Cobro de piso, una realidad en Puebla

Victor de Regil

 

El cobro de piso, un delito que durante años pareció exclusivo de los estados del norte, se ha consolidado como uno de los desafíos más complejos para la seguridad pública en Puebla. Aunque las carpetas de investigación generales por extorsión muestran una reducción estadística en el estado, la presión directa sobre locatarios, mercados y pequeños productores no da tregua.

Reportes de la Secretaría de Seguridad Pública estatal confirman que este delito es uno de los que mayores complicaciones operativas e institucionales genera en el estado. Mientras la policía intenta contener la expansión de los grupos delictivos mediante labores de inteligencia, los comerciantes enfrentan mensualmente la disyuntiva de pagar para trabajar o cerrar las puertas de sus negocios definitivamente.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, entre enero y mayo se registraron 31 denuncias por cobro de piso. Esta cifra contrasta con el panorama delictivo general, donde las carpetas por extorsión en todas sus modalidades registraron una baja del 30.8% durante el primer semestre. Sin embargo, las propias autoridades reconocen que estos números no reflejan la magnitud real del problema debido a una enorme «cifra negra» alimentada por el temor a las represalias.

La geografía del cobro de piso en Puebla abarca tanto la zona metropolitana como las regiones rurales de la periferia. En la capital del estado, los mercados municipales y las zonas de comercio informal se mantienen como los puntos de mayor vulnerabilidad. Grupos delictivos locales disputan el control de los pasillos, exigiendo pagos diarios o semanales a los locatarios bajo la promesa de brindarles «protección» o permitirles descargar su mercancía.

La mancha de la extorsión también se ha extendido hacia colonias de la periferia. Un ejemplo es la colonia Joaquín Colombres, donde el comercio organizado ha levantado la voz de alerta ante el incremento de visitas de sujetos desconocidos que exigen dinero a cambio de no vandalizar las fachadas o agredir a los empleados.

En las comunidades del sur de la capital del estado, reportes policiales indican que los grupos criminales han empezado a presionar a campesinos y pequeños ganaderos. A diferencia de los comercios urbanos, a estos productores se les imponen cuotas por cada cabeza de ganado comercializada o por el derecho de transitar con sus cosechas por los caminos rurales.

La gravedad de la situación quedó de manifiesto a mediados de agosto con el ataque armado perpetrado contra el establecimiento «Llantas La Vía», ubicado en la 22 Norte y la avenida Héroe de Nacozari. En pleno día, sujetos armados abrieron fuego contra el negocio, dejando un saldo de tres trabajadores heridos. Las primeras investigaciones ministeriales apuntaron a que el ataque fue una represalia directa ante la negativa de los propietarios de pagar el cobro de piso exigido semanas atrás.

Este tipo de hechos violentos funciona como un mecanismo de terror psicológico para el resto de los comerciantes de la zona. Cuando un negocio es atacado, el rumor se esparce rápidamente entre las cuadras vecinas, provocando que otros locatarios cedan a las extorsiones telefónicas o presenciales por miedo a correr la misma suerte.

Según los datos más recientes de las fuerzas de seguridad, la atención a reportes mediante línea telefónica y los operativos preventivos desplegados en los mercados de la ciudad han permitido frustrar 5,216 intentos de extorsión en la entidad. Además, las autoridades informaron sobre la detención de 26 presuntos delincuentes vinculados a células dedicadas al cobro de cuotas en meses recientes.

A pesar de estos arrestos, el reto sigue siendo monumental. Las autoridades reiteran que el uso de la línea 089 y la posterior ratificación confidencial de las denuncias ante el Ministerio Público son herramientas indispensables. Solo mediante la integración de carpetas de investigación sólidas se podrá evitar que los extorsionadores recuperen su libertad y regresen a las calles a exigir el pago de un piso que, por derecho, le pertenece al trabajo honesto de los poblanos.