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J. Isabel Chavarría Piña. Teoría del delito y delitos en particular

J. Isabel Chavarría Piña. (Hidalgo, México. 1955). Teniente coronel de Justicia Militar y licenciado retirado. Originario del estado de Hidalgo. Estudió la Licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Hidalgo, la Maestría en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, la Licenciatura en Derecho Militar por convalidación de materias y curso de formación militar en la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, obtuvo el Doctorado en la Universidad Ejecutiva del Estado de México y la Maestría en Administración en el Centro Universitario Iberoamericano de Estudios Profesionales.

Durante 25 años desempeñó diversos cargos en el servicio público en procuración e impartición de justicia entre ellos agente del Ministerio Público y fiscal en los fueros militar, federal y común, con actividades de investigación y combate a delitos de alto impacto y delincuencia organizada.

Es investigador, académico civil y militar reconocido, condecorado y galardonado nacional e internacionalmente en múltiples ocasiones. Actualmente; asesor y litigante en diversas materias.

 

Presentación del libro

 

Teoría del delito y delitos en particular

De la Dra. María Victoria García Rosas

                                          (Transcripción)            

 

Doctora María Victoria García Rosas. Doctor Ricardo Franco Guzmán, decano integrante de esta mesa de honor y eminente jurisconsulto, quien prologó la obra en mención. Doctor Cuauhtémoc Jaime Merino Gallegos, eminente lingüista revisor y corrector del libro aludido. Distinguidos asistentes. Amigos todos. Muy buenas tardes.

Constituye un honor y un privilegio, haber sido invitado a participar en este importante evento de presentación de la obra jurídica de la doctora García Rosas.

El objetivo de la obra, publicada por editorial Porrúa, México, es incrementar el conocimiento de todos los juristas y en especial de quienes nos dedicamos a la academia y a la praxis en la materia de Derecho Penal, además de proporcionarnos herramientas técnico jurídicas en las áreas del servicio público y profesional particular.

El Derecho en su totalidad constituye una hermética y hermenéutica jurídica sumamente compleja, sin cuyo pleno conocimiento se corre el riesgo de hacer la indebida interpretación de un concepto, que conlleva el riesgo de un grave costo social por la consecuencia de la pérdida de los valores o bienes jurídicos más preciados del individuo en sociedad en litigio, como son sus derechos, bienes y libertad.

El derecho penal, antes denominado derecho criminal, es la ciencia del derecho que se encarga del estudio del delito, del delincuente, de las penas, de las medidas de seguridad y de la víctima.

 

La teoría del delito es un sistema de análisis lógico-jurídico secuencial, y herramienta conceptual indispensable, que permite estructurar y justificar la judicialización de un delito en particular aportando el marco general y abstracto, analizando el “cómo».

Es utilizada en el derecho penal para determinar si una conducta humana debe ser considerada y sancionada como delito, para lo cual estudia los elementos y condiciones que deben reunirse para que esa conducta por acción u omisión sea típica, antijurídica, culpable y punible.

En tanto que los delitos en particular representan las conductas específicas plasmadas en los códigos penales en los que se analiza el «qué».

 

Conforme a los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 316 fracción III del Código Nacional de Procedimientos Penales, para emitir un auto de vinculación a proceso se requiere:

que, de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en su teoría del caso, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y;

que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión.

 

El actual sistema penal acusatorio, oral, adversarial y contradictorio, de procuración e impartición o administración de justicia exige a forciori, la plena comprobación de cada uno de los elementos del tipo penal correspondiente, debidamente acreditados con datos de prueba, medios de prueba y prueba según la etapa del procedimiento penal, para emitir o no, un auto de vinculación a proceso y una sentencia que permita soportar los embates argumentativos en los recursos de apelación, amparos indirecto y directo, así como en la revisión en caso de inconformidad en contra de la sentencia.

Para judicializar una carpeta de investigación y presentar un caso ante un juez de control, el Ministerio Público o la Fiscalía deben realizar un proceso de subsunción, que consiste en encuadrar perfectamente la conducta del imputado al tipo penal del ilícito de que se trate, para ello, debe utilizar los elementos del tipo del ilícito en particular conforme a la dogmática de la teoría del delito, que adquiere plena relevancia en la exposición de la teoría del caso y resulta aplicable en los fueros común, federal e incluso militar, marcial o castrense.

No podríamos concebir la praxis, sin el uso correcto de la doctrina, teoría o dogmática jurídica y la adecuada argumentación basada no solo en la descripción de los hechos atribuidos al imputado, sino en la descripción legal del tipo penal del delito de que se trate, por lo que resulta necesario tener pleno conocimiento de la teoría del delito, por ser fundamental y de tal importancia, que su desconocimiento o escaso conocimiento puede conllevar un alto costo social, generando impunidad a los productores del hecho delictuoso o afectación de los imputados, acusados o sentenciados inocentes o no responsables, que conllevan el riesgo de resultar responsabilidades de índole penal, civil y administrativo para los servidores públicos.

El contenido de la obra que comentamos, satisface a plenitud los requerimientos jurídicos para el conocimiento de la teoría del delito.

En la mayoría de los sistemas jurídicos de tradición romano-germánica como en México y gran parte de América Latina, respecto de la teoría del delito, el análisis sigue una estructura tripartita esto es, se busca establecer con precisión en este sistema de procedimiento y proceso oral, la existencia de una conducta típica, antijurídica y culpable.

