Víctor de Regil
Puebla se encuentra en una encrucijada urbana. El proyecto del Cablebús, un sistema de transporte aéreo que planea desplegar cuatro líneas y 14.58 kilómetros de recorrido, ha encendido un debate que va más allá de la ingeniería: es una discusión sobre qué modelo de ciudad queremos construir. Con una inversión total proyectada que supera los 6 mil 700 millones de pesos, la obra avanza entre promesas gubernamentales de justicia social y severos cuestionamientos técnicos de la sociedad civil.
Por un lado, la postura oficial defiende el proyecto como una solución de vanguardia. El gobierno estatal argumenta que el sistema beneficiará directamente a unas 774 mil personas, reduciendo los tiempos de traslado en los viajes más largos de 100 a solo 44 minutos. Desde una perspectiva de equidad, el teleférico se presenta como un acto de justicia para las colonias periféricas históricamente olvidadas, prometiendo además gratuidad para estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad. Asimismo, las autoridades han modificado trazos originales para mitigar el impacto ambiental y aseguran contar con más de 70 estudios técnicos que respaldan su viabilidad.
Sin embargo, la óptica de urbanistas, colectivos ambientales y sectores ciudadanos es marcadamente distinta. El escepticismo no carece de fundamentos. Diversas organizaciones civiles han recurrido a juicios de amparo señalando una preocupante opacidad y falta de transparencia en la entrega de diagnósticos ambientales y financieros.
El cuestionamiento de fondo es si un sistema de cable —cuya capacidad máxima de demanda es menor a la de un transporte terrestre masivo— justifica una inversión de tal magnitud.
Críticos del proyecto señalan que Puebla adolece de problemas más urgentes en superficie, como la falta de articulación tarifaria con el sistema RUTA, el desorden de las rutas de microbuses y las deficiencias de infraestructura básica.
Elevar el transporte al cielo poblano no puede ser solo una decisión de infraestructura; debe ser una solución integrada. El éxito o fracaso del Cablebús no se medirá en el porcentaje de presupuesto ejercido, sino en su capacidad real para convivir armónicamente con el entorno ecológico y en demostrar que es una respuesta técnica a las necesidades de la población, y no un monumento a la planeación vertical. La movilidad es un derecho, pero la transparencia y la participación ciudadana también lo son.
A este panorama complejo se suma una preocupación legítima sobre la privacidad y la seguridad patrimonial de los habitantes. El trazo actual proyecta que las cabinas sobrevuelen los techos de miles de viviendas en colonias populares, lo que ha generado el rechazo de comités vecinales que acusan una invasión a su intimidad diaria. Además, persisten dudas técnicas sobre la coexistencia del cableado aéreo con la infraestructura de drenaje y los recurrentes problemas de inundaciones que sufre la capital poblana durante la temporada de lluvias, factores que los críticos exigen transparentar antes de consolidar las cimentaciones de las megatorres.
Al final, la viabilidad a largo plazo del Cablebús dependerá de su capacidad para articularse como un sistema verdaderamente metropolitano y no como una obra aislada. Si el gobierno logra disipar la opacidad, garantizar la seguridad de los vecinos y demostrar con datos abiertos que el beneficio social supera el costo ecológico, Puebla podría dar un salto hacia la modernidad sustentable. De lo contrario, el proyecto corre el riesgo de unirse a la lista de infraestructuras cuestionadas de la historia reciente del estado: un transporte costoso que mira a los ciudadanos desde las alturas, pero que no logra resolver sus problemas en la tierra.