Victor de Regil
A lo largo del año 2026, el servicio de agua potable en la capital poblana y su zona conurbada ha alcanzado uno de sus puntos más críticos desde que se otorgó la concesión al consorcio Agua de Puebla para Todos. Lejos de consolidar el modelo de privatización como una solución de eficiencia, los últimos meses han estado marcados por comparecencias legislativas ríspidas, fallas operativas estructurales, el colapso de la infraestructura pluvial y un creciente descontento social que se refleja en una cartera vencida histórica y en denuncias por la mala calidad del líquido suministrado.
La evaluación técnica, comercial y política de la empresa durante este periodo evidencia que la metrópoli enfrenta un desabasto crónico disfrazado de problemas de distribución, donde el ciudadano común paga tarifas elevadas por un recurso escaso, de baja calidad y administrado bajo un esquema institucional severamente cuestionado.
El eje central del debate político y social en 2026 se concentró en el Congreso de Puebla. Tras una serie de presiones ciudadanas y auditorías preliminares, los directivos de la Soapap comparecieron ante el Poder Legislativo. Los resultados presentados fueron contundentes: Agua de Puebla incumplió 22 de los 31 indicadores de desempeño obligatorios establecidos en su título de concesión.
Entre las faltas más graves se detectaron deficiencias en la presión de la red, retrasos en la expansión de la infraestructura hacia colonias marginadas y la opacidad en la aplicación de las inversiones prometidas. A pesar de que estos datos técnicos justificaban jurídicamente el inicio de un proceso de rescisión del contrato, las autoridades estatales y legislativas determinaron que las omisiones «no eran causales legales suficientes» para revocar la concesión. Esta resolución provocó una fuerte indignación entre colectivos sociales y defensores del derecho humano al agua, quienes acusaron la existencia de un blindaje político que prioriza los intereses de la empresa privada por encima del bienestar de más de 1.5 millones de usuarios.
En el aspecto técnico, el panorama no es menos alarmante. Durante el primer semestre de 2026, la dirección general de la empresa admitió que el 41% del agua potable que se produce en las fuentes de abastecimiento se pierde antes de llegar a las tomas domiciliarias. Este desperdicio masivo se divide en dos vertientes principales: un 21% corresponde a ineficiencias comerciales, fugas no atendidas en una red de distribución obsoleta y fallas estructurales; el 20% restante es atribuido al fenómeno del «huachicol de agua» o tomas clandestinas.
Mientras la infraestructura de la ciudad padece este desangre continuo, cerca de 500 colonias de la periferia sufren de escasez severa, recibiendo el suministro mediante tandeos de apenas una o dos veces por semana, a menudo durante la madrugada y con presiones insuficientes para llenar cisternas. La paradoja de producir agua para que casi la mitad se pierda en el subsuelo o en el mercado negro pone en entredicho la capacidad de planeación e ingeniería de la concesionaria.
La temporada de lluvias de mediados de año desnudó el abandono de la infraestructura de alcantarillado. Las principales vialidades de la capital poblana, incluyendo el Bulevar 5 de Mayo, la Vía Atlixcáyotl y la Avenida Margaritas, sufrieron inundaciones históricas que
paralizaron la movilidad urbana y dañaron el patrimonio de comercios y viviendas. Ante la emergencia, el Congreso del Estado emplazó a la firma tras revelarse que la empresa no ha renovado de forma integral sus equipos de desazolve en casi doce años, operando con maquinaria vieja e insuficiente para una metrópoli en constante crecimiento vertical.
Aunado al colapso pluvial, la relación de la concesionaria con el Gobierno del Estado sufrió una ruptura institucional debido a la falta de planeación de sus cuadrillas técnicas. El Ejecutivo Estatal ordenó la aplicación de sanciones económicas y denuncias formales en contra de Agua de Puebla, luego de que la empresa rompiera de manera negligente tramos de pavimento y concreto hidráulico que apenas habían sido inaugurados o rehabilitados por la administración pública. Este comportamiento obligó a la imposición de un estricto calendario de obras supervisado para frenar el deterioro de las vialidades.