 

La doctora María Victoria García Rosas, en la primera parte de su libro, desglosa con singular maestría, en un análisis dogmático profundo, todos los conceptos bases fundamentales del derecho penal y de la teoría del delito como son los elementos positivos y negativos del tipo penal, la culpabilidad y la autoría, su clasificación, sus elementos objetivos, subjetivos y normativos; sus diversas formas de presentación, dolosa o culposa; los grados de ejecución, consumación y tentativa; el concurso de personas y de delitos,  su punibilidad aplicable y la jurisprudencia que consideró más apropiada para cada caso.

Realiza, además, un estudio de las teorías causalista, finalista, sociologista, psicologista y de la imputación objetiva, la del dominio del hecho y el modelo lógico matemático.

 

Por cuanto se refiere a los delitos en particular, la doctora García Rosas en la segunda parte del libro que nos ocupa, analiza en doce capítulos perfectamente estructurados, en forma, metódica, fundamentada y con comentarios sobre ellos, cada uno de los principales delitos contenidos en la legislación penal federal y del Distrito Federal, hoy ciudad de México, a partir de una semblanza referencial con sus antecedentes históricos, su conceptualización y los artículos que los regulan, en un lenguaje claro y de fácil comprensión distinto al lenguaje jurídico con que algunos autores realizan sus libros, asentando su base en el derecho romano y convirtiéndolo en una obra jurídica de consulta obligada y necesaria.

Por su actualidad y profundidad, enfoque formativo, pedagógico, dogmático y sistemático, así como por la metodología didáctica utilizada, con recursos visuales y analíticos como cuadros sinópticos, esquemas comparativos, clasificaciones jurídicas, ejemplos y criterios jurisprudenciales, así como por la estructura del contenido, aunado a que su lectura cuenta con la virtud de ser de fácil comprensión, al utilizar un lenguaje claro y sumamente comprensible que permiten sintetizar algunas ideas mejorando su retención, esta obra sin duda alguna, será fuente de consulta de gran utilidad.

 

En conclusión, el libro “Teoría del delito y delitos en particular” de la doctora María Victoria García Rosas, editado por editorial Porrúa, presenta un contenido de gran valor para todos los que como señalamos inicialmente, nos dedicamos al estudio, a la docencia y a la praxis del derecho penal en las correspondientes áreas de nuestro quehacer jurídico cotidiano, tanto en las áreas de procuración, administración o impartición de justicia, como en las de asesoría y consultoría jurídicas; defensa pública o particular, fiscalías o agencias del Ministerio Público, juzgados, defensorías públicas o de oficio y particulares, abogados postulantes, y estudiantes de la carrera de Derecho en general, para evitar argumentos, decisiones o resoluciones jurisdiccionales arbitrarias, en ocasiones burdas y francamente contrarias a la ley.

Como servidores públicos es de extrema importancia realizar con sumo cuidado y minuciosidad las actuaciones y actos de nuestra encomienda ministerial o judicial pues el artículo 109 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: “se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. dichas sanciones consistirán en amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas.”

Por otra parte, se debe decir, que como abogados particulares, podemos cometer los delitos previstos en los artículos 231 a 233 del código penal federal y en los códigos penales de cada entidad federativa, así como en el código penal de la CDMX), denominados delitos cometidos por abogados patronos, defensores y litigantes, los cuales buscan proteger la correcta administración de justicia y sancionar la deslealtad o el abuso de la confianza profesional, imponiendo penas de 2 a 6 años de prisión, de 100 a 300 días de multa, además de la suspensión, destitución o inhabilitación para ejercer la abogacía por un tiempo igual al de la pena de prisión, e incluso la pérdida del título profesional y de la cédula correspondiente.

 

Cabe destacar que el contenido de la obra que comentamos, no aborda delitos típicamente militares, previstos en el código de justicia militar, sí tiene plena aplicación en lo relativo a la teoría del delito, ya que el fuero de guerra, militar o marcial contempla delitos completamente diversos, en atención a que la tipología castrense es especial y diversa de la común y federal, si bien hay algunos que coinciden en denominación, pero hay ilícitos especiales cometidos por militares, aviadores, marinos, etc., todos los cuales tienen relación estricta con la disciplina militar, que es el bien jurídico tutelado.

 

Otros ejemplos, son los delitos de infracción de deberes militares correspondientes a cada militar según su comisión o empleo previsto por los artículos 382 a 385 o infracción de deberes comunes a todos los que están obligados a servir en la fuerza armada permanente, previsto en los artículos 338 a 351 o traición a las fuerzas armadas mexicanas contemplado en el artículo 275 bis, cuando se incorpore a la delincuencia organizada sancionada de 30 a 60 años de prisión, para acreditar su existencia, se debe comprobar previamente que se encuentran satisfechos los elementos del tipo penal de cada ilícito, bajo la teoría general del derecho penal.

Por lo anterior, me es grato y satisfactorio afirmar que la adquisición y lectura de la presente obra, es ampliamente recomendable con la seguridad que la experiencia me da, de que será un texto de consulta jurídica obligada, en todo ámbito jurídico penal, deseando para el lector, su mejor aprovechamiento.

Por su atención, gracias.

 

 

Ciudad de México a 28 de octubre de 2026