No se tiene registro en México que se haya propuesto un paquete tan vasto y variado de reformas constitucionales en ámbitos tan diversos, como los que se proponen hoy en día. Se trata, de facto, de reescribir la Constitución.
Y es que, el diagnóstico presentado por el presidente López Obrador fue acompañado por múltiples referencias históricas, de las que tanto gusta, sobre todo del siglo XIX.
Lo presentado, se trata de 20 paquetes de reformas, que seguramente implicarían la modificación de un número mucho mayor de artículos.
En la presentación de dichas propuestas, López Obrador dejó entrever con claridad cuál es el propósito de fondo de su planteamiento. Manejó, como una hipótesis, la posibilidad de que aquellos a quienes él denomina los conservadores, regresen al poder. Aclaró que no lo veía como algo inmediato, pero que estaba anticipando el futuro.
Por ello, el convertir en normas constitucionales una parte importante de sus propuestas de gobierno, asegura que sea muy complejo revertir el marco institucional y legal que derivaría de la aprobación de todo este paquete.
Lo que se busca, por tanto, es que el desmontar el modelo político, social y económico que se establecería con la aprobación de todos estos cambios, pues obligaría a mayorías constitucionales para cambiarlo, lo que no se ve en el horizonte.
Hay diversas reformas específicas que podrían haberse plasmado en cambios en leyes secundarias, como por ejemplo la prohibición de otorgar concesiones para explotar agua que no sea para uso doméstico o la prohibición del comercio de vapeadores, o algunas otras.
Estas reformas, que son de detalle, van a la par de otras que modifican la estructura institucional del país, como la que cambia el sistema político mexicano, con la eliminación de los legisladores de representación proporcional (mejor conocidos como plurinominales) o la que transforma complemente el Poder Judicial, al establecer la elección directa de los ministros, magistrados y jueces.
No es un secreto que AMLO siempre visualizó su gestión como la “cuarta transformación”, equiparando los efectos de su gobierno a los cambios que se produjeron con la Independencia, la Reforma o la Revolución. Los tres movimientos sociales a los que aludió el presidente redefinieron el país a partir del establecimiento de nuevas constituciones.
El presidente pretendió que a partir de las elecciones de medio término, en 2021, surgiera una nueva composición del Poder Legislativo que le permitiera redefinir la ley fundamental. No lo logró. Pero, eso no significa que lo haya desechado.
La gran apuesta, y así lo dijo expresamente, es que ésta o la nueva legislatura, aborden estas propuestas de reforma. Bien sabe que, con la actual composición de las cámaras, difícilmente logrará la aprobación del paquete.
Pero aspira a que, en la elección federal del próximo 2 de junio, ese balance cambie y, sea en el último mes de su gobierno o en el de Claudia Sheinbaum, cuando se hagan efectivas las reformas, que considera, darán permanencia a su legado.
Además, se trata de banderas electorales y de ceñir el programa del próximo gobierno, en caso de ganar Sheinbaum.
Así como la oposición buscraá evitar que Morena y sus aliados obtengan las mayorías absolutas en las Cámaras del Congreso, para evitar que vayan a modificar de facto la Constitución mediante cambios en las leyes secundarias a partir del 2025, AMLO les ha impuesto a los partidos que lo respaldan la tarea de ganar mayorías constitucionales.
Lo que estará en juego en la próxima elección no será solo quién gane la Presidencia de la República.
Una de las definiciones de mayor relevancia, además de aquélla, será la composición de las cámaras del Congreso.
En ese resultado se jugará el destino del país y se conocerá si AMLO logra hacer realidad su objetivo de lograr que la 4T tenga su nueva Constitución.