Victor de Regil
Recordemos que, en semanas pasadas, fue el edil de Cuautempan, Gerardo Cortés Caballero; ahora, el de Ahuazotepec, Alfredo Ramírez Hernández, cuya vivienda fue cateada por la FGE y su hijo Tadeo, detenido por venta y distribución de drogas, y posesión de armas de uso exclusivo del Ejército. Las alarmas están encendidas, pues cada vez son más los presidentes municipales de Puebla relacionados directa o indirectamente con la delincuencia organizada. Lo que era una excepción, o casos aislados, hoy ya es moneda corriente.
Los criminales buscan cooptar o atemorizarlos, o pactar con ellos/ellas, a fin de obtener protección, refugio, y libertad de movimiento para seguir realizando sus fechorías, con el acuerdo de los jefes policiacos locales. Y lamentablemente no son pocos los que aceptan llegar a oscuros arreglos de complicidad con los cárteles, pues ello les garantiza no sólo jugosos beneficios económicos para ellos y sus familiares y allegados, sino control político de sus comunidades. Son el eslabón más débil y por tanto, el más susceptible de colaborar con los delincuentes.
El fenómeno no es exclusivo de ediles de un solo partido político, como algunos suponen. Han caído de todos los signos y colores, y la situación ya es verdaderamente preocupante para la gobernabilidad del estado.
Ya lo ha reconocido el propio gobernador Alejandro Armenta, a la luz de lo sucedido en Ahuazotepec, comentó: “Cada vez que me reúno con un presidente municipal les digo que se apeguen a la ley y que no le hagan ojitos a los delincuentes, que denuncien”.
Lo que respecta al edil de Cuatempan, en cuyo domicilio se encontraron armas y drogas, está virtualmente prófugo de la justicia. El presidente municipal de Ahuaztotepec, se sabe que, tras la detención de su hijo, quien fungía como director del DIF, solicitó licencia temporal por “motivos de salud”.
La Fiscalía ha confirmado el aseguramiento de armas, cartuchos, marihuana, cristal y documentos durante el operativo realizado el pasado viernes. Versiones extraoficiales vinculan a Alfredo Ramírez Hernández y a su hijo con el grupo criminal “Los Diablitos”, dedicado a delitos como secuestro, extorsión, robo de combustible y lavado de dinero mediante el sistema de criptomonedas.
Por lo que se ve, ya son pocos los ediles que resisten la tentación a los criminales. En febrero pasado, el edil de Izúcar de Matamoros, Eliseo Morales, fue sumamente claro al respecto. En diversas entrevistas con medios de comunicación, Dijo: “Solo le pido a Dios no ser parte de las cifras de presidentes asesinados y que no quede solamente en una carpeta de investigación. “Yo invito a los delincuentes, a los maleantes, que si quieren trabajar, que se vayan a otro municipio, porque aquí no los vamos a tolerar. “Yo recibo muchas amenazas diarias, que me van a matar, que esto que lo otro. Pues bueno, cuando uno se alquila tiene que aguantar eso y mucho más. “Te amenazan, te advierten, te persiguen, siempre tratando de hacer que dejes de hacer lo que estás haciendo. “Me dicen que no me meta con tal persona, con los que vende esto o lo otro”.
Pero no solo se trata de esos casos de Cuautempan y Ahuazotepec, hay otros tres alcaldes bajo investigación por presuntos vínculos con actividades ilícitas. Dos de ellos fueron detenidos y vinculados a proceso, mientras que el otro permanece prófugo de la justicia.
Se trata de los hermanos Uruviel, Giovanni y Ramiro González Vieyra, quienes gobernaban los municipios de Ciudad Serdán, Tlachichuca y San Nicolás Buenos Aires. Ya desde finales del año pasado, todavía como gobernador electo, Alejandro Armenta había tomado nota tras ser informado de que varios alcaldes y alcaldesas constantemente reciben amenazas, chantajes y extorsiones por parte de delincuentes, que buscan operar a manos libres.
Desde entonces les pidió: “no doblarse”. Y señaló: “Por favor, no digan nada, dennos datos y hablen con el secretario (de Seguridad Pública), Francisco Sánchez. Pero no se doblen, por favor presidentes municipales”.
Hoy, tras los últimos casos, ha reiterado su llamado en ese sentido.
En Puebla son cada vez más las evidencias y dejaron de ser meras sospechas de vínculos directos de presidentes municipales con el crimen organizado. Alcaldes que quemaron sus naves y decidieron ser narcoalcaldes, ya sea porque cedieron a las amenazas de los grupos interesados en controlar la plaza o porque simplemente encontraron una gran oportunidad de enriquecerse aliándose a los criminales.
El fenómeno comenzó hace varios años, en un lento pero sostenido proceso de degradación institucional. Hoy, sin embargo, ya adquirió carta de naturalidad. Nada se gana intentando tapar el sol con un dedo. Urgen leyes, golpes de timón y una limpia generalizada para curar lo que empezó como una pequeña infección y hoy es una gangrena.