alimentos quebraron formalmente en la capital y en la zona metropolitana de San Andrés Cholula. Los empresarios del rubro señalaron que la inflación en los insumos básicos y la severa escasez de personal operativo terminaron por colapsar a negocios emblemáticos ubicados en las zonas de la Avenida Juárez, Huexotitla y la colonia La Paz.
A la par de la crisis financiera que viven los comercios, el Ayuntamiento de Puebla ha endurecido las medidas de supervisión a través de la Dirección de Normatividad y Regulación Comercial. Esta estrategia ha derivado en una ola de clausuras temporales y definitivas que los comerciantes consideran «excesiva» en tiempos de vacas flacas.
Uno de los golpes más mediáticos ocurrió en el corazón del Centro Histórico, donde las autoridades municipales clausuraron locales comerciales en recintos de alta afluencia como la Plaza de la Tecnología. Los sellos de suspensión fueron colocados debido a la falta de licencias de funcionamiento vigentes, la carencia de dictámenes de Protección Civil y la falta de regularización de los permisos de uso de suelo.
Por otra parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en coordinación con Normatividad, mantiene activo el operativo permanente contra los denominados «giros negros». Estas supervisiones semanales han concentrado sus esfuerzos en la periferia de las universidades y zonas residenciales, acumulando decenas de clausuras de bares, antros y centros nocturnos que operaban de forma irregular, vendían bebidas alcohólicas adulteradas o carecían de la documentación oficial requerida para su funcionamiento.
La combinación de una inflación persistente, costos operativos elevados y una fiscalización municipal estricta dibuja un panorama complejo para el resto del año. Los representantes de las cámaras de comercio locales han hecho un llamado urgente al gobierno estatal y municipal para implementar mesas de trabajo, subsidios temporales o prórrogas fiscales que frenen la mortandad de negocios antes de que la pérdida de empleos se vuelva irreversible.
La crisis actual en Puebla obliga a repensar la relación entre el gobierno, el mercado inmobiliario y el sector privado. La reactivación económica no se logrará únicamente endureciendo las reglas normativas ni esperando a que el libre mercado regule rentas abusivas de hasta 30,000 pesos en zonas históricas. Se requiere, con urgencia, una política pública que proteja activamente al microempresario. Si las autoridades y las cámaras de comercio no logran estructurar una red de apoyo real las calles de Puebla seguirán llenándose de letreros de «Se Renta», dejando en evidencia que el costo de mantener un negocio vivo en la capital se ha vuelto un lujo que muy pocos se pueden permitir.