Victor de regil
En este año que termina, el Congreso de Puebla aplazó y dejó múltiples pendientes para aprobarse hasta 2026 mientras los diputados se van de vacaciones decembrinas. Entre la lista se encuentra la revocación de mandato, reconocimiento de las infancias trans, destitución de alcalde, iniciativas y la concesión de los paraderos.
En días pasados, el presidente de la Junta de Gobierno, Pavel Gaspar Ramírez, reconoció que el Poder Legislativo se enfocó en temas prioritarios al cierre de este año. Entre los que destacan las reformas presentadas por el gobernador Alejandro Armenta, el Paquete Económico 2026 y las Leyes de Ingresos de los 217 municipios. Así como la homologación de leyes con la Federación como la Ley Nacional contra la Extorsión y la
Sin embargo, se dejaron fuera del estudio iniciativas, solicitudes, concesión e incluso un ordenamiento realizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Por lo que será después del 15 de enero del próximo año cuando regresen de vacaciones que el Congreso de Puebla retome de nueva cuenta el análisis y estudio de todos los pendientes legislativos. Entre la lista se encuentran los siguientes.
Así, el presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso, Julio Huerta, indicó que en enero de 2026 iniciará el análisis de las reformas para la revocación de mandato. La iniciativa se presentó el 25 de julio a fin de establecer a nivel local el proceso para la revocación de mandato. Dentro de la propuesta se establece que la consulta se lleve a cabo cumplida la primera mitad del gobierno estatal. Además de que el Instituto Electoral del Estado (IEE) será el encargado de llevar a cabo la consulta. La iniciativa establece que una solicitud formal deberá de ser con el 10 por ciento de la lista nominal, de al menos 109 municipios. Asimismo, se determinó un plazo de 30 días para que el IEE determine la procedencia o improcedencia de la solicitud. Y para que sea vinculante, debe participar al menos el 40 por ciento de la Lista Nominal de la entidad.
En mayo de este año, el Congreso de Puebla recibió una solicitud del Cabildo de San Andrés Calpan, para destituir al alcalde Vicente Sánchez Méndez. Esto, después de ser acusado de violencia política en razón de género en contra de algunas regidoras.
Además, señalaron al edil morenista de nepotismo, corrupción y mal manejo de recursos públicos.
Sin embargo, aunque las regidoras acudieron a los tribunales electorales, estos rechazaron la solicitud. Por lo que la única vía se encuentra en el Congreso de Puebla.
Tras ser apercibidos por la SCJN, el Congreso de Puebla ingresó durante la última sesión del periodo ordinario, una iniciativa para reconocer a las infancias trans.
La reforma al Código Civil del Estado de Puebla busca permitir la emisión gratuita de actas de nacimiento conforme a la identidad autopercibida a partir de los 12 años. Gabriela Chumacero, impulsora de esta iniciativa rechazó que el Congreso esté en desacato. Después de que la SCJN dio un plazo de 20 días para legislar en torno a este tema.
Aunque ya se encontraba aprobada en comisiones, la Junta de Gobierno y Coordinación (Jugocopo) no incluyó dentro de la última sesión la iniciativa para concesionar los paraderos del transporte público en la capital.
Se tiene previsto que la concesión sea por diez años, donde la empresa ganadora de la licitación tendrá que pagar una contraprestación de 43 millones de pesos.
De los cuales, 15 millones de pesos se pagarán de forma inicial y los 23 millones restantes se distribuirán a lo largo del período concesionado.
Sin embargo, el contrato no obligará a la empresa a instalar cámaras de seguridad, ni botones de pánico, ni internet para su conexión con el C5. Pues, estos dispositivos se adquirirán con la contraprestación que reciba el gobierno municipal.
Una de las iniciativas pendientes del Congreso de Puebla por sus vacaciones es la que presentó el ejecutivo en la que se propone el mando único. Sin embargo, este solo aplicará cuando exista una solicitud por parte del Ayuntamiento o prevalezca la ausencia de policías. Las funciones del mando único serán:
La transparencia y la rendición de cuentas en la gestión y aplicación de los Fondos de Ayuda Federal destinados a los municipios, y Gobierno del Estado de Puebla. La formalización de instrumentos que definan las funciones operativas, administrativas y financieras, así como los mecanismos de supervisión y evaluación.
A esta iniciativa se le suma la iniciativa presentada por María de la Barreda Angón, para penalizar los arrancones en Puebla. La reforma planteada establece una pena máxima de seis años de prisión, multa de 600 unidades de medida. Así como la suspensión de la licencia de conducir hasta por cinco años.