Victor de Regil
El rumor de que la administración municipal encabezada por Claudia Rivera, estuvo llena de corrupción, cada vez se hace más evidente y comienzan a salir pruebas de ellas con documentos claros en donde se demuestran los desfalcos que se hicieron en dicha administración. Y es que, la ex presidenta municipal fue señalada por un presunto daño patrimonial por cerca de 822 millones de pesos correspondientes a su cuenta pública del 2020, según el informe de la Auditoría Superior del Estado.
De acuerdo con el informe presentado por el organismo, la gestión de Rivera Vivanco tuvo un total de 217 observaciones, de las cuales solamente 19 fueron solventadas, mientras que el resto generaron 56 solicitudes de aclaración y 142 pliegos de observaciones a las cuentas entregadas de la ex edil municipal.
Esto significa que del total de las observaciones hace señalamientos en contra de la administración municipal de la morenista, el primer gobierno de izquierda de la historia de la capital poblana, por mil 877 millones 996 mil 313.15 pesos, de los cuales 821 millones 973 mil 917 pesos corresponden a presuntos daños patrimoniales.
Uno de los principales señalamientos hechos por la ASE a la cuenta pública de Rivera Vivanco es el presunto daño patrimonial por 104 millones 864 mil 35 pesos, correspondientes a la construcción del Bulevar Xonaca.
Dicha obra fue uno de los principales proyectos ejecutados por la ex edil durante su gestión, siendo evidenciado por los desperfectos que sufrió incluso antes de que fuera concluida, pues comenzó a presentar baches días antes de su inauguración, señalándose dentro del informe un posible sobrecosto de 17 por ciento.
Otro de los casos importantes que a destacar son los 64 millones 635 mil 911 pesos que se le pagaron a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por el suministro de los servicios básicos para la capital poblana, toda vez que no fue entregada la documentación comprobatoria que demuestre el uso de dichos recursos; por lo anterior se considera que dicha prestación de los servicios nunca se llevó a cabo.
Cabe recordar que, en enero del 2020, el cabildo de Puebla aprobó otorgar asignación de recursos por valor de 17 millones de pesos a la CFE, como garantía del pago que se tenía que hacer hacia el organismo.
Otra de las obras que tienen señalamientos, es la rehabilitación de la calle Camino Nacional- Hombres Ilustres en la Carretera Federal México-Puebla y Vía Ferrocarril, es otra de las obras que donde se generaron una gran cantidad de observaciones, siendo estas por 27 millones 968 mil 667 pesos, siendo uno de los señalamientos que no se incluye el costo de la mano obra, hecho que imposibilita calcular el valor de la obra, pues este concepto puede representar hasta el 40 por ciento de su valor total.
Para todos los habitantes de esta zona, fueron evidentes, a lo largo de su construcción, los fallos que tenía dicho proyecto, toda vez que en las épocas de lluvia se generaban inundaciones importantes al intentar transitar por dicha vialidad, ubicada en la junta auxiliar Ignacio Romero Vargas.
Dentro del informe de la ASE también se presume un presunto daño patrimonial por 26 millones 289 mil 539 pesos, correspondiente a 79 contratos que se realizaron para el bacheo de calles, toda vez que se presentaron sobrecostos de hasta el 26.37 por ciento en los contratos para dichos trabajos.
Cabe recordar que el tema de los baches fue uno de los principales señalamientos en contra de la administración que fue encabezada por parte de Rivera Vivanco, pese a que fue uno de los temas a los que más recursos destinó y que menos resultados se presentaron dentro de los 3 años de su gobierno.
Por el concepto de apoyos para las juntas auxiliares de la Ciudad de Puebla se hicieron observaciones por 26 millones 636 mil pesos, al no contarse con la documentación comprobatoria de las entregas de los recursos.
Asimismo también se hace un señalamiento por la cantidad de 22 millones ocho mil seis pesos por la adquisición y suministro de células de maquinaria agrícola, al carecerse de la información relacionada con la adquisición de los bienes, un inventario de beneficiarios y evidencias de que se hicieron las entregas.