Víctor de Regil
La publicación de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2026 por parte del INEGI no representa una simple actualización estadística; funciona como el termómetro más implacable de la realidad que se vive en las calles de México. Los datos de esta edición, enfocados en los delitos ocurridos durante 2025 y la percepción social medida a inicios de 2026, revelan que el país sigue atrapado en una inercia donde la delincuencia se normaliza y el Estado parece rebasado. Que el 28.5 % de los hogares mexicanos cuente con al menos una víctima de un delito es el reflejo de un tejido social profundamente fracturado, donde el miedo se ha convertido en un inquilino permanente en casi un tercio de las viviendas del territorio nacional.
Las tasas de victimización presentadas, más de 23 mil víctimas por cada 100 mil habitantes, evidencian que los discursos oficiales de pacificación chocan drásticamente con la cotidianidad ciudadana. El fraude, la extorsión y el asalto en la vía pública o el transporte público no son anomalías aisladas, sino los motores de una economía criminal que drena los bolsillos de la población y vulnera su tranquilidad física. Esta delincuencia de proximidad erosiona de manera sistemática la confianza colectiva; ya no se trata únicamente del impacto de las grandes organizaciones criminales, sino de una violencia hormiga, constante y omnipresente que altera los horarios, las rutas y las dinámicas comerciales de millones de personas.
Sin embargo, el dato más devastador y vergonzoso de la ENVIPE 2026 vuelve a ser la cifra negra: un alarmante 93.4 % de los delitos cometidos se quedó en la sombra, sin denuncia o sin la apertura de una carpeta de investigación. Este subregistro no es una simple negligencia ciudadana; es una declaración explícita de desconfianza hacia las instituciones encargadas de procurar justicia. La ciudadanía no acude al Ministerio Público porque entiende que el proceso representa una pérdida de tiempo, recursos y, en ocasiones, un riesgo extra. El dato que fulmina cualquier intento de optimismo institucional es contundente: únicamente 1 de cada 100 delitos cometidos en México alcanza una resolución positiva para la víctima. En un sistema donde la probabilidad de ser castigado es del 1 %, el crimen no solo resulta rentable, sino que opera con una virtual garantía de inmunidad.
Puebla ofrece un laboratorio social preocupante que combina los peores rasgos del abandono institucional y la delincuencia organizada. A pesar de los esfuerzos por posicionar a la entidad como un oasis de tranquilidad en el centro del país, la realidad de la periferia poblana, la zona metropolitana y el convulso Triángulo Rojo cuenta una historia distinta.
En Puebla, el asalto al transporte público y el robo a transeúntes dictan la pauta del miedo diario para miles de estudiantes y trabajadores, mientras que delitos con un alto impacto económico y psicológico, como el fraude y la extorsión telefónica, han florecido ante la complacencia o la incapacidad de respuesta de las fiscalías locales. La persistencia de las economías ilícitas ligadas al robo de combustible y de transporte de carga en las carreteras poblanas no solo eleva la percepción de inseguridad, sino que permea hacia la delincuencia común, dejando a la población en una indefensión alarmante.
El panorama que dibuja la ENVIPE 2026 obliga a una autocrítica profunda que vaya más allá del rediseño de patrullajes o el despliegue de cuerpos policiales militarizados. Las estrategias de seguridad pública seguirán fracasando mientras se ignore el colapso del sistema de justicia. Mientras las fiscalías locales continúen operando como elefantes blancos orientados a la burocracia y no a la investigación científica, las calles seguirán perteneciendo a la ilegalidad. Reducir la cifra negra requiere de un rediseño total de los mecanismos de denuncia, simplificando los procesos y erradicando la revictimización. La seguridad mexicana no se resolverá con propaganda, sino recuperando ese 99 % de delitos que hoy quedan impunes, devolviéndole a la ciudadanía la certeza de que la ley, en algún momento, volverá a protegerlos.