Víctor de Regil
En las últimas semanas, y con la evidente intención de causar conflictos y presionar al Gobierno del Estado, grupos de interés político han tomado la falsa bandera de protestar contra la verificación vehicular, sin ningún argumento válido respecto de la medida que, además de insoslayable, por la pertenencia de Puebla a la Megalópolis, es un asunto de vital salud pública, ante la cada vez más riesgosa mala calidad ambiental de la capital poblana, la cual ha empeorado en las últimas semanas, incluso llegándose a considerar a implementar el programa “Hoy no circula”, al menos por algunos días.
Y es que, las protestas que se dan a destiempo, pues la medida se anunció desde el año pasado, han sido realmente raquíticas y sin ninguna representación social real que justifique estas pequeñas manifestaciones.
Ciertamente, se sabe que hay un grupo, cuyos líderes aún no asoman la cabeza del todo, que ha realizado ya tres marchas, en las que no reúnen siquiera a 40 personas en cada una. A pesar del fracaso de estas manifestaciones, incluso han amenazado con realizar una cuarta, pero lo único que consiguen es el repudio de prácticamente toda la ciudadanía, por el cierre de calles que ocasionan los inconformes.
En días pasados, incluso, lo que faltaba: Antorcha Campesina salió a marchar en la capital poblana, con apenas un puñado de sus militantes, pues dicen sus vehículos son muy viejos y no pasarán la verificación. Recordemos que muchas de las concesiones de transporte público que hay en la ciudad pertenecen a esta organización.
Argumentan que están a favor de ésta, pero que la quieren gratis. Las movilizaciones, por cierto, cuestan. Hay un derroche de dinero cuando se organiza alguna. Tan solo en la movilización de los “protestantes” se gasta mucho dinero.
Sería más fácil que los dirigentes de ese movimiento, quienes por cierto tienen vehículos de lujo y de modelos recientes, cooperaran a sus militantes para pagar los 628 pesos que cuesta el trámite. Pero no.
En todas esas manifestaciones se asoma, evidentemente, un interés desestabilizador. Una motivación política.
No la criticaron en su momento, cuando en el gobierno poblano anunció el año pasado la medida. Una que, por cierto, de por sí se realizaba.
Lo que exhiben es un claro intento de presionar a la actual administración. Medir al gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina y a su nueva administración. Buscan privilegios y concesiones. Pero se van a topar con pared.
Sergio Salomón ya anunció que no habrá excepciones. Que es la ley y es de observación general que todos los ciudadanos que cuenten con automóvil deben de realizar.
La mayoría de los ciudadanos, dijo en una de sus conferencias de prensa, está cumpliendo con esta disposición. También que es respetuoso de la libertad de expresión y de manifestación de los quejosos.
Aunque se trate de enarbolar la sinrazón.
En el mismo tenor de buscar privilegios, la ex diputada federal Roxana Luna Porquillo, y seudodirigente de lo que queda del PRD, salió en días recientes a pedir exención para su grupo de productores de hortalizas de Cholula.
A la par, desde hace unas semanas, ha habido una tímida campaña en redes sociales, intentando tergiversar el sentido de la verificación.
Se trata de una medida que pondera, como prioridad, la salud pública.
Además, Puebla forma parte de los estados de la Megalópolis, con la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Querétaro y Tlaxcala.
No hay forma de que en Puebla no se verifique. Las intenciones son evidentes. No son sociales sino políticas y buscan “calar” al nuevo gobierno.
A ver si no se llevan una sorpresa.