La elección del 2 de junio de 2024, no solo es será la más grande de la historia, tanto por el número de candidaturas que están en juego como por la cantidad de ciudadanos inscritos en la Lista Nominal, sino que también será la más trascendente de los últimos 40 años, pues nos encontramos a un tris de perder la democracia e iniciar la era de una dictadura, es una palabra durísima, pero el riesgo es real. La elección de junio es un plebiscito entre dictadura y democracia.
El peligro es tal que, incluso, Morena no necesita arrasar, le basta ganar. La sombra de la dictadura ya está aquí, y no la ve quien no la quiere ver.
Ciertamente, México no es actualmente una dictadura, pero López Obrador nos ha querido empujar hacia allá. Si no hemos caído en ella ha sido por el valor de ministros y ministras de la Corte, de algunos jueces, de legisladores y de la movilización ciudadana.
La realidad está frente a nuestros ojos, la opción de la dictadura ha estado desde el primer año de gobierno del presidente López Obrador.
Como muestra, basta recordar cuando la secretaria de Gobernación y el titular de la Fiscalía General de la República llevaron al Senado un paquete de 14 reformas constitucionales para un Código Penal Federal que conculcaba los derechos individuales.
Ahora la embestida presidencial contra la democracia y en pro de la dictadura es con total descaro.
No lo dice un periodista, ni un opositor, sino que lo dicen las iniciativas de reformas constitucionales que anunció el Presidente para febrero.
Como difícilmente pasen a través de una mayoría calificada en el Congreso, le dejó el encargo a Claudia Sheinbaum: destruir la Suprema Corte, apropiarse del Poder Judicial y acabar con los organismos autónomos.
No lo pueden hacer ahora, pero sí a partir de diciembre. Sí, el inicio de la dictadura en México está tan cerca como el próximo diciembre. Ese mes se elegirá a quien sustituya al ministro Luis María Aguilar Mora en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si gana Morena la Presidencia, Sheinbaum tendrá la última palabra en esa designación.
Con una incondicional suya en la Corte, se perderá la posibilidad de rechazar las acciones inconstitucionales del Ejecutivo y las leyes que violen la Carta Magna.
El obradorismo no necesitará tener mayoría calificada en el Congreso para cambiar la Constitución, como sucede ahora. Basta con que aprueben por mayoría simple cualquier ley inconstitucional, pero que reciba la justificación de cuatro ministros de la Corte, para que sea válida.
Ahora tienen el voto de las ministras Loretta Ortiz, Yasmín Esquivel y Lenia Batres. Con un ministro más, someterán al país a lo que ordene Sheinbaum, o el dueño de su poder: AMLO. No necesitarán cambiar la Constitución. Les bastará con violarla con leyes ordinarias. El Poder Judicial está a un voto de perderse.
Con ese método podrán acabar con los organismos autónomos. Tomarán el control de los procesos electorales, y se lo podrán encargar, por ejemplo, al Ejército.
El gobierno podrá decidir lo que corresponde al Banco de México. O desaparecer el Instituto Nacional de Acceso a la Información.
Encarcelar a quien publique una acusación, “cierta o falsa”, contra un funcionario del gobierno, como decía el Código Penal Federal que llevaron a la Junta de Coordinación Política del Senado en enero de 2020.
Si gana Sheinbaum y pone a un ministro incondicional en la Corte, los obradoristas podrán hacer todo lo que han dicho que harán. No es necesario inventar nada.
Los jueces que no se dobleguen a las directrices del gobierno serán objeto de cacería, y no sólo de presiones e infamias para manchar su nombre y someterlos.
Está anunciado: adiós a la democracia.
Los organismos autónomos, que los hay en todo el mundo democrático porque funcionan como contrapesos del poder, para el Presidente son “poderes fácticos” a los que hay que destruir.
En cambio, los auténticos poderes fácticos, grupos criminales y cárteles de las drogas, que tienen en jaque a la población pacífica, merecen consideración y respeto. Más que eso: abrazos.