Victor de Regil
En una de las movilizaciones federales más contundentes de los últimos años contra la infiltración del crimen organizado en las estructuras gubernamentales locales, el Gobierno Federal un golpe definitivo a una red de delincuencia organizada que operaba con total impunidad en los límites de los estados de Puebla y Veracruz. El denominado «Operativo Enjambre», ejecutado de forma simultánea, ha derivado en la detención y formal vinculación a proceso de dos alcaldes en funciones, mandos policiales y operadores civiles, destapando una compleja red de corrupción, robo al autotransporte, extorsión y secuestro.
La estrategia, diseñada minuciosamente desde el centro del país por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana bajo la conducción de Omar García Harfuch, en estrecha colaboración con la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Guardia Nacional, marca un punto de inflexión en la política de seguridad nacional. El objetivo central no solo ha sido la neutralización de los brazos armados de los carteles, sino el desmantelamiento de los nexos políticos y de protección institucional que permitían el control absoluto de las rutas comerciales más importantes de la región centro-sur del país.
La madrugada del pasado 7 de septiembre de 2026, el corredor vial que conecta el estado de Puebla con Veracruz se transformó en un escenario de despliegue táctico militar y ministerial sin precedentes. Más de 200 elementos de las fuerzas federales se movilizaron de manera coordinada para ejecutar 23 órdenes de cateo emitidas por jueces de control especializados. La sorpresiva incursión impidió cualquier intento de filtración o fuga por parte de los objetivos criminales, quienes confiaban en los esquemas de protección que ellos mismos controlaban desde los palacios municipales.
El principal foco de atención se centró en el municipio de Esperanza, un punto geográfico crítico debido a su colindancia con la autopista Puebla-Orizaba, catalogada históricamente como una de las rutas más peligrosas para el sector del transporte de carga en el país. En este lugar, las fuerzas de seguridad cercaron las propiedades de las máximas autoridades civiles, desatando un operativo de captura que dejó en evidencia cómo el aparato del Estado municipal se había puesto completamente al servicio de una célula delictiva conocida como «Los Zúñiga».
Entre los capturados destaca la figura de Isaac Rodríguez, alcalde del municipio de Esperanza, quien fue asegurado en su demarcación territorial junto con su hermano Manuel «N» y la exdirectora de Seguridad Pública Municipal, Abigail «N». De acuerdo con los informes de inteligencia criminal presentados por la FGR, Rodríguez Ochoa utilizaba su influencia política y la fuerza policial local para brindar cobertura a las actividades delictivas de «Los Zúñiga». La célula criminal operaba mediante el despojo violento de camiones de carga pesada, los cuales eran posteriormente resguardados y desvalijados en bodegas clandestinas del municipio para comercializar la mercancía y las autopartes en mercados negros de la región.
Casi de forma simultánea, otro contingente federal ejecutó la orden de aprehensión en contra de Said de Jesús Godos Luna, alcalde del municipio de Tepeyahualco. A diferencia de las imputaciones en Esperanza, a Godos Luna se le vincula directamente con la probable comisión de los delitos de secuestro exprés y robo de vehículo con violencia de manera sistemática. Las investigaciones apuntan a que el funcionario facilitaba la logística y el libre tránsito de convoyes delictivos a través de su territorio, utilizando unidades oficiales para realizar labores de vigilancia avanzada o «halconeo» contra transportistas y empresarios de la zona.
Tras el procesamiento inicial y la presentación de las pruebas recolectadas en los sitios de intervención, la situación jurídica de los implicados dio un paso decisivo el 16 de septiembre de 2026. Un Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio determinó la formal vinculación a proceso en contra del exalcalde de Esperanza, Isaac Rodríguez Ochoa, y de los otros 8 coacusados capturados en su círculo cercano.
La Fiscalía General de la República formuló imputaciones sólidas por los delitos de delincuencia organizada, robo al autotransporte federal de carga, extorsión agravada y portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Ante la gravedad de los delitos y el evidente riesgo de fuga o de interferencia en el desarrollo de las indagatorias, el juzgador federal impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, ordenando su reclusión inmediata en un penal de máxima seguridad.