Victor de Regil
Ya no cabe duda que en todos los niveles de gobierno los narcotraficantes y el crimen organizado ha tomado posiciones estratégicas para apoderarse, principalmente, de municipios del país. En el caso de Puebla son cada vez más las evidencias de vínculos directos de presidentes municipales con el crimen organizado.
Los motivos son diversos, pues muchos de ellos tuvieron que ceder a las amenazas de los grupos interesados en controlar la plaza o, en otros casos, porque simplemente encontraron una gran oportunidad de enriquecerse aliándose a los criminales. En cualquier caso, los que pierden son los ciudadanos y el estado, que poco a poco, como sucede en otros puntos del país, va claudicando y cediendo terreno a los delincuentes.
También es una realidad que el fenómeno comenzó hace varios años, en un lento pero sostenido proceso de degradación institucional. Hoy, sin embargo, ya adquirió carta de naturalidad.
Y es que, tan solo hace unos días, la hija del ex alcalde de Amozoc José Cruz Sánchez, Citlamina, fue detenida junto con su pareja sentimental, un sujeto llamado Marco y apodado “El Mono”, y quien no tendría nada de particular si no fuera líder del grupo delictivo conocido como “Los Monos”. Los hechos ocurrieron cuando elementos de seguridad federal hicieron una revisión a un vehículo en el que viajaba la pareja en la autopista Puebla-Veracruz.
En ese momento, la Guardia Nacional (GN) realizó una inspección y encontró armas y drogas. La hija del exedil y “El Mono” fueron detenidos, destapándose así una cloaca largamente anunciada en Amozoc, un municipio estratégica y geográficamente neurálgico, punto clave entre Puebla y Veracruz.
Recordemos que durante el periodo del exedil Sánchez Rojas (2014-2018), en esa cabecera se incrementaron la venta de drogas, el robo de combustible, los homicidios y la violencia en general.
Tampoco es una sorpresa que “El Mono”, de acuerdo con fuentes oficiales, está relacionado tráfico de sustancias ilícitas, extracción y comercialización de huachicol, y tráfico de personas.
Pero eso no es todo: este fin de semana, mediante un operativo conjunto entre autoridades federales y estatales, se llevó a cabo el decomiso de armas y drogas en propiedades de Gerardo Cortés Caballero, presidente municipal de Cuautempan por PT y Morena.
La Fiscalía de Puebla dio a conocer que el cateo se realizó de manera simultánea en diversos inmuebles en los municipios de Cuautempan y Ahuacatlán, propiedad del edil, donde se logró el aseguramiento de droga, armas de fuego, cartuchos útiles y vehículos.
La operación fue resultado de meses de labores de inteligencia y de campo tras diversos reportes de diversas actividades ilícitas en ambos municipios, principalmente extorsión, secuestro y portación de armas de uso exclusivo del Ejército Mexicano.
El alcalde Gerardo Cortés ya había llamado la atención de las autoridades debido a que era público que cobraba cuotas de hasta 500 pesos a comerciantes de la zona por dejarlos trabajar, pero investigadores de la FGE ya lo relacionaban con delitos como robo de mercancía a transportistas y venta y distribución de droga.
El presidente municipal de Cuautempan ha decidido poner tierra de por medio y se separó del cargo, aunque en los hechos es un prófugo de la justicia.
Será en los próximos días cuando se conocerá el verdadero alcance de los supuestos nexos de este edil con la delincuencia organizada.
¿Cómo es posible que los partidos políticos postulen a este tipo de perfiles para cargos públicos? ¿Qué tipo de controles o filtros aplican para impedir que el crimen organizado imponga alcaldes y regidores?
En Puebla, los narcoalcaldes no son una leyenda ni un invento de los medios de comunicación. Nada se gana intentando tapar el sol con un dedo. Urgen leyes, golpes de timón y una limpia generalizada para curar lo que empezó como una pequeña infección y hoy es una gangrena.