Victor de regil
Entre marzo de 2025 y septiembre de 2026, el mapa político del estado de Puebla ha sufrido un sismo institucional sin precedentes. En un periodo de apenas 18 meses, la Fiscalía del Estado, en coordinación con fuerzas federales como el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, ha capturado a ocho presidentes y expresidentes municipales en funciones. Las acusaciones en su contra rompen con el clásico esquema del desvío de recursos públicos; hoy, los expedientes judiciales incluyen cargos de feminicidio, delincuencia organizada, extorsión, agresiones sexuales y narcotráfico.
Esta ofensiva judicial ha dejado al descubierto la fragilidad institucional en diversas regiones de la entidad, obligando al Congreso del Estado a intervenir de emergencia para nombrar Concejos Municipales y garantizar la gobernabilidad de los ayuntamientos descabezados. La crisis también ha salpicado de forma directa a los partidos políticos, particularmente a Movimiento Ciudadano, fuerza política que impulsó las candidaturas de la mitad de los ediles hoy tras las rejas.
El punto de partida de esta purga institucional ocurrió en marzo de 2025, mediante un operativo simultáneo de alto impacto desplegado por la FGE en la zona oriente del estado. La acción derivó en la captura de tres hermanos que controlaban políticamente una región clave de Puebla, gobernando tres demarcaciones vecinas.
El primero en caer fue Uruviel González, edil Ciudad Serdán. Uruviel, una figura de peso político regional, fue imputado por operaciones con recursos de procedencia, asociación delictuosa y la portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército. Paralelamente, las autoridades detuvieron a su hermano, Giovanni González, presidente municipal de Tlachichuca, a quien se le vinculó con el delito de encubrimiento tras hallar indicios de su presunta participación en la recepción y resguardo de mercancía robada a transportistas en las carreteras federales de la zona.
El círculo familiar se cerró con la aprehensión de Ramiro González, entonces alcalde de San Nicolás Buenos Aires. Ramiro fue detenido inicialmente por delitos contra la salud al encontrársele en posesión de sustancias ilícitas. Aunque su defensa legal logró una orden de liberación temporal por inconsistencias en el arresto inicial, agentes ministeriales lo reaprehendieron a las pocas horas bajo nuevos cargos penales, desmantelando por completo la estructura de poder de dicha dinastía familiar.
Al iniciar 2026, la Fiscalía poblana extendió sus brazos operativos fuera del territorio estatal. En febrero de ese año, mediante un convenio de colaboración con el estado vecino de Tlaxcala, fue capturado Gerardo Cortés, edil de Cuautempan. Cortés se encontraba prófugo de la justicia desde mayo de 2025, tras ser señalado de liderar una red delictiva dedicada al secuestro y a la extorsión de comerciantes locales en la Sierra Norte de Puebla.
Sin embargo, el caso que generó mayor indignación social ocurrió en junio de 2026. Álvaro Tapia Castillo, presidente municipal de Acteopan, fue detenido y formalmente imputado por el delito de feminicidio. De acuerdo con las investigaciones ministeriales, Tapia Castillo presuntamente golpeó y atropelló intencionalmente con un vehículo oficial a su propia esposa, María Elianet Sandoval Castillo, quien se desempeñaba como presidenta del Sistema DIF Municipal. El edil huyó del lugar del crimen, pero fue localizado y arrestado semanas después tras un riguroso seguimiento de inteligencia.
A mediados de agosto, Juan Pérez Moral, alcalde de Tianguismanalco, fue aprehendido en la comunidad de Buenavista y vinculado a proceso inmediato por su presunta responsabilidad en la comisión de un delito de índole sexual, sumando una raya más a los escándalos que arrastraba su administración en materia de seguridad.
La crisis alcanzó su punto álgido durante los primeros días de septiembre de 2026, con dos detenciones ejecutadas de forma consecutiva. La primera se registró a inicios de mes, cuando agentes de la FGE detuvieron a Said de Jesús Godos Luna, presidente municipal de Tepeyahualco. A Godos Luna se le fincaron cargos por abuso de autoridad, cohecho e incumplimiento de un deber legal, luego de que auditorías estatales detectaran un desfalco financiero generalizado y el uso de la fuerza pública local para amedrentar a opositores políticos.
Finalmente, la madrugada del domingo 7 de septiembre de 2026, un megaoperativo militar sacudió al municipio de Esperanza. Elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía Estatal ejecutaron una orden de cateo en una propiedad residencial, logrando la captura del alcalde Isaac N. La detención ocurrió apenas unas horas después de que el funcionario encabezara un acto público en el municipio. Hasta el momento, las autoridades mantienen bajo reserva los delitos específicos que motivaron el cateo, aunque fuentes policiales apuntan a vínculos directos con células de la delincuencia organizada que operan en los límites de Puebla y Veracruz.