Se trata de uno de los problemas que nadie se ha animado a enfrentar y que ha sido uno de los símbolos de la corrupción: las notarías. Corrupción que se da desde el inicio cuando se “reparten” las notarías, como sucedió en el sexenio de Moreno Valle, hasta la corrupción en la que algunos notarios se han visto involucrados.
Ciertamente, se trata de un mal permanente, hasta hoy, en Puebla y en el país acerca de los notarios y las notarías radica en que éstas fueron concebidas como una patente de privilegios, una fábrica de dinero, y no como la función pública de altísima responsabilidad, que otorga el Estado a la ciudadanía.
Y es que, en días pasados, el Congreso del estado avaló reformas a la Ley del Notariado y al Código Penal, que fueron enviadas por el Ejecutivo estatal.
La finalidad de dicha iniciativa impulsada por el gobernador Miguel Barbosa, es terminar así con esos privilegios mal concebidos, con la discrecionalidad de facultades mal utilizadas y con sus consecuencias mal habidas.
De acuerdo con el dictamen que avaló el pleno, se imponen de uno a cinco años de prisión y multas, que va de 9 mil 662 y hasta 48 mil 310 pesos, por la expedición de documentos apócrifos o por los intentos de lavado de dinero, a través de la compra-venta de inmuebles, lo cual se trata de una actividad muy común en muchas notarías.
Este paquete de iniciativas, que envío el gobernador Miguel Barbosa Huerta, busca atacar, principalmente, las “irregularidades y omisiones” que los notarios cometían respecto de “pagos por transmisión o constitución de derechos sobre inmuebles”. Para ser claros, lo que se aprobó es una cacería contra la corrupción notarial, una especie de dique contra todas esas transas que se realizaban en torno a la escrituración de propiedades.
Ése que es el punto nodal de la corrupción notarial en Puebla, pero que no solamente es privativo de nuestro estado.
“Han existido múltiples comportamientos en el desempeño de la función notarial, múltiples en el otorgamiento de escrituras y eso obliga al gobierno a haber hecho esta propuesta”, dijo el gobernador.
El estado cumple así con su obligación de garantizar que las personas tengan certeza jurídica al acudir a hacer trámites a las notarías. Historias de despojos hay muchas, y casi siempre afectando a los que menos tienen.
Hay casos de personas que, con buena fe y ante la falta de recursos o ignorancia, no escrituran a tiempo sus bienes inmuebles. Después, de la nada, se enteran que alguien más apareció y ya lo hizo.
En muchos de esos casos está detrás la colusión de funcionarios notariales.
En Puebla, algunos notarios se comportaban, por sus facultades como fedatarios del Estado, como una casta privilegiada.
Pero lo que los notarios deben recordar es que no son particulares, las notarías son patentes que otorga el Estado. Es una función pública llena de obligaciones y responsabilidades en servicio de los ciudadanos.
Estas reformas a la Ley del Notariado y al Código Penal vienen a cerrar una pinza, ahora también jurídica y legislativa, en la estrategia del gobierno de Puebla para combatir la corrupción en las notarías.
Un ejemplo de la contundencia con que el gobierno del estado ha manejado estos casos, está en la revocación de la patente al Notario Número 2 de Puebla, el abogado Juan Tejeda Foncerrada, que este mismo jueves realizó el gobierno del estado.
Este fedatario, ahora destituido como tal, tiene un largo historial de presuntas prácticas anómalas, que datan desde 2010: denuncias de fraude, de colusión para despojos e incluso hasta de no pagar a sus empleados.
El final de la historia, como se observó la tarde de este 30 de junio, fue la clausura también de sus instalaciones, con la presencia de elementos de Seguridad Pública.
Las reformas y las acciones que se han emprendido en este contexto, no gustan, por supuesto, a esos privilegiados pero, lo que es una realidad, es que estas acciones son un logro real de justicia en favor de los poblanos. En palabras llanas, se trata de un manotazo legítimo del Estado de Derecho.