El próximo 10 de abril, se realizará la primera consulta popular relativa a la revocación de mandato de un presidente de la República. Sin duda, será la gran prueba para Morena y para López Obrador.
Desde luego, no por el hecho de que esté realmente en juego la permanencia de AMLO en su cargo. De lo que se trata es de la capacidad de Morena y sus aliados para llevar electores a las urnas.
Y es que, desde que se promovió la legislación respecto a este tema, la visión de López Obrador fue usar el mecanismo para fortalecerse.
Ni siquiera los más optimistas de Morena tienen el objetivo de que la asistencia a las mesas de votación pudiera acercarse al límite legal para hacer vinculatorio el resultado. Ello requeriría la asistencia a las urnas de 37.5 millones de votantes. No hay manera ni siquiera de aproximarse a esa cifra.
En realidad, de lo que se trata para el presidente es de mostrar músculo político-electoral, es decir, hacer manifiesto que Morena y sus aliados siguen contando con la capacidad para movilizar a millones de personas.
Como se ha dicho insistentemente, este proceso no tiene que ver con la revocación de mandato sino con el apoyo al presidente López Obrador. Desde hace meses eso es lo que está en juego. Y para ese apoyo, lo relevante no será el resultado sino el nivel de participación.
Por esa razón, el liderazgo de Morena y el propio presidente López Obrador se han molestado tanto con los límites legales establecidos por una ley que el propio partido en el gobierno aprobó y que han sido aplicada por el INE.
¿Cuál puede ser un nivel de participación que Morena y AMLO consideren como un éxito? No sabemos, pero quizá si no se llega a 10 millones de votantes, el resultado sería claramente un fracaso. Eso implicaría 10.6 por ciento del padrón.
La referencia con la que contamos para una consulta es la asistencia de 6.5 millones de electores en la consulta realizada en agosto del año pasado, presuntamente sobre el juicio a expresidentes.
Llegar a 10 millones ahora implicaría aumentar en 54 por ciento el nivel de participación.
Equivale a que haya 192 electores por casilla instalada. Solo para dar una referencia, en las elecciones federales de 2021 hubo en promedio cerca de 300 electores por casilla y en la consulta de agosto hubo alrededor de 125.
Morena y su liderazgo saben que es mucho lo que se juegan en este proceso. Y en contra de lo que creían, tienen más que perder que lo que pueden ganar.
Si la asistencia a las urnas es apenas superior a la que se registró en la consulta de agosto del año pasado, se percibirá como un fracaso.
Si se lograra que hubiese un nivel de participación, digamos de 15 por ciento del padrón y acudieran 14 millones de electores a votar, se consideraría exitosa.
Obviamente, el presidente y Morena ya tienen preparada la respuesta ante la posibilidad de que la asistencia a las mesas de votación sea baja.
Se echará la culpa al INE y se dirá que ha existido un intento deliberado de la autoridad electoral para bloquear la participación de la ciudadanía.
Como secuela de ese hecho, en el periodo de sesiones que comienza en abril se presentaría la propuesta de reforma constitucional en materia político electoral para cambiar al INE y reducir el financiamiento público a los partidos, así como reducir el número de diputados plurinominales, entre otras cosas.
Cuando se observa todo este contexto se entiende el porqué de los llamados que ahora hace Morena a participar, independientemente del sentido del voto.
La oposición no ha jugado en este proceso con el objetivo de generar una respuesta negativa a la permanencia de López Obrador en la presidencia de la República, sino más bien para lograr que sean pocos los electores que participen en el proceso.
Así como una baja asistencia implicaría una derrota para Morena, también sería un triunfo para los opositores que alentaría tanto a sus candidatos a gobiernos estatales para junio de este año como a quienes busquen que haya una candidatura única a la presidencia en el año 2024.