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Se persiguen delitos de mayor impacto como la extorsión, el tráfico de fentanilo, facturas falsas, lavado de dinero, tráfico de armas y feminicidio; el fortalecimiento institucional para la persecución del delito con la Guardia Nacional, la UIF y el Sistema Nacional de Inteligencia en Seguridad Pública; la transformación del Poder Judicial con la elección democrática de ministros, magistrados y jueces, la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, la reducción de tiempos en los juicios, la evaluación obligatoria de juzgadores y la eliminación de abusos en suspensiones de amparo.
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