Por Alejandrina Saguchi Q.
Mexicali, B.C.– Tras años de esfuerzo, sacrificios económicos y metas cumplidas, cientos de egresados de universidades privadas en Baja California enfrentan una última y lamentable aduana: la retención arbitraria, los cobros excesivos no autorizados y las dilaciones burocráticas para obtener su título profesional.
Frente a esta impune anomalía, la diputada María Teresa Méndez Vélez presentó una reforma a la Ley de Educación del Estado para sancionar con multas de hasta 821 mil pesos a las instituciones privadas con RVOE que obstaculizan o lucran con la entrega de esta documentación.
La iniciativa cobra sustento en el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que equipara a estas escuelas con autoridades responsables para efectos del juicio de amparo cuando violentan los derechos de los alumnos.
Sin embargo, endurecer las multas en el Congreso del Estado, es apenas el primer paso. El verdadero reto involucra directamente a tres actores clave:
Las autoridades educativas de la nación como las del Estado , deben estar obligadas a realizar una inspección permanente, dejar de lado la tibieza, abandonar la pasividad de escritorio e implementar supervisiones rigurosas que vigilen, auditen y verifiquen el cumplimiento estricto de los tiempos de entrega e incluso, la sanción debe considerar el retiro del reconocimiento oficial de estudios a las universidades privadas infractoras.
Los Congresos federal y locales: Deben legislar sin menoscabo ni concesiones, asegurando un marco legal punitivo y contundente que elimine los huecos de impunidad mercantilista.
La sociedad civil, colegios de profesionistas y familias: Este problema nos atañe a todos. La parálisis laboral y educativa de los jóvenes frena el desarrollo personal y regional, golpea la economía familiar e impacta en la competitividad productiva.
Exigir la titulación expedita es defender el Estado de Derecho, el crecimiento personal de nuestros jóvenes y el futuro productivo de la comunidad.
Obtener un título profesional no debe convertirse en un calvario ni en una extorsión tras haber concluido satisfactoriamente los estudios en las aulas.
La justicia académica para la juventud exige vigilar, sancionar y cumplir. De otra manera, sin fiscalización real por parte de las autoridades, la ley para algunas universidades privadas seguirá siendo letra muerta. Lo que por ningún motivo , debemos permitir.
La autora, es licenciada en Comunicación, licenciada en Periodismo y maestra en Comunicación Política. Fue galardonada con el Premio México de Periodismo Ricardo Flores Magón 2016, otorgado por la FAPERMEX y el CONALIPE. En 2009, el INMUJERBC la reconoció como “Comunicadora Destacada y por su Servicio a la Comunidad”, y en 2011 el Poder Legislativo la incluyó en el Muro de Honor de la “Sala Mujeres de Baja California, Forjadoras de la Patria”. En enero de 2026, la Asociación de Periodistas Unidos por el Glifo y la Palabra A. C. distinguió su eficaz labor periodística.
Actualmente es columnista, analista política y generadora de contenidos.