Víctor de Regil
Estacionarse en Puebla se ha convertido en un auténtico acto de fe y, lamentablemente, en un asalto al bolsillo. Lo que debería ser un servicio básico de resguardo para quienes dinamizan la economía local —comprando en plazas, visitando centros médicos o paseando por el Centro Histórico— se ha transformado en un territorio sin ley donde el usuario siempre lleva las de perder.
El escenario es indignante y se repite todos los días. Uno ingresa a un centro comercial de renombre, paga tarifas que fácilmente superan los 30 o 40 pesos por hora, y al recibir el boleto se topa con la clásica y abusiva leyenda: «La empresa no se hace responsable por robo total, parcial o daños al vehículo». ¿Entonces qué estamos pagando? Si el costo del servicio no garantiza la seguridad del patrimonio, la tarifa no es más que un derecho de piso institucionalizado.
Esta crisis adquiere su rostro más voraz en las calles del Centro Histórico. El corazón de nuestra ciudad, con su alta demanda y limitado espacio, es hoy un laberinto de abusos donde algunos estacionamientos privados exprimen al turismo y a los locales cobrando hasta 35 pesos por cada hora o fracción iniciada. Paralelamente, el programa municipal de parquímetros, lejos de ser la solución definitiva, ha sumado nuevas frustraciones: entre la falta de señalización clara y la invasión descarada de cajones por parte de ambulantes y franeleros, encontrar dónde aparcar legalmente es casi imposible. El ciudadano queda atrapado entre la espada del monopolio privado y la pared de un ordenamiento público deficiente.
La impunidad no termina en las plumas de cobro; se extiende a las banquetas con operativos oficiales que apenas logran contener el problema. Mientras el Ayuntamiento implementa el sistema «Estaciónate Aquí» para intentar recuperar las calles, los «viene-viene» se las ingenian para seguir cobrando cuotas arbitrarias bajo la amenaza pasiva de un rayón o una llanta ponchada. Al mismo tiempo, la opacidad en el destino de los millones de pesos recaudados por multas de tránsito y parquímetros genera un amargo descontento: el automovilista paga puntual sus infracciones y derechos, pero las calles del primer cuadro siguen mostrando baches, semáforos desincronizados y una alarmante ausencia de infraestructura vial moderna.
A esto se suma la proliferación de la informalidad y la complacencia en eventos masivos. En zonas como Los Fuertes o los estadios, los terrenos baldíos se adueñan de la vía pública e imponen cuotas de hasta 500 pesos bajo amenaza velada de dañar el auto si te niegas a pagar. La autoridad municipal parece mirar hacia otro lado mientras estas mafias de temporada operan a plena luz del día con boletos falsificados y total impunidad.
Aunque el Congreso local ha intentado en diversas ocasiones legislar la gratuidad de las primeras horas o exigir seguros obligatorios, las lagunas legales y los amparos de las grandes firmas comerciales terminan sepultando las buenas intenciones. El resultado es el mismo de siempre: el ciudadano de a pie financia el enriquecimiento de operadoras que no invierten en cámaras, que manipulan sus relojes de cobro y que omiten términos claros en sus contratos.
La Profeco suspende de vez en cuando algunos establecimientos y el Ayuntamiento promete regular las licencias, pero las sanciones parecen ser solo un rasguño para un negocio multimillonario. Urge que las autoridades poblanas dejen la tibieza y apliquen mano dura: clausuras definitivas a quienes no respondan por los «cristalazos» y una regulación real de tarifas basada en la calidad del servicio, no en el capricho del dueño del predio. Mientras eso no ocurra, los estacionamientos en Puebla seguirán siendo el ejemplo perfecto de cómo exprimir al ciudadano atrapado en la necesidad de usar su auto.