Paulina Camargo, la justicia relegó

Víctor de regil

 

El veredicto en el caso de Paulina Camargo demuestra que la justicia lenta no es completamente justa, pero es el inicio de la verdad.

El fallo condenatorio contra José María «Chema» Sosa emitido por el Poder Judicial de Puebla, tras declarar culpable al acusado por el delito de desaparición cometida por particulares, representa un alivio parcial para una familia rota.

Sin embargo, también deja al descubierto las graves carencias del sistema penal mexicano. El precio de una década en la sombra.

Tuvieron que transcurrir casi 11 años de burocracia, amparos y dilaciones para que un tribunal poblano determinara la culpabilidad del sospechoso.

Recordemos que Paulina Camargo Limón desapareció el 25 de agosto de 2015 con 19 años de edad y un embarazo de cuatro meses. Desde ese día, el dolor de sus padres se transformó en una exigencia permanente en las calles de Puebla que clamaban justicia y el no olvido.

Por ello, es que este veredicto deja varias lecciones fundamentales sobre el significado real de lo que es la justicia en México: La resistencia social empuja las sentencias. Si el caso no quedó en el olvido absoluto, fue por el plantón permanente, los 50 amparos interpuestos por la familia y el apoyo de colectivos como El Taller.

El tiempo es el peor enemigo de las víctimas, pues una resolución que tarda más de una década en llegar pierde su efecto reparador y perpetúa la impunidad psicológica. La condena penal no sustituye a la verdad. El culpable enfrentará la cárcel, pero el paradero de Paulina y su hijo sigue siendo un misterio. ¿Es este un cierre definitivo? No puede ser, pues el cuerpo de Paulina debe ser entregado, en algún momento, a sus familia para que la justicia sea completa.

Para la madre de la víctima, Rocío Limón, la declaración de culpabilidad es un avance histórico, pero hasta el momento es incompleto. El sistema judicial penal definirá la individualización de la pena y los años de prisión definitivos. La exigencia social apunta a la pena máxima de 50 años. Con ello se castiga el delito, pero el vacío humanitario permanece intacto.

La verdadera justicia para la sociedad poblana no llegará únicamente con el encierro del agresor en una celda y su condena definitiva. Llegará el día en que las instituciones investiguen desde el primer momento con verdadera perspectiva de género. Y, sobre todo, cuando penalizar la desaparición signifique también la obligación absoluta de encontrar a quienes nos faltan.