Por Yasmín Flores Hernández

A usted que me escucha y me lee, le cuento quien es Eduardo León Trauwitz, el General huachicolero, quien tuvo un rápido ascenso en su carrera militar, durante los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón.

Con el primero, fue coronel de infantería, subjefe de la Sección Quinta del Estado Mayor Presidencial, directamente encargada de la seguridad del presidente; y con el segundo, responsable de la seguridad de los altos dignatarios que visitaban el país.

León Trauwitz egresó del Colegio Militar en 1986, como licenciado en Administración Militar, además de que estudió Relaciones Internacionales.

León Trauwitz pidió licencia al Ejército para incorporarse en 2010, como jefe de seguridad del todavía gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, función que continuó cuando éste fue el candidato presidencial del PRI. Ese mismo mes, el brigadier se incorporó a la Inspección y Contraloría General de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para realizar “funciones de auditoría y supervisión de recursos humanos y financieros” del Ejército.

Pero dejó el cargo a uno de sus allegados, con quien tenía relación desde que ambos formaron parte del Estado Mayor Presidencial, el general Wenceslao Cárdenas Acuña.

En el EMP, León Trauwitz también coincidió con el entonces coronel Marco Antonio de León Adams, jefe de seguridad personal del entonces presidente Vicente Fox.

El expresidente Enrique Peña Nieto “lo promovió como subdirector de Salvaguardia Estratégica, donde tuvo a su cargo, con amplios recursos presupuestales y todo el apoyo de la Defensa Nacional, una fuerza de dos mil 500 militares dedicados a cuidar la red de ductos de gasolina del país para frenar la ordeña de combustible”, el 4 de marzo de 2014.

Curiosamente a la par, en  2013 llega a Puebla un personaje, al cual se le demominaba en las esferas federales con el “Terminator”, su nombre Facundo Rosas Rosas, excomisionado de la extinta Policía Federal, ocupando el puesto estratégico de Secretario de Seguridad Pública, en aquel entonces ya contaba  con un “negro historial” y una estela de dudas en su actuar al frente de la PF.

Facundo Rosas dejó el cargo en la Policía Federal a principios de 2012, tras la muerte de tres personas en el desalojo de estudiantes en la Autopista del Sol.

También se le vincula con uno de las delincuentes que presuntamente participaron en el secuestro de Fernando Martí en 2008, a quien le dio trabajo en la Secretaría de Seguridad Pública federal.

De acuerdo con información de archivos de la extinta Policia Federal, Facundo Rosas incumplió al menos en dos ocasiones, en 2007 y 2009, en la realización de los exámenes de confianza.

Una carta que Edgar Valdez Villarreal, “La Barbie”, enviada al periódico Reforma, implicó a Facundo Rosas en recibir dinero del narcotráfico desde 2002.

La época dorada del equipo formado por Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino, Facundo Rosas y Ramón Eduardo Pequeño García fue entre los años 2000 y 2012, periodo en que ocurrió lo siguiente:

Primero en el mandato de Vicente Fox Quezada se dio la fuga de Joaquín Guzmán Loera, el “Chapo Guzmán”, de un penal de alta seguridad y con ello retomó el control del Cártel de Sinaloa, bajo la conducción de Ismael “el Mayo” Zambada.

Y un sexenio más tarde, con el proyecto de “guerra contra las drogas” del entonces presidente Felipe Calderón se desplegó todo el aparato del Estado mexicano para combatir, cercar, disminuir y exterminar a cuatro organizaciones criminales: los Zetas, el Cártel del Golfo, los Caballeros Templarios y el Cártel de los Hermanos Beltrán Leyva.

Las dos primeras agrupaciones eran de Tamaulipas, la tercera de Michoacán y la última, se había asentado en Morelos y Guerrero.

