La peligrosa «lista negra»
En los anales del poder en México, la necesidad de inventar enemigos externos para justificar las carencias propias no es una táctica nueva; es el manual básico de cualquier régimen que prefiere la propaganda sobre el resultado. Sin embargo, lo visto en este agosto de 2026 bajo el sello de Luisa María Alcalde ha cruzado una línea roja que la Cuarta Transformación insiste en negar. Presentar desde la tribuna presidencial un pomposo e intimidante «ecosistema digital» no es un ejercicio científico de análisis de redes; es, en la práctica, el diseño de una diana en el pecho de quienes ejercen el pensamiento crítico.
La Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal subió al estrado con la formalidad de quien devela una conspiración internacional y terminó exhibiendo las fobias de un gobierno que no tolera el contrapeso. Con láminas, Alcalde diseccionó una supuesta red de cuatro capas dedicada a descarrilar la narrativa oficialista. En el banquillo de los acusados sentó a 54 periodistas, analistas y medios de comunicación que pasaron, por decreto de la pantalla oficial, a ser la «Capa 1»: los «originadores y legitimadores» del descontento.
Dice la funcionaria que esto no es una «lista negra», que se trata simplemente de un «mapeo algorítmico» y que no hay persecución contra la prensa. El argumento se cae por su propio peso. Cuando el aparato del Estado con todo el presupuesto, alcance y fuerza simbólica que eso implica utiliza su espacio estelar para nombrar con nombres y apellidos a comunicadores críticos, no está haciendo sociología digital; está construyendo un aparato de señalamiento público. Es una validación oficial para que las huestes digitales, esas sí virulentas y militantes, inicien el linchamiento sistemático.
El verdadero peligro de este informe radica en la homologación que realiza el gobierno. Al ligar el trabajo periodístico convencional de figuras como Joaquín López-Dóriga, Ciro Gómez Leyva, Carlos Loret o Aristegui Noticias con estructuras de «bots» y cuentas de ataque automatizadas en el extranjero, el régimen busca restarle legitimidad a la libre expresión.
Para la narrativa oficial, ya no existen ciudadanos inconformes, reportajes incómodos o investigaciones editoriales; ahora todo es producto de un sofisticado «anillo de amplificación» financiado desde la sombra en Washington, Madrid o Buenos Aires.
Si la conversación digital se inunda de críticas sobre el «narcogobierno», el huachicol o el autoritarismo, el gobierno debería revisar sus políticas de seguridad y gobernanza, en lugar de auditar los algoritmos de X. Culpar a 560 mil cuentas artificiales de la percepción pública es menospreciar la inteligencia de una ciudadanía que sufre la realidad diaria fuera de las redes sociales.
Resulta irónico que un movimiento político que creció y se consolidó impugnando el cerco informativo de los viejos gobiernos autoritarios, recurra hoy a las mismas viejas prácticas de control y estigmatización, solo que con un barniz tecnológico. Ayer eran los «gacetilleros» y los complots en lo oscurito; hoy son las estructuras piramidales de datos y el «reempaquetamiento masivo». El empaque cambia, pero el tufo a censura y el intento de silenciar la disidencia permanecen intactos.
La respuesta unificada del gremio periodístico es una postura de supervivencia democrática. El uso de recursos públicos para mapear, etiquetar y exhibir a periodistas independientes debilita el tejido democrático de un país de por sí violento para ejercer esta profesión. Si la Consejera Jurídica insiste en que esto fue solo una «aclaración técnica», habría que recordarle que en política la forma es fondo. Exhibir a la prensa desde el púlpito del poder nunca será un acto de transparencia; siempre será un acto de intimidación. En su afán por controlar el «ecosistema digital», el gobierno está terminando por desertificar el ecosistema de la libre expresión.
Mientras el gobierno denuncia una supuesta «red de bots» opositora, omite la operación de su propia maquinaria de manipulación digital financiada con recursos públicos para posicionar narrativas oficiales y hostigar a disidentes