Como recordamos, el pasado 10 de junio un infortunado joven fue linchado en una pequeña comunidad cercana a Huauchinango, Puebla. Acusado, sin prueba alguna, de pretender secuestrar a unos niños, Daniel Picazo fue golpeado y quemado vivo por una turba. Difícil imaginar una muerte más atroz como la que le infligieron los pobladores. Este acto, tiene muchos adjetivos, cada uno de ellos igual de terribles: se trata de un acto bárbaro, inmisericorde y expresivo de una realidad salvaje.
Pero lo que resulta aún más espeluznante y, por ende, más preocupante porque según un Informe de la CNDH y del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, los linchamientos mantenían una tendencia incremental entre 2015 y 2018 (fechas que cubre el trabajo). De 2015 a 2016 crecieron 37% y de 2017 a 2018, 190%, pasaron de 60 a 174, una cifra por demás alarmante. Estos datos son recolectados del Informe especial sobre los linchamientos en territorio nacional. 22 de mayo de 2019.
Intentando comprender el aterrador fenómeno, en el marco de la encuesta de percepción sobre seguridad ciudadana y convivencia nacional (Encove), se aplicó un cuestionario en algunos municipios de las cuatro entidades donde se tenían registrados más linchamientos entre 1988 y 2014, incluidos entre ellos lamentablemente a Puebla.
Y las respuestas de los entrevistados ilustran de manera nítida la más que difícil situación que se vive en estos Estados. A la pregunta “en términos de delincuencia, considera que vivir en su colonia es…”, el porcentaje de personas que contestaron la opción de “muy inseguro o inseguro” fue en la Ciudad de México el 75.3%, en Morelos 72.4%, en el Estado de México 87.1 % y en Puebla 74.5 por ciento.
Y la misma pregunta, pero ahora en relación al municipio, los porcentajes fueron mayores: Ciudad de México 79.7, Morelos, 83.4, México 90.9 y Puebla 79.8. Es decir, aunque los datos no requieren traducción, la inmensa mayoría de la gente en esos municipios vive con miedo producto de la inseguridad.
Quizá por ello, las respuestas de esas mismas personas fueron mayoritariamente aprobatorias del expediente de hacerse “justicia por propia mano”. Los siguientes son los porcentajes de aquellos que respondieron que están de acuerdo o totalmente de acuerdo con ello. La Ciudad de México 58.4, Morelos 50.5, México 59.9 y Puebla 63.8. Y a la pregunta hipotética de si estarían de acuerdo en que los pasajeros del transporte público, lugar donde más asaltos se cometen en las principales áreas metropolitanas golpearan a quien se sube a robar, el de acuerdo y el totalmente de acuerdo se incrementa sensiblemente: En la Ciudad de México 77.5, Morelos 70.3, México 78.3 y Puebla 79.4.
Estas cifras nos muestran como millones de personas en México se sienten, y con razón, inermes ante el crimen, ante una impunidad que alcanza un 90% en nuestro país. Hay un vacío de autoridad que aprovechan los grupos y pandillas delincuenciales. Un vacío que les hace saber a los delincuentes que, casi seguramente, no serán juzgados y mucho menos castigados por los delitos que cometan.
La debilidad institucional genera una especie de ley de la selva en la cual los más fuertes, que ciertamente son los que se encuentran armados, llevan las de ganar ante una ciudadanía desprotegida. Quizá sea el problema más agudo que vive el país y que sufrimos sus habitantes. La expansión sin freno de la violencia y el profundo déficit en la actuación de policías, ministerios públicos y jueces debería ser un punto fundamental de reflexión de eso que llamamos la agenda nacional.
Todos los mexicanos saben o deberían saber que las instituciones estatales son, en primer lugar, para garantizar la seguridad de las personas y sus bienes. El más que conocido apotegma del Estado como monopolio de la fuerza legítima quiere decir que ningún particular puede ejercer la violencia contra sus conciudadanos. Por desgracia esto último no solo sucede, sino se expande corroyendo los pilares del Estado y también las relaciones sociales, hoy marcadas, en demasiados casos, por la sangre y el miedo.