Vìctor de Regil
A tan solo unos días de que se dictara la sentencia histórica de 60 años de cárcel contra Javier López Zavala, la exigencia de justicia toma una necesidad distinta. La abogada y activista Helena Monzón denunció a través de sus redes sociales que el exsecretario de Gobernación aún goza de influencias y tratos preferenciales dentro del penal de San Miguel. La hermana de Cecilia Monzón lanzó un mensaje contundente cuestionando la permanencia del feminicida en un centro estatal donde todavía “se le rinde pleitesía”.
Y es que, la denuncia surgió tras una visita reciente de la activista al centro penitenciario, donde fue testigo de conductas irregulares por parte del personal de custodia. En su cuenta de X, Helena Monzón publicó:
“¿Y ALMOLOYA, pa’ cuando??? #JusticiaParaCeciliaMonzon. Ahora que estuve por ahí, fui testigo de cómo algún ‘policía’ de San Miguel le rinde pleitesía a Javier López. No todos, cierto, pero me basta 1 para saber que si se atreven a eso en mi cara, es grave. #AltiplanoYa”.
Ante esto, la referencia a “Almoloya” que hace Monzón no es casualidad; se refiere al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 1, conocido popularmente como “El Altiplano”, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México. Este es el penal de máxima seguridad más importante del país, diseñado para recluir a delincuentes de alta peligrosidad y perfiles políticos que, por su nivel de influencia, representan un riesgo para la estabilidad de las cárceles estatales, como es el caso de López Zavala.
Esta exigencia de la familia Monzón coincide con los planes de la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla. El titular de la dependencia, el Vicealmirante Francisco Sánchez, ha confirmado que existe una intención firme de trasladar a Zavala a un penal federal. Según el funcionario, el traslado no se había concretado anteriormente debido a que el interno se encontraba en medio del proceso judicial; sin embargo, con la sentencia de 60 años emitida el pasado 31 de diciembre, los obstáculos legales para su reubicación han comenzado a disiparse.
La necesidad de este movimiento no solo responde a una cuestión de justicia, sino a la seguridad operativa del penal de San Miguel. Informes previos y quejas de familiares de otros internos han señalado que López Zavala ha intentado mantener el control de ciertos sectores del Cereso poblano, recurriendo presuntamente a prácticas de extorsión y aprovechando los vínculos políticos que construyó durante décadas. Para el Vicealmirante Sánchez González, el traslado es vital para “estabilizar” el penal y eliminar los focos de poder que el exfuncionario pretende sostener.
Y es que, a pesar de la sentencia condenatoria, las autoridades prevén que la defensa de López Zavala intente frenar su traslado al Altiplano mediante la promoción de juicios de amparo. Ante este escenario, la SSP ya revisa la estrategia jurídica para asegurar que el excandidato a la gubernatura sea recluido en un espacio acorde a su perfil de peligrosidad.
“Habrá que hacer los ajustes necesarios para que el (Zavala) sea trasladado al penal, en donde debe estar”, señaló el secretario, subrayando que la medida es meramente operativa y no política.
Zavala encabeza una lista de cinco objetivos prioritarios que el Gobierno del Estado busca enviar a penales federales en este inicio de 2026. La permanencia de estos perfiles en cárceles locales representa una carga operativa y un riesgo de corrupción para el sistema penitenciario poblano. Con la ratificación de su culpabilidad como autor intelectual del feminicidio de Cecilia Monzón, el argumento de la peligrosidad social de Zavala ha cobrado una fuerza jurídica que facilita las gestiones ante la Federación.
Para la familia Monzón, que el agresor cumpla su condena en el Altiplano es el paso final para garantizar que no existan beneficios ni “pleitesías” que enturbien la sentencia. El mensaje de Helena Monzón es claro: la justicia para Cecilia no termina con los años de cárcel, sino con la garantía de que el culpable no mantenga ni un gramo de poder tras las rejas.