
Por Ismael Rojas Cuellar
La desaparición de 10 jóvenes en Puebla, presuntamente reclutados mediante una falsa oferta laboral como guardias de seguridad, volvió a generar tensión y cuestionamientos hacia las autoridades municipales de Amozoc, luego de que familiares de una de las víctimas señalaran presuntos vínculos del alcalde Severino de la Rosa Romero con el caso.
Ante las acusaciones, el ayuntamiento de Amozoc emitió un pronunciamiento en el que rechazó categóricamente cualquier relación del actual edil, así como de su antecesor, José Cruz Sánchez Rojas, con el reclutamiento de personas para fines desconocidos.
Los hechos ocurrieron en agosto de 2025, cuando un grupo de jóvenes acudió a una supuesta entrevista de trabajo; sin embargo, desde entonces se perdió comunicación con ellos y hasta ahora no existe claridad sobre su paradero.
En el comunicado oficial, el gobierno municipal aseguró que desde el primer momento brindó colaboración y facilidades a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla para contribuir al esclarecimiento de los hechos y al desarrollo de las investigaciones.
No obstante, familiares de Misael Romero, uno de los hombres que continúa sin ser localizado, acusaron públicamente al presidente municipal morenista de presuntamente estar involucrado en el esquema mediante el cual los jóvenes habrían sido engañados.
De acuerdo con los testimonios, el hombre de 30 años logró comunicarse con sus familiares el mismo día de su desaparición para informar que había sido aceptado en el empleo al que aplicó como guardia de seguridad.
Desde entonces, sus parientes han denunciado diversas irregularidades en el proceso de investigación. Entre ellas, señalaron presuntas negativas de la Fiscalía para permitirles acceso al expediente y la suspensión de operativos de búsqueda en campo desde el año pasado.
Aunque la FGE realizó posteriormente acciones de búsqueda y anunció la supuesta localización de los 10 jóvenes desaparecidos, familiares aseguran que dicha versión nunca pudo comprobarse plenamente, por lo que mantienen dudas sobre el avance real del caso.
Además, acusaron que presuntamente desde el ayuntamiento de Amozoc existirían obstáculos para continuar con las investigaciones; sin embargo, horas más tarde, la administración municipal aclaró que no tiene ningún tipo de injerencia en las diligencias ministeriales.
A casi un año de los hechos, el caso continúa rodeado de incertidumbre, mientras familiares exigen avances concretos y la reactivación inmediata de las labores de búsqueda.