Con la detención a principios de diciembre de 2019 en Estados Unidos de Génaro García Luna, el ex secretario de Seguridad Pública calderonista, se constató lo que se sospechaba: entre 2006 y 2012, el gobierno de Calderón se dedicó a proteger los intereses del Cártel de Sinaloa, junto con otras organizaciones como el Cártel de Juárez, la Familia Michoacana y Guerreros Unidos.

La prioridad, por encima de todo, fue acabar con las células de los Zetas que dominaban Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo, el estado de México, el norte de Puebla, Tabasco, parte de Michoacán, Nuevo León y Coahuila.

El propósito se había cumplido.

El tema del huachicol estaba presente en Puebla en un momento estratégico: ya que en la vida nada es casualidad. Regresemos a diciembre de 2010, cuando se generó la transición entre el gobierno saliente del priista Mario Marín Torres y del entrante encabezado por el panista Rafael Moreno Valle Rosas.

En esa fecha  un ducto de Pemex explotó en San Martín Texmelucan dejando una estela de muerte y destrucción.

En aquel entonces se sabía que quienes “ordeñaban” los ductos de Pemex con absoluta impunidad eran células de los Zetas que tenías sus bases de operación en Hidalgo, principalmente, y en menor medida en Tuxpan, Veracruz.

Se trataba de grupos que habían dejado el trasiego de drogas para evitar ser exterminados por la Marina y una nueva agrupación, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que era el brazo armado del Cártel de Sinaloa.

De hecho, al CJNG todavía no se le conocía del todo con ese nombre y se hacían llamar “los mata-zetas”.

Los dos primeros años de la gestión morenovallista hubo pocos cambios en las conductas criminales, pues los grupos huachicoleros, que eran zetas en su mayoría, estuvieron operando a una escala regular y, sobre todo, de manera discreta.

El año clave fue 2013, al producirse tres cambios fundamentales:

Primero: inicia una ola de ejecuciones y desapariciones en Puebla, que con el tiempo se sabría fue resultado de la irrupción del CJNG que llegaron a barrer a los Zetas. Así como pasó a lo largo del gobierno calderonista.

Segundo: creció a gran escala el robo de combustible, en tres regiones claves: Huauchinango; el llamado Triangulo Rojo que abarca Quecholac, Tepeaca, Tecamachalco, Los Reyes de Juárez, Amozoc y Acajete; y la zona de San Martín Texmelucan, Santa Rita Tlahuapan y Huejotzingo. Es cuando el estado de Puebla llegó al primer lugar del huachicol.

Tercero: en abril de 2013, llegó Facundo Rosas Rosa a Puebla a hacerse cargo de la seguridad pública.

Fue una recomendación directa de Genaro García Luna con Rafael Moreno Valle Rosas.

Una vez más García Luna mandaba a sus allegados a generar las condiciones para trascegar el llamado huachicol: durante el gobierno de Calderón los Zetas fueron exterminados para favorecer al Cártel de Sinaloa, de acuerdo con la narrativa de las acusaciones que enfrenta García Luna en Nueva York.

Y en Puebla, durante el morenovallismo también fueron echados los Zetas para dar paso al CJNG, que en 2013 todavía respondía a los intereses del Cártel de Sinaloa.

Ahora bien, como se dará usted cuenta estos personajes todos ligados entre si, hicieron de nuestro país lo que quisieron, emanados del chango o el bien llamado tartamudo, fueron los brazos de una célula delictiva, la cual tenia permiso para operar.

Desde los puestos claves organizaron perfectamente por cuadrantes cada rincón de nuestro país, para operar impunemente.

Regresemos a 2014, el general León Trauwitz, en conjunto con el Secretario de Seguridad Publica Facundo Rosas y los ediles de aquel entonces de los municipios; Quecholac, Nestor Camarillo; Tepeaca, David Huerta Ruiz; Tecamachalco, Inés Saturnino; los Reyes de Júarez, Rafael Ramos Bautista; Amozoc, José Cruz Sánchez; y Antonio Aguilar de Acajete, asistieron a una comida en un hotel al norte de la ciudad, propiedad de los sobrinos del general.

