Víctor de Regil
Las cosas se le complican al ex alcalde de Puebla, Eduardo Rivera, y es que la auditoría Superior del Estado (ASE) avanza en el caso de corrupción y malversación de recursos públicos durante la administración del ex alcalde del PRIAN.
Lalo se ha ido quedando sin aliados, pues sus diputados un día se ponen de alfombra al régimen y al siguiente traicionan. Véase lo sucedido en el caso de la Ley de Ciberasedio para corroborarlo. Los expedientes que derivarán en acusaciones penales son bastos.
Uno de los ejemplos claros se trata de una Licitación Pública que operó la Secretaría de Movilidad e Infraestructura del Ayuntamiento de Puebla por órdenes de Eduardo Rivera. La obra No. 31031: Perforación y Equipamiento de Pozo Profundo; Construcción de Línea de Conducción y Tanque Elevado denominado el Riego la Laguna, ubicado en la Junta Auxiliar San Pedro Zacachimalpa del municipio de Puebla. Monto Contratado: $17,163,558.10. Monto total ejecutado $15,162,414.98
El dictamen consolidado de la ASE reza: De la revisión documental y técnica de la obra, se identificó que se ejecutaron y pagaron tres partidas de conceptos que no debieron haberse realizado, de acuerdo con las recomendaciones establecidas en el Estudio Geohidrológico.
En ese estudio señalaba que estos trabajos debían ejecutarse únicamente después de contar con la prueba de calidad y química del agua, así como con el resultado del aforo al pozo que permitiera confirmar si cumplía con el gasto requerido en litros por segundo.
Dichos estudios determinaron que el agua no reunía las condiciones necesarias de calidad ni de volumen. Por lo que la obra fue formalmente concluida sin contar con la certeza de su funcionalidad.
No obstante, no se documentó el destino final del pozo, es decir, si sería clausurado o destinado a algún uso futuro, ni se definió el aprovechamiento de las obras que sí fueron ejecutadas.
Cuando se realizó la revisión, no se encontró evidencia que garantizara la operatividad del sistema, por lo que se concluyó que la inversión pública ejercida no generó beneficios a la comunidad. Se incumplieron varias leyes, pero sobre todo la Norma Mexicana NOM-003-CONAGUA-2013 y el artículo 17 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.
Fueron, en resumen, $15,162,414.98 tirados a la basura. La evidencia del desfalco es abundante: La empresa a cargo de la “obra” fue SPS CONSTRUCTORA INMOBILIARIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V., cuyo representante legal responde al nombre de Saúl Carlos Pedrón Sánchez Por si algo faltara, la empresa y el proceso de licitación presentaron no pocas irregularidades.
Asimismo, SPS CONSTRUCTORA INMOBILIARIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V. reportó como domicilio el ubicado en Calle Río Pánuco, número exterior 5526, Colonia Jardines de San Manuel, Puebla. C.P. 72570. Sin embargo, dicho domicilio no fue localizado; no se encontró fachada que identifique a la empresa constructora.
En el proceso de licitación, las tres empresas participantes asistieron al Acta de Visita de los Trabajos y la Junta de Aclaraciones.
Sin embargo, la empresa CONSTRUCTORES ASOCIADOS DE PUEBLA CAP S.A. DE C.V. en participación conjunta con FÉNIX DE VALLES S.A. DE C.V. no se presentó al Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones Técnicas, quedando descalificada.
El fallo fue a favor de SPS CONSTRUCTORA INMOBILIARIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V., la cual nombró como Superintendente de Obra a Deyhuve Ahmed Páez Muratalla, quien tiene vínculos con la empresa descalificada, lo que sugiere una colusión y contraviene lo establecido en el Artículo 30, fracción VI, así como en los artículos 55, fracciones VI y VII, y 47 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Puebla.
En resumen: corrupción llana y lisa.