
Victor de Regil
A lo largo de 2026, la movilidad en la zona metropolitana de Puebla y sus principales corredores carreteros se ha visto sometida a una constante presión por parte de diversos sectores sociales, gremiales y civiles. De acuerdo con reportes periodísticos difundidos durante el primer semestre del año, los bloqueos y manifestaciones en la entidad registraron un repunte superior al 130 por ciento en comparación con ciclos previos, convirtiendo el cierre de vialidades en el principal mecanismo de exigencia frente a las autoridades estatales y federales.
La escalada de inconformidad comenzó desde el primer trimestre y se agudizó en abril, cuando organizaciones agrícolas y campesinas protagonizaron paros nacionales con impacto directo en territorio poblano. Productores del campo cerraron tramos de la autopista México-Puebla y carreteras federales para reclamar el abandono al sector rural, el encarecimiento de los insumos y la falta de apoyos gubernamentales. Estas movilizaciones provocaron filas kilométricas de transporte de carga y pasajeros, afectando el intercambio comercial entre el centro y el sureste del país.
Para el mes de junio, el protagonismo en las calles y autopistas pasó al sector del autotransporte. Integrantes de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC) y agrupaciones locales ejecutaron cierres estratégicos el 24 de junio en la autopista México-Puebla y accesos clave de la capital. Los operadores exigieron un freno a la inseguridad en las carreteras, el cese a los robos con violencia en los tramos de San Martín Texmelucan y Esperanza, así como el fin de presuntos abusos y extorsiones por parte de corporaciones policiales y servicios de grúas.
Durante el otoño, la conflictividad vial lejos de disminuir entró en una fase de mayor frecuencia. El 26 de octubre, transportistas volvieron a paralizar puntos neurálgicos como la caseta de San Martín Texmelucan y el Periférico Ecológico a la altura de Chachapa, sumándose a una jornada nacional en demanda de vigilancia carretera, mantenimiento de infraestructura y estímulos fiscales. A estas acciones se sumaron de forma intermitente manifestaciones de organizaciones políticas como Antorcha Campesina, cuyos integrantes realizaron concentraciones y amagos de cierre para exigir la regularización de unidades de transporte público y obras comunitarias.
El punto más crítico de la crisis de movilidad ocurrió el martes 10 de noviembre, cuando la capital poblana quedó prácticamente incomunicada durante más de cuatro horas debido a bloqueos simultáneos en al menos ocho vialidades principales. Grupos que se identificaron como familiares de personas privadas de la libertad en el Centro de Reinserción Social (CERESO) de San Miguel cerraron con quema de llantas y vehículos la autopista México-Puebla en Xoxtla, la caseta de la Vía Atlixcáyotl, el Periférico Ecológico frente al C5, el Camino al Batán y cruces céntricos como Avenida Reforma y el bulevar 5 de Mayo. Los inconformes denunciaron redes de extorsión al interior del reclusorio y exigieron la destitución de su director.
Este último episodio desató un fuerte debate político luego de que el gobernador Alejandro Armenta Mier denunciara que la movilización del 10 de noviembre operó como un montaje financiado para generar caos. El mandatario exhibió fotografías de individuos encapuchados y portando armas de uso exclusivo del Ejército durante los cierres, asegurando que hubo pagos de 400 pesos por persona para mantener bloqueada la ciudad por un lapso de dos horas. Aunque anunció una revisión integral del penal de San Miguel con fuerzas federales y el traslado de internos de alta peligrosidad, el episodio dejó en evidencia la vulnerabilidad de la infraestructura vial poblana, que además enfrenta la amenaza de un nuevo megabloqueo nacional de transportistas y campesinos convocado para el próximo 24 de noviembre.
