Por Ismael Rojas Cuéllar
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Puebla respaldó la inversión de 4 mil millones de pesos anunciada por Carlos Slim para el barrio de San Francisco, al considerar que el proyecto puede contribuir a recuperar una zona de la capital y generar actividad económica.
El presidente del organismo empresarial, Juan Pablo Cisneros Madrid, destacó que la llegada de Grupo Carso representa una oportunidad para aprovechar inmuebles que actualmente se encuentran sin uso y generar nuevos espacios habitacionales y comerciales.
El proyecto contempla alrededor de 700 departamentos, además de áreas comerciales, oficinas, espacios de entretenimiento y estacionamientos, con una intervención que se desarrollará por etapas.
Desde el sector empresarial también se ha puesto sobre la mesa el impacto que tendría la construcción en materia de empleo, pues se prevé la generación de mil 500 puestos de trabajo directos y alrededor de 2 mil 500 indirectos durante el desarrollo de las obras.
Cisneros Madrid señaló que uno de los puntos a considerar es que la vivienda que se genere pueda representar una alternativa para personas que trabajan en el Centro Histórico y buscan vivir cerca de sus centros laborales.
El respaldo del CCE ocurre mientras el proyecto genera distintas posturas entre autoridades y organizaciones. Algunos funcionarios han planteado dudas relacionadas con gentrificación, servicios públicos, movilidad y conservación del patrimonio, mientras que otros han defendido los beneficios económicos de la inversión.
Ante este escenario, el sector empresarial también ha planteado que el desarrollo debe mantener la identidad de los barrios tradicionales de la zona y evitar que la transformación urbana implique el desplazamiento de quienes actualmente habitan en San Francisco, Analco, El Alto y Los Remedios.
El proyecto de Grupo Carso deberá cumplir con las disposiciones aplicables para intervenir una zona vinculada al Centro Histórico de Puebla, por lo que también se encuentra bajo la atención de las autoridades encargadas de la protección del patrimonio.