
Por Ismael Rojas Cuéllar
Habitantes de al menos cinco colonias de la junta auxiliar Ignacio Romero Vargas enfrentan un clima constante de inseguridad debido a su ubicación en los límites territoriales entre los municipios de Puebla y Cuautlancingo, lo que ha provocado un vacío en la atención por parte de las corporaciones policiacas, denunció la presidenta auxiliar, Diana de Bernardo Ramos.
Durante su participación en la Comisión de Seguridad del Cabildo de Puebla, la autoridad auxiliar explicó que colonias como Azcapotzalco, Getsemaní, Nopal y otras ubicadas en la franja limítrofe padecen robos y otros hechos delictivos, ya que la falta de claridad sobre la jurisdicción retrasa la respuesta de las autoridades cuando se registra una emergencia.
«La frontera municipal no existe; lo único que ven los ciudadanos es que la autoridad no llega. Necesitamos establecer de manera urgente una colaboración entre los municipios de Puebla y Cuautlancingo», expresó.
Ante este panorama, solicitó que ambos ayuntamientos establezcan una estrategia conjunta de seguridad que contemple rondines coordinados, protocolos claros de actuación y un mayor despliegue policial en la zona, con el objetivo de evitar que los límites territoriales continúen siendo un obstáculo para atender a la población.
Asimismo, propuso fortalecer la participación ciudadana mediante la integración de comités vecinales, así como la instalación de alarmas sonoras, la entrega de silbatos y lonas preventivas, además de incorporar herramientas tecnológicas que contribuyan a reforzar la vigilancia y la prevención del delito.
De Bernardo Ramos señaló que esta problemática ha sido expuesta en diversas ocasiones por los habitantes de la zona, quienes continúan enfrentando hechos de inseguridad sin una respuesta oportuna debido a la confusión sobre qué autoridad debe intervenir.
Finalmente, confió en que, con el respaldo del Cabildo de Puebla y una mayor coordinación entre los gobiernos municipales de Puebla y Cuautlancingo, se pueda atender de manera definitiva este conflicto territorial y garantizar mejores condiciones de seguridad para las familias que habitan en la franja limítrofe.