Víctor de Regil
En la política mexicana, el poder suele actuar como un blindaje que distorsiona la realidad de quienes lo ejercen, haciéndoles creer que están por encima de la ley, del sentido común y de la vida misma. Pocas historias ejemplifican de forma tan descarnada esta soberbia como la de Javier López Zavala. Aquel hombre que en 2010 se vestía con las camisas rojas del priismo tradicional, cobijado por la estructura absoluta del «marínismo» y ungido como el candidato natural a la gubernatura de Puebla, hoy habita el olvido y el aislamiento de una celda en el Penal Federal de Máxima Seguridad del Altiplano. Sus 66 años de condena acumulada no solo representan un castigo judicial; son el colapso simbólico de una era de impunidad caciquil.
El feminicidio de la abogada y activista Cecilia Monzón, perpetrado en junio de 2022, no fue un hecho aislado ni un simple golpe del destino. Fue la manifestación más brutal y extrema del machismo patrimonialista. López Zavala, acostumbrado a someter voluntades mediante el influjo de sus antiguas influencias, no toleró que una mujer le exigiera ante los tribunales el cumplimiento de sus obligaciones más básicas: la pensión alimenticia. En su lógica de cacique, la demanda de justicia de Cecilia era una afrenta personal que debía silenciarse. La frialdad con la que planeó el crimen, utilizando a su propio sobrino y proporcionando el arma y los recursos materiales, retrata de cuerpo entero la mentalidad de un hombre que se creía intocable.
Sin embargo, el tiro le salió por la culata a la vieja política poblana. Quienes esperaban el clásico carpetazo institucional, la dilación eterna de las audiencias o el favor político tras bambalinas, se toparon con un muro infranqueable. La persistencia de la familia Monzón, encabezada por su hermana Helena, y el empuje de un movimiento feminista que convirtió el dolor en trinchera legal, impidieron que el caso cayera en los laberintos del olvido. Las sentencias consecutivas ratificadas por los tribunales —60 años por feminicidio y 6 por violencia familiar— envían un mensaje contundente al ecosistema político nacional: el poder ya no es un cheque en blanco para violentar a las mujeres.
La paradoja más profunda de esta tragedia radica en el legado. López Zavala buscaba perpetuar su control y borrar su responsabilidad; en su lugar, provocó una transformación radical del marco jurídico mexicano. La promulgación de la «Ley Monzón» es hoy un escudo para las infancias huérfanas por el feminicidio, arrebatando la patria potestad a los agresores y rompiendo el ciclo de violencia familiar. El nombre de Cecilia Monzón quedó inscrito en la historia legal de México como sinónimo de reforma y protección; el de Javier López Zavala, en cambio, quedó sepultado bajo el peso de la infamia, como el recordatorio de que las redes de complicidad política ya no bastan para evadir la justicia.
Para comprender la magnitud de esta caída, es obligatorio dimensionar el tamaño de la complicidad institucional que cobijó a personajes como López Zavala durante décadas. Este caso demuestra que la violencia de género en el ámbito político no opera en el vacío; se nutre de un sistema que históricamente ha preferido proteger al funcionario influyente antes que escuchar el clamor de la víctima. El castigo al autor intelectual es apenas el primer paso para desmantelar un andamiaje institucional que, por omisión o compadrazgo, sigue siendo corresponsable de muchas tragedias en el país.