Jorge Marcelino Alejo
Si el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios –IEPS- subsidia a las gasolinas, puede llegar el día en que el Impuesto Sobre la Renta –ISR- o el Impuesto al Valor Agregado –IVA- subsidie al agua potable.
Cinco meses atrás nadie juraría que el IEPS estaría subvencionando a las gasolinas, pero el incremento de sus precios como repercusión de la guerra Rusia-Ucrania, lo hizo inevitable.
Decir ahora que un impuesto subsidie los costos del agua potable, es hablar de lo poco o nada probable. De hecho si se cuestiona a las autoridades fiscales sobre si el ISR o el IVA subsidiarán al agua potable, las respuestas serían de una opción improcedente.
Sin embargo y tal vez sin proponérselo, hacia ese propósito empuja la mayor presión inflacionaria que se dará con la propuesta del SOAPAP, de incrementar las tarifas del agua en el 4 % a los estratos sociales de menores ingresos, y del 7.6 % para al resto de los niveles como la tarifa comercial e industrial. Argumenta que su propuesta impide ajustes exagerados a la realidad económica de las familias y los negocios, eso sí, considera ajustes cada tres meses en función de la inflación trimestral registrada.
Por eso se alzaron voces en protesta como la del ex director del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Francisco Castillo Montemayor, quien conoce las tripas del SOAPAP, y del defensor de los derechos del agua Omar Jiménez Castro. Coinciden en lo irracional que es subir las tarifas del agua porque afectará la economía hogareña. Más del 50 % de las familias NO tienen dinero ni para la canasta básica.
Y tienen razón, porque sean de “menores ingresos” o incluso sin ellos, todas las familias necesitan por igual el agua pero no todas podrán pagar las nuevas tarifas. El Soapap reconoce que ha realizado condonaciones.
Lo procedente entonces no es atizar la inflación – ronda el 8 %- con más incrementos. Pero desafortunadamente ahí está el Congreso Local que seguro aprobará la propuesta como actualizó tarifas de honorarios a los notarios, cuya Ley estaba desfasada cuatro décadas. Igual procede el Cabildo en el Gobierno Municipal para autorizar parquímetros e infracciones viales con cuantiosas cifras en pesos e insiste en el Derecho del Alumbrado Público.
Con el aumento de tarifas al 4 y 7.6 %, con la presión inflacionaria que generará, y con el riesgo de que con impuestos se subsidien los costos del agua, queda la duda de si preparan el escenario para que la desprivatización del agua sea rentable en las campañas electorales, o solo captarán más dinero con la promesa de ofrecer mejor calidad y mejor servicio del agua.
M E M O R A N D U M
OBRA PÚBLICA
Como que se están saliendo de control las diferencias políticas entre el gobernador Miguel Barbosa y el líder de la bancada Morenista en la Cámara Baja, Ignacio Mier Velasco. La denuncia de éste último en contra del primero, donde involucra al senador Alejandro Armenta y al fiscal Gilberto Higuera, entre otros, es de los primeros guantazos que se tiran en el nuevo round.
Será por eso que se desatienden pendientes como allegar financiamiento accesible a la planta productiva, para rescatar a empresas que perdieron equilibrio financiero en la pandemia. O que se estuviera generando derrama económica en obra pública diversa, para ampliar la infraestructura industrial, carretera, comercial, de salud, turística.
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