Por Ismael Rojas Cuellar
El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Pavel Gaspar Ramírez, sostuvo que la vida privada de los funcionarios públicos debe mantenerse separada de sus obligaciones institucionales, luego de la polémica generada por el matrimonio de la alcaldesa de Acatlán de Osorio, Guadalupe Lucero Bárcenas, con quien fuera su secretario de Seguridad Pública.
El legislador señaló que respeta las decisiones personales de cada servidor público; sin embargo, consideró que quienes ocupan un cargo de elección popular deben mantener como prioridad la atención de las necesidades de la ciudadanía y el cumplimiento de la encomienda que recibieron en las urnas.
Gaspar Ramírez indicó que no busca emitir un juicio sobre la vida privada de la presidenta municipal, aunque reconoció que el caso ha provocado opiniones divididas entre los habitantes de Acatlán de Osorio, en medio del conflicto político que enfrenta el municipio.
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El coordinador del Congreso reiteró que corresponde a cada actor político valorar si sus decisiones personales pueden afectar el desempeño de sus funciones públicas, al insistir en que el servicio a la población debe prevalecer sobre cualquier asunto de carácter particular.
Las declaraciones ocurren mientras el Congreso del Estado mantiene en análisis el procedimiento relacionado con la solicitud de revocación de mandato promovida contra la alcaldesa de Acatlán, proceso que, de acuerdo con el Poder Legislativo, será resuelto con apego a la ley y mediante la revisión de las pruebas que presenten las partes involucradas.