Las instrucciones eran claras, todos tenían que cooperar para la ordeña y trasciego del combustible. Todo estaba en marcha, el general había cumplido las órdenes.

Pero esto sólo sería el comienzo de una serie de delitos que León Trauwitz estaria acumulando.

El General brigadier Eduardo León Trauwitz, investigado oficialmente por su presunto involucramiento en el robo de combustibles, fue quien negoció la compra de un sistema de espionaje para Petróleos Mexicanos (PEMEX) por 1.1 millones de dólares.

La transnacional italiana Hacking Team fue la proveedora del malware Da Vinci conocido por su efectividad para robar información, datos, imágenes, audios y archivos de teléfonos móviles, así como de computadoras. Este sistema tiene las mismas características que Pegasus, fabricado por la empresa israelí NSO.

Ambas compañías han manifestado que sus aparatos únicamente los venden a gobiernos para combatir la inseguridad o el terrorismo. No obstante, Pegasus fue utilizado durante la administración anterior, encabezada por Enrique Peña Nieto, para seguir a periodistas y activistas.

El 6 de julio del 2015, expertos digitales se apoderaron de archivos pertenecientes a Hacking Team. Entre los clientes de 35 países aparecieron la Marina, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), algunos gobiernos estatales y PEMEX, con una licencia vencida.

Lo que no se sabía hasta ahora es que la operación para traer Da Vinci a PEMEX sí se concretó. Hacking Team activó los permisos e inició planes de capacitación una vez que se completó el pago, según consta en los más de 25 correos electrónicos localizados por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) en la plataforma WikiLeaks, una organización mediática que ha difundido documentos secretos de gobiernos en el mundo.

En noviembre del 2013, ejecutivos de Hacking Team y de sus filiales en México, Grupo Kabat y SYM Servicios, invitaron al General León Trauwitz y al mayor Carlos Javier Álvarez Cárdenas, quien también está siendo investigado por robo de combustibles, de acuerdo con reportes periodísticos, a la feria mundial de armamento y espionaje Milipol que se celebra anualmente en París, a donde acuden los fabricantes más grandes del mundo.

Ambos militares recibieron trato VIP y se contempló la posibilidad de llevarlos al legendario cabaret parisino Crazy Horse. En los correos no hay pruebas de que eso haya ocurrido, sin embargo, la visita estaba entre los planes para convencerlos de firmar el contrato.

Consultado sobre esta operación, Alejandro Hope, analista en políticas y estadísticas de seguridad, dijo que PEMEX no puede comprar este tipo de sistemas y menos aun usarlos.

“Solamente la Fiscalía General de la República, el CISEN y la Policía Federal pueden adquirir estos sistemas, y en los estados las Procuradurías o Fiscalías”.

-¿Entonces Pemex no tendría que hacer nada con él?

— No, pues no.

-¿Ni una compra?

— En principio no pueden. Y otra cosa que es importante, todas las intervenciones tienen que ser judicializadas para ser legales. Lo tiene que autorizar un juez. Tú no puedes intervenir comunicaciones de alguien sin autorización judicial. Sólo lo pueden hacer las instancias que te mencioné, con autorización de un juez. Otros lo pueden comprar, pero no pueden usarlo. Si lo usan es un acto ilegal.

Así de sencillo.

Recuerde usted, a finales de la administración de Peña Nieto, varios mensajes y llamadas de políticos fueron dados a conocer, cayendo en el delito de espionaje.

En enero del 2013 como ya lo mencione, 10 meses antes del viaje a París, León Trauwitz y Álvarez Cárdenas fueron nombrados gerente y superintendente, respectivamente, de los servicios de seguridad física de PEMEX.

En aquel momento, la ordeña de combustible se había disparado. En 2012,el último año del gobierno de Felipe Calderón, se localizaron 1,635 tomas ilegales.

Al cierre del 2013, justo cuando iniciaron las negociaciones, se descubrieron 4,125 perforaciones, esto representó un aumento del 69.6% en tan solo un año, como lo publicó la revista Forbes.

