Víctor de Regil
El INE vive la peor crisis de legitimidad y corrupción de toda su historia. La reciente y estrepitosa renuncia de la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, ocurrida el pasado 26 de octubre de 2026, no representa una simple baja administrativa; es el acta de defunción de la autonomía de un órgano que tardó décadas en construirse. La lapidaria frase ciudadana de que «Morena se acabó al INE» ha dejado de ser una mera consigna de la oposición para convertirse en una realidad fáctica palpable: el árbitro electoral ha sido doblegado, asimilado y vaciado de su autoridad moral.
Para dimensionar la gravedad de la tragedia institucional, basta con observar la velocidad con la que se desmoronó la confianza pública. Durante el último tercio del año 2026, el INE pasó de ser el bastión de la democracia mexicana a convertirse en el escenario de una trama de corrupción que emula los peores años del viejo régimen corporativista. Las revelaciones que forzaron la salida de Taddei no son simples fallas técnicas, sino la evidencia de una red sistémica de subcontrataciones, desvío de recursos y favoritismos descarados que involucran más de 150 millones de pesos en contratos amañados.
La ironía es brutal: el movimiento político que ascendió al poder bajo la promesa de erradicar la corrupción y purificar la vida pública ha terminado colonizando al árbitro electoral con las prácticas más rancias del nepotismo y el conflicto de interés. Las investigaciones documentaron cómo firmas como Cajas GRAF y Corporativo SEG recibieron contratos federales millonarios del INE mientras sus operadores directos eran incrustados en la nómina del propio instituto. Que el ex representante legal de dichas empresas, Jesús Octavio García, fungiera nada menos que como director de administración del INE, o que el apoderado legal cobrara como chofer de la presidencia, no es una coincidencia; es un asalto institucional.
El impacto de este escándalo va mucho más allá de las cifras. Las filtraciones de videos que muestran a altos mandos del instituto festejando con contratistas consentidos, o al propio hijo de la funcionaria paseando en un hotel de París con proveedores del INE, dinamitaron la poca credibilidad que le quedaba a la gestión actual. La subsecuente desbandada en el instituto, que hasta el momento suma más de 30 renuncias de funcionarios clave, demuestra que el organismo está en un estado de parálisis y colapso ético justo a las puertas del trascendental proceso electoral de 2027.
Sin embargo, reducir la crisis del INE exclusivamente a un asunto de desfalco económico y moches hoteleros sería pecar de ingenuidad. El verdadero fin del INE, tal como lo conocíamos, radica en su captura ideológica. Meses antes del escándalo financiero, el Consejo General del instituto ya operaba de rodillas ante el partido oficialista. La vergonzosa resolución aprobada en octubre de 2026, mediante la cual se determinó dejar de fiscalizar los gastos de propaganda y eventos masivos previos a los arranques oficiales de las precampañas, fue el verdadero golpe de gracia a la equidad de la contienda. Al legalizar de facto el proselitismo anticipado, el INE renunció de manera voluntaria a su función esencial: garantizar que el dinero público y de procedencia dudosa no incline la balanza electoral.
Hoy, ante el vacío dejado por la caída de Taddei, diversos sectores civiles exigen que la Cámara de Diputados elija una nueva presidencia del INE basada en perfiles técnicos, honestos y transparentes, alejados de las cuotas partidistas. No obstante, el panorama es sombrío. Con una mayoría oficialista en el Congreso, la tentación de imponer a otro perfil incondicional al gobierno es inmensa.
El obradorismo no necesitó desaparecer físicamente al INE mediante reformas constitucionales radicales; le bastó con asfixiarlo presupuestalmente, minar su prestigio social y colocar en su cúspide a personajes dispuestos a anteponer la lealtad ciega por encima de la legalidad institucional. El daño está hecho. Recuperar la confianza ciudadana en un árbitro que permitió el saqueo en sus propias oficinas y la simulación en las calles será una tarea que costará años, si es que la debilitada democracia mexicana logra sobrevivir a la intemperie del 2027. El INE no desapareció por decreto; se lo extinguieron desde adentro.