
Victor de Regil
Blanca Adriana Vázquez, la mujer de 37 años que falleció tras someterse a una cirugía estética en Puebla, es una muerte que no debió ser, pue, todo indica, que fue víctima de chantajistas de la salud. Y es que, la necropsia ha arrojado que Vázquez un paro cardiorrespiratorio por el suministro de un exceso de anestésicos.
En días pasados, Antonio Martínez, quien es coordinador de Comunicación del Estado, dijo que la investigación correrá a cargo de las autoridades de Puebla, pues es donde ubica la clínica en la que Blanca se operó el pasado 18 de mayo, aunque su cuerpo, lamentablemente, fue encontrado tres días después en una zanja cerca de un río de Tlaxcala.
Como se sabe, Blanca acudió a la clínica para pedir informes sobre un procedimiento de reducción de grasa. Ya en el lugar, el personal del lugar la convenció para que se sometiera a la operación en ese momento. Florencio Ramos, su esposo, declaró que salió para comprar materiales médicos que le habían solicitado y que, cuando regresó, el inmueble estaba cerrado y nadie le contestaba el teléfono. Horas después, se difundieron las imágenes de las cámaras de seguridad del edificio en las que se observa cómo Diana Palafox, la presunta doctora, y otras dos personas, una de ellas su hijo Carlos Quezada, suben su cuerpo a un vehículo. Tras un cateo al establecimiento, el Ministerio Público local reveló que Palafox, la encargada del centro estético, no cuenta con una cédula profesional registrada.
De igual forma, Martínez afirmó que la gobernadora de Tlaxcala ha pedido que se refuercen las labores de inspección y vigilancia para que se identifiquen las sitios clandestinos que operan sin los permisos necesarios. La Clínica Detox, en la que murió Vázquez, fue clausurada por las autoridades días después de que se conoció la noticia de lo ocurrido. Samuel Aguilar, secretario de Gobernación, dijo entonces que se estaban tomando medidas contra los establecimientos irregulares. “Falta promover comunicación y advertir de las sanciones que pueden suscitarse con estas situaciones”, manifestó.
Ante esta tragedia, el Gobierno de Puebla anunció la semana pasada que han clausurado 24 establecimientos, dentro de los que se encuentran 15 consultorios y nueve clínicas, por encontrar irregularidades en su funcionamiento. De igual forma, Parra solicitó la intervención de la ciudadanía para denunciar los lugares sospechosos y que el Estado pudiera verificarlos. “Cuando se crea algún negocio y que quiere dar algún servicio en materia de salud y no solicita registro y no tiene licencia de funcionamiento, el Estado no puede entrar a revisar cualquier negocio así nada más porque sí”, sostuvo.
El caso de Blanva, desafortunadamente. es uno más en una larga lista de tragedias que reflejan la falta de control en permisos médicos. Recordemos como en 2024, también en Puebla, se supo de una abogada, Marilyn Cote, que se hacía pasar por psiquiatra y recetaba medicamentos controlados. En Nuevo León, una joven de 25 años murió por laceraciones en pulmones e hígado tras someterse a una cirugía estética. El supuesto médico no estaba certificado y no contaba con las credenciales necesarias para ese tipo de procedimientos.