El malware espía llegó a PEMEX en enero del 2015 cuando el director era Emilio Lozoya. A pesar de ello, la ordeña de ductos se cuadriplicó en los siguientes cuatro años. Hasta octubre del 2018, se detectaron 12 mil 581 tomas clandestinas, mientras que en el mismo 2015 fueron 4 mil 125.

El pasado 8 de enero, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que Eduardo León Trauwitz forma parte de una lista de personas investigadas por robo de combustibles. Al militar se le han congelado sus cuentas bancarias, pero la justicia termino amparándolo.

El gobierno actual ha estimado en 65 mil millones de pesos el monto de las pérdidas anuales por el huachicol.

En un correo electrónico interceptado por WikiLeaks, fechado el 27 de agosto del 2014, se muestra que la operación de la compra del equipo para espiar debería mantenerse bajo secreto:

“(…) Todos están con licencia militar y en este momento son empleados de PEMEX. Para que un militar firme el EUC (Certificado de Usuario Final, un documento necesario para la venta de armas o sistemas de seguridad), necesitamos la aprobación del jefe de personal y pasarlo a través de canales burocráticos que revelarán eventualmente la existencia del sistema, lo cual no estoy dispuesto a arriesgar (…)”.

Este mensaje fue enviado a ejecutivos en Italia de Hacking Team por uno de sus contactos en México de nombre Niv Yarimi, en momentos ríspidos de la negociación porque el General no aparecería en el contrato. Hubo amagos de romper la operación por temor a que alguna autoridad impugnara la compra, pero finalmente la operación se hizo sólo con la firma de Adolfo Sánchez Ramírez, entonces superintendente de Planeación y Vulnerabilidad de la Subdirección de Salvaguardia Estratégica (SSE).

El Presidente López Obrador en 2021, abrió un flanco inesperado: anunció que el general Eduardo León Trauwitz, responsable de combatir el robo de combustible, durante el sexenio pasado, está siendo investigado precisamente por robo del mismo producto. El militar, muy cercano al expresidente Enrique Peña Nieto, gozó de enorme poder y relaciones.

La Físcalia General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (SHCP) en aquel entonces ya lo tenían bajo investigación,  por lo cual sus cuentas bancarias fueron congeladas.

En las carpetas de investigación de la FGR, derivadas de las acciones en Pemex, se consignan testimonios de funcionarios de la paraestatal que, en calidad de testigos, le atribuyen al general responsabilidad en el robo de combustible. Además, la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP investiga a 300 distribuidoras de gasolina presuntamente implicadas en la venta de combustible obtenido ilegalmente.

En diciembre del mismo año, el Fiscal General dio a conocer  que León Trauwitz fue judicializado en 2019, acusado de probablemente ser responsable como el protector del huachicol dentro de Pemex, “ya que se pudo comprobar que él y un grupo de cómplices, también ya procesados, presuntamente encubrieron y protegieron el huachicol en las redes de distribución de Pemex”.

La orden de extradición se tramitó desde el 12 de noviembre de 2019, lo que permitió que las autoridades canadienses cumplieran con la solicitud, precisó la FGR.

El pasado domingo, el gobierno de Canadá concedió la extradición del general Eduardo León Trauwitz, extitular de la Subdirección de Salvaguarda Estratégica (SSE) de Pemex a quien el gobierno federal ha intentado imputar desde el año 2019 por robo de hidrocarburos y delincuencia organizada.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), la Corte Suprema de la Provincia de Columbia Británica, en Vancouver, Canadá, indicó que el mando militar cuenta con 30 días para apelar la decisión.

De hacerse valida la extradición, el general tendrá mucho de hablar.

A usted que me escucha y me lee,  le pido, analice lo antes descrito y vea que muchos de los implicados hoy andan en campaña, buscan como volver a los años donde en cajas de huevo les llegaban las dadivas del huachicol, esos son nuestros candidatos.

Tic Tac…